El acuerdo entre PSOE y PP para reformar la ley de seguridad nacional se abre paso en el Congreso

En el Congreso, por un lado, está la retórica; por otro, la política. Este pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usó la palabra "mangantes" para referirse a excargos del PP. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, le acusó de "deteriorar" las instituciones y de ser un mandatario débil por sus cesiones a ERC y EH Bildu. Es fácil deducir que con un ambiente así de áspero los puentes están rotos, pero no. O no del todo. Una demostración se ha producido este jueves en la Cámara Baja: el Partido Popular va a favorecer la tramitación del proyecto de reforma de ley de seguridad nacional, lo que despeja el camino al acuerdo entre las dos principales formaciones políticas españolas.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA informó este miércoles de que las expectativas del PSOE para que dicha ley tuviera futuro descansaban y descansan en el PP. Es cierto que en la dirección parlamentaria socialista no tenían conocimiento del voto del grupo que dirige Gamarra. Lo han tenido poco antes de la votación de las enmiendas a la totalidad, lo que certifica que la estrategia de los populares, al menos en el Congreso, consiste en esconder las cartas hasta el final, sabedores de que las relaciones entre PSOE y sus aliados de izquierdas no atraviesan su mejor momento. No están rotas, ni mucho menos, pero sin duda no atraviesan su mejor momento.

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Se vio hace un par de semanas, cuando el pleno tuvo que convalidar el decreto del Plan Nacional de respuesta a los efectos económicos provocados por la guerra de Ucrania. El PP ocultó el voto hasta que lo anunció EH Bildu: dijo entonces que lo rechazaría. No frustró el decreto porque con los cinco de los diputados vascos estaba salvado. Fue una muestra clara de lo que los populares están poniendo en práctica.

Fuentes del PP, no obstante, indicaron a este medio que salvo un cambio de criterio inesperado, el grupo no se iba a oponer a la tramitación en el Congreso de un proyecto que ven necesario. Lo que el Gobierno propone en la reforma es la creación de una reserva de bienes estratégicos, es decir, un catálogo de productos clave que dispensar a los ciudadanos con total garantía en caso de contextos extremos, como una pandemia similar o peor que la del coronavirus o un conflicto bélico. El presidente avanzó sus planes y su intención de acelerarlos a primeros de marzo, cuando compareció para explicar las consecuencias que provocaría la invasión de Rusia. El Ejecutivo hizo, acto seguido, un primer sondeo en la oposición.

ERC respondió días más tarde con la presentación de una enmienda a la totalidad y el registro de un texto alternativo, lo que en la dinámica parlamentaria significa rechazo sin matices. En el texto de la enmienda, Esquerra se expresa con dureza contra una norma que cree que invade el ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña. Además, acusa al Gobierno de, con su afán recentralizador, contemplar incluso la opción de controlar los Mossos d'Esquadra.

El lenguaje de la formación catalana anticipaba posiciones parecidas en otras organizaciones nacionalistas e independentistas, y consciente de ello, el PSOE se fijó en el PP, y en menor medida, en Cs, para divisar el horizonte parlamentario de la norma. La dirección popular no dio señales de rechazo, pero se ha estado moviendo al respecto sin claridad. Este jueves, en el Congreso, Gamarra despejó la incertidumbre y anunció el voto en contra de su grupo a las enmiendas a la totalidad, y ello a pesar de "los insultos" del presidente. "Somos un partido de Estado", ha asegurado antes de recalcar que esa reforma de la ley de seguridad nacional plantea un escenario que respalda.

Habrá más noes a la devolución del proyecto que síes, y por tanto, el trámite continuará. El PSOE quiere un trámite rápido; el PP, preguntado por ello, prefiere ser más cauto.