Sánchez fulmina a Paz Esteban y sitúa a Esperanza Casteleiro al frente del CNI

El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, después de que el Centro Criptológico Nacional certifique que hay más móviles del Gobierno infectados por el 'software Pegasus', además de el de Pedro Sánchez y Margarita Robles, según aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras y confirmó después el Ejecutivo públicamente. Con el argumento de los fallos de seguridad Moncloa envolverá una decisión que lleva semanas exigiendo el independentismo. Desde que un informe de la organización Citizen Lab, publicado por The New Yorker, constató que hasta 65 cargos habían sido espiados con este programa informático israelí.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, ha sido la encargada de anunciarlo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno. Robles ha pugnado porque Paz Esteban permaneciera en su puesto pero finalmente el jefe del Ejecutivo ha optado por sus sustitución. La ha despedido públicamente ensalzando su figura y la de los servicios de inteligencia españoles. Su relevo es Esperanza Casteleiro, una persona de la confianza de la ministra, con una trayectoria de casi 40 años en el CNI, que en estos momentos es secretaria de Estado de Defensa y ha sido jefa de gabinete de la ministra.

Su nombramiento, que ella misma ha propuesto, supone una pequeña victoria de Robles, a pesar de que ha perdido en su intento de que no se dejara caer a la hasta ahora directora de CNI. La ministra quiso que esto quedara muy claro y en varias ocasiones repitió su satisfacción de que se haya aupado al frente del Centro Nacional de Inteligencia a una "colaboradora mía".

Ni la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ni la responsable de Defensa, ha querido vincular el cese con la petición de responsabilidades que desde hace semanas hace el independentismo. Robles rechazó incluso hablar de "destitución" y aseguró que es una "sustitución" y una manera de "dar impulso" a la actuación del CNI. Aunque tuvo que admitir que "hay cosas mejorables", en relación a que 'la casa' ha tardado más de un año en saber que un "agente externo" atacó los teléfonos del presidente y de la ministra. Pero este reconocimiento se produce después de que hace sólo una semana negara la responsabilidad del CNI en los ataques al teléfono del presidente e incluso desde Defensa se tratara de culpar a La Moncloa por estos errores de seguridad.

El Gobierno se mostró muy titubeante al principio sobre las repercusiones que la revelación de que se había espiado a los separatistas podía tener sobre la gobernabilidad -ERC es un socio parlamentario fundamental-, pero con el paso de los días, y el voto en contra de los republicanos al decreto anticrisis, empezó a ser consciente del riesgo que suponía para la legislatura. Aunque Moncloa sostiene que pueden llegar a finales de 2023 pese a no contar con un apoyo estable de ERC, el sacrificio de Paz Esteban era una de sus condiciones para recuperar la interlocución.

No obstante, la directora del CNI estaba en el alero no por el espionaje a los independentistas sino por el que ha sufrido el jefe del Ejecutivo y la ministra de Defensa. Según el Gobierno, a raíz de conocer la infección con 'Pegasus' en los teléfonos de cargos separatistas, se decidió analizar estos dos terminales El lunes 2 de mayo el Ejecutivo hizo público que el Centro Criptológico Nacional confirmaba que habían sido atacados. El de Sánchez, en mayo de 2021, en el peor momento de la crisis diplomática con Marruecos. El de Robles, un mes después, en junio.

MONCLOA PUSO DISTANCIA CON ESTEBAN

En los días sucesivos el Gobierno comenzó a marcar distancias con Paz Esteban, a quien Moncloa culpa de una vigilancia deficiente y una falta de seguridad en el teléfono del presidente, del que los autores del espionaje llegaron a robar 2,6 GB y 130 megas de información. Su continuidad ya no se garantizaba y se supeditaba a conocer qué había fallado y a saber el resultado de la verificación a los terminales del resto de ministros. Este martes, con la confirmación de que también se atacó el móvil del responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, y se intentó con el de Agricultura, Luis Planas, en las mismas fechas que se accedió a los de Sánchez y Robles, se ha procedido a su cese.

La situación de la directora del CNI ya era muy delicada. Aún así Moncloa hizo que compareciera el pasado jueves en la comisión de secretos oficiales, cuya composición cambió 'ex profeso' la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para dar entrada a los portavoces independentistas. En su comparecencia, Paz Esteban ratificó que el CNI ha investigado a 18 personas en relación con los disturbios que hubo en Barcelona y el resto de Cataluña en octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del 'procés'. Pero que se hizo con autorización judicial, tras presentar el juez del Tribunal Supremo competente una petición motivada. Entre los 18 se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en aquel momento era vicepresidente y conseller de Economía.

Esta revelación tensionó aún más la relación con ERC. El viernes, en un encuentro institucional en Barcelona entre Sánchez y Aragonès, ambos se emplazaron a mantener una reunión que la Generalitat quería celebrar esta misma semana y que el Gobierno también pretende sustanciar pronto. Pero el Govern no renuncia en ningún momento a la reclamación de que se depuren responsabilidades y a la petición de que el Consejo de Ministros desclasifique la documentación del CNI sobre el espionaje a los independentistas. Una desclasificación que La Moncloa no descarta.

Fuentes conocedoras apuntan a este diario que esta semana para Pedro Sánchez era absolutamente clave porque debía decidir qué respuesta dar a Aragonès. En definitiva, que de organizarse el encuentro ya se habría pactado previamente el resultado de esa cita. Pero el presidente ha optado por ponerlo aún más fácil y sacrificar a la directora del CNI como primera medida, aunque enfundada en los fallos de seguridad de su teléfono y no en la reclamación de los independentistas.