El PNV plantea un cambio legislativo para obligar al CNI a precisar si usa medios como Pegasus

El PNV va a registrar durante la jornada de este martes o durante la del miércoles una proposición de ley para cambiar la normativa que regula las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una de las principales novedades por las que abogará el grupo vasco consistirá en que haya un control judicial colegiado anterior a la petición de las actuaciones, lo que cambia ostensiblemente el modelo actual, ya que ahora dicho control depende de un juez del Supremo o de su suplente. Los nacionalistas vascos pedirán que haya tres jueces para respaldar la solicitud y que los tres se pronuncien con unanimidad.

Además, el PNV planteará un control judicial posterior, de manera que cuando acabe el plazo de la actuación ya autorizada y siempre que se postule una prórroga de la misma, los jueces tendrán que dar un nuevo aval.

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El anuncio lo ha hecho el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, en rueda de prensa. Se trata de la respuesta del Partido Nacionalista Vasco al escándalo causado por los casos de espionaje hechos a dirigentes independentistas y al presidente del Gobierno, entre otras autoridades y personalidades. También es la contestación a las sugerencias hechas estos días pasados por representantes del Ejecutivo, quienes ante las protestas de los grupos políticos por el funcionamiento del CNI, invitaron a la presentación de iniciativas legislativas que modificaran el marco normativo.

Máximas garantías

Esteban ha explicado que al no haber doble instancia a la que recurrir la decisión del juez del Tribunal Supremo que autoriza, hay que dotar al modelo de las máximas garantías procesales, y eso pasaría por la implantación de un sistema de control más exhaustivo antes de que el CNI proceda a hacer seguimientos. Según su propuesta, habría tres jueces, no uno, y la unanimidad es requisito indispensable.

Asimismo, a estos tres jueces el CNI deberá detallar los medios que va a usar y "el nivel de intromisión" que suponen. No valdría la mención a "medios genéricos", en palabras del portavoz nacionalista. Igualmente, en el escrito en el que se pide autorización tiene que figurar con concreción el grado de incidencia en derechos fundamentales. Tal y como ha explicado el portavoz, "se hace muy difícil pensar que un juez, con el conocimiento exacto de lo que significa Pegasus, que puede controlar la intimidad de una persona, lo autorice tan fácilmente".

El PNV, pese a todo, cree que el control judicial debe reforzarse no sólo para la autorización, sino también una vez hechas las actuaciones. Por tanto, el grupo vasco quiere que cuando acaben los permisos de tres meses, las eventuales prórrogas de las mismas que solicite el director o directora del CNI deberán especificar el grado de ejecución hecho hasta entonces. Ello permitirá a los jueces dilucidar si lo hecho se ha adecuado a lo autorizado. Será, como ha dicho Esteban, un "control ex post".

Más control político

El grupo nacionalista vasco en el Congreso, por otro lado, quiere que el nombramiento del máximo responsable de los servicios de inteligencia españoles dependan del presidente del Gobierno, es decir, que la elección sea suya.

El Congreso también hará su papel. Controlará las actuaciones del CNI por medio de la comisión de gastos reservados, la que hace poco se creó en la Cámara tras tres años in ver la luz. Una resolución de la Presidencia del Congreso, como ya ocurre, se encargará de tipificar las nuevas reglas de funcionamiento del órgano parlamentario. Entre ellas, el acceso de los diputados a la información sobre los medios que el Centro Nacional de Inteligencia usa en sus seguimientos y espionaje.