CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El PSOE confía en el PP para salvar la ley de seguridad nacional pese a la brecha abierta por el CNI

  • Aunque el PP se ha encerrado en el secretismo, el PSOE espera que apoye la tramitación de una ley que Sánchez considera prioritaria

  • En el grupo popular dan por hecho que las enmiendas de devolución del proyecto, a debate el jueves, serán rechazadas y habrá trámite

  • En mitad de la polémica, Más País propone más transparencia a la hora de clasificar información delicada

Cuca Gamarra y Jaime Olano en el Congreso.

Cuca Gamarra y Jaime Olano en el Congreso. / DAVID CASTRO.

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"No llega en buen momento". Así se ha referido el líder de Más País, Íñigo Errejón, al debate que tendrá lugar el jueves que viene en el Congreso, sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de seguridad nacional. Cuando dijo esas palabras, en la sala de prensa de la Cámara, no había trascendido la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, pero el ambiente político generado por el espionaje con el sistema Pegasus estaba y está caldeado.

Es cierto que los tonos han reducido el volumen. Basta con comparar lo que afirmó Gabriel Rufián hace una semana y lo que ha afirmado este martes. De advertir de riesgo de quiebra de la legislatura a defender el diálogo con una expresión como ésta: "Pierde quien se levanta de la mesa". Ahora bien, a la tensión creada por las infecciones de los móviles de personalidades como Pere Aragonès hay que añadir la derivada de la gestión que de la crisis ha hecho el Ejecutivo, culminada con el relevo en el mando del CNI. Al PP no le ha gustado nada, tal y como ha manifestado su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En el escenario legislativo actual se han mezclado los siguientes ingredientes, en una combinación de voluntad política y casualidad. Por un lado, la polémica sobre una de las entidades más importantes en la defensa de la seguridad de las autoridades, a cuyo punto álgido se ha alcanzado con la destitución de Paz Esteban; por otro, la apuesta por una reforma de la ley de seguridad nacional; además, la inestabilidad parlamentaria, el enfado de ERC (quizá remitiendo) y las suspicacias del Partido Popular. En otras palabras: el Gobierno tiene que salvar el jueves la solicitud de Esquerra para que el Congreso devuelva al Consejo de Ministros la reforma de la normativa sobre la seguridad del Estado. Conseguirlo depende del PP en gran medida. El PSOE cuenta con ello, al menos a priori.

Fuentes parlamentarias populares señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "casi con toda seguridad" el grupo de Cuca Gamarra no apoyará ni la iniciativa de ERC ni la del Grupo Plural, que también ha pedido rechazar la tramitación. La intención del PP es escuchar la llamada del Gobierno o del PSOE cuando se produzca. Llamada encaminada a abrir un puente de diálogo que permita que la norma arribe a buen puerto.

En el grupo popular, sin embargo, esconden si esa predisposición es un acercamiento al respaldo. "Habrá que hablar primero", puntualizan. En el PSOE reconocen que durante las últimas semanas es difícil conocer los planes del PP, al que ven cada vez más críptico. La interlocución entre las direcciones parlamentarias no se ha paralizado, pero ésta no se traduce en certezas. Pasó con el decreto del Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania, que la dirección socialista supo que se convalidaría cuando EH Bildu anunció su apoyo, no cuando lo anunció el PP, poco después. En la cúpula de Alberto Núñez Feijóo el manejo de los tiempos consiste, esencialmente, en llegar hasta el final, incluso más allá.

Con ERC no

A primeros de marzo, durante el debate celebrado en el Congreso sobre los efectos de la guerra de Ucrania, antes incluso de la aprobación del decreto citado, Sánchez anunció la aceleración de la reforma de la ley de seguridad nacional para crear una reserva de bienes estratégicos que garantizara su dispensación a los ciudadanos, siempre en caso de tesituras extremas como pandemias o conflictos bélicos.

Según publicó este medio, el Gobierno sondeó a la oposición para testar su disposición. Encontraron una puerta abierta en el PP y otra casi cerrada en ERC. El proyecto reside actualmente en la Comisión Constitucional, en donde espera que se desatasquen las prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas.

La espera se ha alargado porque el Grupo Plural y Esquerra han pedido que no haya tramitación. Es la manera con la que el partido de Rufián ha transmitido al Gobierno que de esta ley no quiere saber nada. En la enmienda a la totalidad, a cuyo texto ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, lo dejan muy claro: "Lo que esta modificación acaba suponiendo, una vez más, es la alimentación de la recentralización de competencias y la invasión de competencias" de algunas comunidades autónomas.

La lectura que formula ERC, si esta ley se aprueba y sobreviene una crisis que obligara al uso de esa reserva de bienes y servicios estratégicos, se sostiene sobre la premisa de "la intervención unilateral de recursos autonómicos", que podría incluso alcanzar "la intervención de derechos fundamentales sin el amparo de una ley orgánica". 

La propuesta de elaboración de catálogos de recursos locales y autonómicos, integrados a la postre en el catálogo nacional, carece de "cobertura normativa", añade la formación independentista, para la que el texto apunta a que el Consejo de Seguridad Nacional podría dirigir los Mossos d’Esquadra en caso de crisis graves, "quedando los órganos autonómicos relegados a unos simples transmisores de órdenes" y "en una clara sumisión a la dirección estatal".


/ epe

Además de la petición de devolución, ERC ha registrado para su debate en el pleno un texto alternativo, en el que endurece el tono. Indica que la inclusión en el ordenamiento legislativo del concepto de seguridad nacional conlleva "efectos devastadores" para la distribución de competencias relacionadas, lógicamente, con la seguridad. Recalca que en Cataluña y en Euskadi existen policías autonómicas, a las que el planteamiento de la ley menoscaba por cuanto, si efectivamente se produce una pandemia como la que se inició en 2020 u otra peor, pasarían a depender de la Presidencia del Gobierno.

El triple test por el que aboga Más País

El "no" de ERC anticipa otros. EH Bildu comparte más o menos el diagnóstico que hace el partido catalán. En el PNV actúan todavía con sigilo. A los nacionalistas vascos no agrada ese aroma a poder total que recaería en la Presidencia del Gobierno, algo ya presente en la ley original, de 2015, y obviamente en el proyecto legislativo que a finales de febrero envió el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por tanto, como apunta una fuente parlamentaria de un grupo alineado con el PSOE, parece que en el tren del trámite de esta norma no viajarán las formaciones nacionalistas, independentistas, y quizá, de izquierdas. No es esperable que se desmarque Unidas Podemos, no obstante. Ahora bien, son necesarios más votos para que la aprobación sea una realidad. Votos que pululan por la bancada del PP y por la de Cs, cuyo grupo parlamentario espera, también, llamada del Partido Socialista.

Errejón afirmó en rueda de prensa que dicha norma "no llega en buen momento". El debate sobre la ciberseguridad y la preservación de la intimidad en los teléfonos móviles se ha abierto en canal, y por ello, Más País ha decidido aportar una idea. Lo ha hecho a través de una proposición no de ley, es decir, una petición de pronunciamiento político.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido al documento, que consta de tres puntos. El primero aboga por el desbloqueo de la reforma de la ley de secretos oficiales en un plazo de tres meses; el tercero plantea la desclasificación de toda aquella documentación que ayude a la defensa de los derechos humanos; y el segundo, el más llamativo, postula un procedimiento de clasificación y desclasificación basado en el sistema "triple test".

Consiste, explican fuentes de esta organización, en la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Con él como premisa, el Gobierno tendría que demostrar que "la divulgación representa un riesgo real e identificable para un interés legítimo de seguridad nacional", y por tanto, que "la restricción no atenta contra el derecho de información".

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