El teléfono contra el suicidio ha llegado, pero nadie se acuerda de la ley de salud mental

Cuatro hitos y cuatro fechas sobre lo que han hecho la clase política y la administración para reforzar la salud mental de la ciudadanía mediante mensajes, debates y políticas públicas.

El 21 de marzo de 2021, el líder de Más País, Íñigo Errejón, preguntó al presidente, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso por las medidas y planes que tenía previstos y pidió, acto seguido, dos compromisos: la actualización de la estrategia nacional y el aumento del número de psicólogos contratados por la sanidad pública. Un diputado del PP le gritó "vete al médico" y entonces Errejón se convirtió en adalid de la batalla, hasta el punto de que su participación en la campaña electoral del 4-M en la Comunidad de Madrid giró sobre dos ejes: el uso del tiempo y sí, la salud mental. Más Madrid rebasó al PSOE y quedó segundo en los comicios.

El 28 de septiembre de 2021, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendió ante el pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley sobre salud mental. La propuesta fue admitida gracias a 194 votos a favor de la tramitación. Aquella tarde, el diputado de los "morados" dijo: "La magnitud del problema es terrible y, aunque los números parezcan fríos, hay que recordar que detrás de ellos hay una enorme cantidad de dolor humano. Sin embargo, y por eso estamos aquí hoy presentando esta ley, el despliegue de recursos y legislación que el problema exige, lamentablemente, brilla por su ausencia". Añadió: "Las instituciones públicas no han estado a la altura de este problema".

Poco después, el 9 de octubre de 2021, en el palacio de la Moncloa, Sánchez presentó un Plan de Acción sobre salud mental y lanzó un mensaje que no era nuevo dentro de la esfera pública, pero que sí sonó a novedad en boca de la máxima autoridad del Gobierno. Formuló la siguiente reflexión: "¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos sentimos en plenitud? El bienestar no es fácil de lograr y para algunas personas es casi imposible. Deberíamos aspirar a eso desde los poderes públicos (...) La sensación de falta de control, tristeza, desesperanza, soledad... Son sentimientos que forman parte de la vida, pero no deberían ser la norma para nadie ni sufrirse en silencio. Es importante pasar del silencio al debate, y del debate a la acción".

El 10 de mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad puso en marcha el 024, un número de teléfono para la atención de conductas suicidas. Es una de las medidas de la nueva Estrategia de Salud Mental, aquella cuya actualización demandó Errejón hace más de un año y por la que el presidente abogó hace siete meses. Su dotación presupuestaria alcanza los 100 millones y se sustenta en seis pilares, entre ellos el refuerzo de la plantilla de psicólogos. El ratio de profesionales especializados por cada 100.000 habitantes es en España sensiblemente inferior a la media de la Unión Europea. Otros cimientos de la Estrategia se refieren a la formación, la sensibilización y la prevención, básicamente.

En estos cuatro hitos aparecen dos grandes apuestas políticas: la Estrategia Nacional y la ley. La primera ha visto la luz esta semana. La segunda se ha sumido en el olvido. Fuentes parlamentarias consultadas por el EL PERIÓDICO DE ESPAÑA reconocen que desde que se admitió a trámite, hace siete meses, no se ha producido ni siquiera un amago de desbloqueo.

Lo que propone una ley escondida

La norma, que Unidas Podemos trabajó durante mucho tiempo mediante consultas y reuniones, fue presentada con ambición política y con sensibilidad con una problemática que Íñigo Errejón, en parte por mérito propio y en parte por mérito de ese diputado del PP que luego se disculpó, había conseguido instalar en la opinión pública, ya sin cortapisas y cada vez con menos pudores.

La redacción abarca numerosos ámbitos; es bastante completa. Perfila el territorio en el que aplicarse, el de los poderes públicos, y define los principios motivadores, como el derecho al bienestar o a una atención integral sanitaria, sin discriminaciones de ninguna clase. Asimismo, acota conceptos, el del suicidio y dicha atención integral, sin ir más lejos, y otorga un enfoque prioritario al género, y en consecuencia, a la lucha contra las violencias machistas.

A continuación, despliega el catálogo de derechos y una serie de epígrafes para blindar la atención a los grupos más vulnerables, a la infancia y a las mujeres.

En los capítulos destinados a la implantación y fomento de políticas públicas, Unidas Podemos hace hincapié en la prevención, en la formación y en la sensibilización, pero también en la cuestión clave: la plantilla. Así, establece unos ratios mínimos de psiquiatras, psicólogos y enfermeros especialistas en salud mental, así como de profesionales de los servicios sociales: 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Es más o menos la media europea. Actualmente, en España, hay seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes, 10-11 psiquiatras y 10-11 enfermeros.

La prevención y atención de las conductas suicidas ocupa un capítulo específico, al igual que las personas afectadas especialmente por el covid y las repercusiones sociales o económicas que le hayan podido causar, no solamente en su salud. Es sabido que las restricciones han hecho mella en la sociedad, emocional y psíquicamente.

La gobernanza de las políticas y medidas públicas se efectuarán sobre la base de una estrategia nacional y la ejecutará un organismo específico. Gobernanza que abarca varios campos, algunos relevantes, como al que alude la disposición final primera. A raíz de un añadido a la ley de prevención de riesgos laborales, obliga al empresario a adoptar "las medidas de prevención, vigilancia y control necesarias para garantizar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, realizando de forma regular, reglada y conocida (...) las evaluaciones de riesgos psicológicos y sociales relacionados con cada puesto". En este sentido, defiende la promoción y cumplimiento efectivo de la desconexión digital.

Lo que dijeron sus señorías

En líneas generales, la proposición de ley de Unidas Podemos fue bien recibida, pero las críticas se dejaron notar. El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, dio con una especialmente significativa: en la legislatura XII, con gobierno del PP, Unidas Podemos presentó un texto muy parecido que decayó porque las Cortes se disolvieron sin que diera tiempo a hacer nada con la propuesta. También reprochó el "galimatías" competencial al que, a su juicio, encaminaba la ley.

Desde la CUP, Albert Botran alabó la iniciativa, pero pidió que, en paralelo, se reforzaran áreas sensibles en la salud mental de los ciudadanos. "Sí son necesarios más psicólogos y psiquiatras, pero también más derechos, más condiciones materiales y más reparto del trabajo y de la riqueza", proclamó. En el PNV incidieron en la vía legislativa elegida, la de la proposición de ley, pero no para adherirse, sino para reprobarlo. El combate contra la falta de salud mental ha de librarse dentro de las normas que regulan el sistema nacional de salud, y derivado de ello, de las que imperan en los marcos autonómicos respectivos, afirmó ese día su diputada.

En Cs, otro de los grupos que con más ahínco está proponiendo medidas e impulso público a la salud mental a través de su representante Guillermo Díaz, se compartió la iniciativa, al igual que el PSOE y Más País, la formación de Íñigo Errejón. Él no intervino, sino que lo hizo su compañera de bancada, Inés Sabanés, quien concluyó así su intervención: "Vamos a votar a favor de esta proposición, pero estamos en emergencia y, una vez más, llegamos tarde en un problema muy urgente. Esto debería estar ya en el Boletín Oficial del Estado o, al menos, se debería traer como acuerdo del Consejo de Ministros. No obstante, si se aprueba, nosotros vamos a trabajar en esta proposición y esperamos que el Gobierno de coalición la marque como una de las prioridades más importantes, porque lo es".

Este debate sucedió en el Congreso, cabe repetirlo, el 28 de septiembre de 2021.