La juez no cree que Almeida pudiera detectar la estafa y archiva la denuncia contra él por las mascarillas

La juez Josefa Bustos no encuentra indicios de ningún hecho que pueda ser "constitutivo de infraccion criminal" en las decisiones adoptadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en relación con el pelotazo con material sanitario que ya se investiga respecto de los comisionistas Luis Medina y Albero Luceño. Así lo señala en un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que exonera de cualquier responsabilidad al primer edil y rechaza que pudiera detectar la estafa o tuviera el deber de denunciar lo ocurrido.

La querella había sido presentada por un particular, del abogado Fernando Pamos de la Hoz, por un delito omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) por no haber denunciado en su momento la presunta estafa. 

El denunciante considera que Martínez-Almeida, en su doble condición de funcionario (es abogado del Estado) y autoridad, debería haber denunciado los hechos con independencia de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 tras ser advertida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

A este respecto, la juez Bustos señala que "si la Fiscalía, Ministerio competente para perseguir lo delitos, necesitó la incoación de diligencias de investigación para comprobar la existencia de indicios de criminalidad, no resulta procedente la exigencia al responsable del Ayuntamiento de poner en marcha acciones penales con carácter previo a dicha comprobación". Dichas acciones, a su juicio, "hubieran resultado precipitadas y carentes de sustento indiciario".

NO LE ERA EXIGIBLE CONOCER LOS PRECIOS

Añade en su auto que al alcalde no le es exigible haber podido detectar, con anterioridad a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, la presunta comisión de los que se investigan en otro juzgado por el magistrado Adolfo Carretero. Tampoco se le puede reclamar que conociera de forma minuciosa los precios de mercado de material adquirido por el ente público que dirige, "máxime en una situación excepcional de emergencia y necesidad, que motivó tal adquisición como consecuencia de la pandemia sufrida".

A la ausencia de este requisito se añade, según la juez, el término "intencionadamente" que recoge el artículo 408 del Código Penal que se le imputa, y que "precisa una omisión maliciosa, no como simple intención de no perseguir, sino como intención buscada de propósito para que el delito quede impune".

También dice la juez que de la lectura de la querella se constata que el ente público reclamó al intermediario en esta operación la rebaja del precio pactado en uno de los artículos adquiridos al comprobar que se vendían al público a precio inferior. "Con ello se evidencia la finalidad del Ayuntamiento de no abonar un sobreprecio sobre los productos adquiridos", apunta.

La estrategia del letrado, según explicó a este diario, pasaba porque el caso pudiera llegar a Carretero, titular del Juzgado número 47, que ya tiene abiertas las diligencias por este asunto. En todo caso, ahora no tiene previsto recurrir el archivo.

NO HAY RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el juez que investiga el pelotazo obtenido por Luis Medina y Antonio Luceño tampoco encuentra trascendencia penal en la conducta de los responsables municipales. En uno de sus últimos autos afirma que "no existe hasta el momento ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento" en la actuación de la jefa de compras, Elena Collado, para citarla en calidad de imputada.  

"Más bien, al contrario, fue engañada por los comisionistas", apunta el juez, para añadir que éstos le ocultaron el importe de sus comisiones (que casi alcanzaron los 6 millones de euros), que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada y también mintieron sobre su relación con la empresa de Malasia Leno, de la que dijeron ser agentes exclusivos. Por esta razón, descarta llamarla en calidad de investigada, si bien la cita para el próximo 27 de mayo pero como testigo.