INVESTIGACIÓN

La Justicia rusa consideró "inadmisibles" pruebas aportadas por España contra dos oligarcas

  • El magistrado que sobreseyó la causa contra los magnates Oleg Deripaska e Iskander Majmúdov puso en duda la legalidad de los documentos suministrados por la Justicia española

  • Un juez y el Ministerio del Interior ruso también rechazaron la veracidad del testigo clave contra los millonarios, que acabó siendo perseguido en Moscú por atentado contra el honor de los empresarios

Oleg Deripaska, magnate ruso investigado en Estados Unidos y España.

Oleg Deripaska, magnate ruso investigado en Estados Unidos y España.

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La Justicia de la Federación de Rusia frenó en seco la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción española recuperara la jurisdicción para reabrir una investigación que había iniciado en 2007 contra los oligarcas rusos Oleg Vladímirovich Deripaska e Iskander Majmúdov [Makhmudov], considerados dos empresarios muy cercanos al Gobierno de Vladímir Putin. Moscú impidió la posibilidad de que la Justicia española reanudara sus pesquisas, pues ambos ya habían sido exonerados en Rusia en 2016. La causa se sobreseyó al rechazar un juez de Moscú la veracidad del testimonio del testigo clave contra los oligarcas, pero también al poner en duda la legalidad de las pruebas aportadas por la Justicia española.

El fiscal José Grinda consideraba que ambos empresarios formaban parte de un clan mafioso denominado Izmayloskaya, que supuestamente disponía de amplios vínculos con el Kremlin. Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reclamó en noviembre de 2011 a las autoridades de Rusia que se hicieran cargo de la investigación en la que permanecían imputados Deripaska y Majmúdov.

En la resolución, el magistrado español apuntaba que el magnate del aluminio Deripaska, su exsocio Majmúdov y el también exsocio Mijail Cherney controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal "habría ido 'conquistando' mediante extorsión y otras formas fraudulentas y el asesinato", y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban en España, con la empresa Vera Metalúrgica.

Una "venganza"

La Justicia rusa, controlada con mano férrea por el Gobierno de Putin, asumió la causa en 2012, y según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, cerró la misma en 2016, considerando que ambos empresarios habían sido objeto de una acusación falsa por parte de un testigo que había actuado por "venganza", pues había sido despedido por Majmúdov tras ser el responsable de un desastre ecológico.

A lo largo de 137 páginas el Ministerio del Interior del Ejecutivo ruso defendía la actuación de Deripaska y Majmúdov, a la vez que desmonta la presuntas vinculaciones de estos empresarios, que habían sido detectadas por Anticorrupción. En concreto, el alto mando del Ministerio del Interior encargado de las pesquisas negó cualquier evidencia de que ambos hubieran lavado dinero negro en España con la empresa Vera Metalúrgica.

Por su parte, el juez ruso aprovechó la resolución para dar un tirón de orejas a la Justicia española, que apuntaba que la empresa Vera Metalúrgica era una filial de la sociedad Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), una firma fundada por el propio Majmúdov. Y como prueba de esta relación el Ministerio Fiscal español y el juez Fernando Andreu habían aportado documentos que habían sido descargados de la propia página web de la compañía radicada en Alicante.

Sin embargo, el juez ruso dudó del origen de estos datos y de forma literal indicó en el auto: "La instrucción ha emprendido los intentos de revisar sitios web en los que aparezcan las fotocopias cuyos pantallazos se presentan en un anexo al informe de la Fiscalía Especial española y se ha establecido que no ha sido posible demostrar la pertenencia de las citadas fotocopias de pantallazos a sitios web concretos dado que las mencionadas páginas resultan inaccesibles en la red de internet", indica el auto de sobreseimiento.


/ EFE

"Acciones ilícitas"

La resolución va más allá, pues el juez siembra dudas sobre el origen de esta información facilitada por la Justicia española: "La Instrucción ha establecido que los materiales recibidos de España carecen de información sobre las personas que hayan obtenido las mencionadas fotocopias, sobre su condición procesal, como tampoco de las diligencias u otras actuaciones en cuyo curso se han obtenido dichos materiales". Y por eso el juez rechaza utilizar las pruebas aportadas desde España sobre los vínculos de la firma Vera Metalúrgica con Majmúdov: "La utilización en el proceso de prueba de datos sobre la pertenencia de la empresa española radicada en Alicante a la Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), basados en fotocopias impropias de documentos obtenidos como resultado de acciones ilícitas, es inadmisible".

En la documentación las autoridades rusas defienden que las sospechas contra los oligarcas únicamente se basan en las declaraciones del testigo Jaydárov D.A, que había sido socio de Majmúdov, pero cuyo relato no se creen. Además, el Ministerio del Interior ruso lamenta que este testigo no viva en Rusia, ya que tiene fijada su residencia en Israel, y que no haya querido declarar en la causa que se sigue en Moscú. "Pese a las medidas adoptadas no se logró localizar el paradero de Jaydárov ni tomarle declaraciones con la intención de precisar y concretar sus manifestaciones [en otras causas que se siguen en Alemania] y aclarar las contradicciones", dice de forma literal el documento.

En el escrito se asegura que las denuncias del testigo en otra causa que se siguió contra Majmúdov en Israel eran "gratuitas". También reiteran que las acusaciones eran fruto de una "venganza" para intentar extorsionar y recuperar un negocio del que había sido expulsado.

Por "codicia"

Asimismo, la investigación de Moscú recoge la declaración del propio Majmúdov, cuyo relato sí es creíble para la Justicia rusa, en la que lamenta que Jaydárov utilizara a los tribunales de Estados Unidos para denunciar "la absoluta corrupción que rige en el Estado ruso y sobre la legalidad de las actuaciones del Poder del Estado". "Majmúdov sostuvo que el motivo que impulsó a Jaydárov a presentar las acusaciones contra él era la codicia", completa el Ministerio del Interior, que considera que el testigo buscaba una compensación económica a cambio de frenar sus acusaciones. Este empresario de origen uzbeko ha presentado varias denuncias por calumnias contra su exsocio.

En la investigación, Rusia aseguró haber interrogado a tres supuestos miembros de la mafia rusa, que negaron que ambos empresarios investigados en España tuvieran vínculos con la criminalidad organizada. También rechazaron que ellos mismos tuvieran vínculos con el clan de Izmayloskaya. Para el fiscal sus declaraciones solo fueron creíbles cuando aseguraron que Majmúdov y Deripaska no tenían ninguna relación con la mafia: "La instrucción interpreta con espíritu crítico las declaraciones hechas por los testigos en lo que se refiere a su no participación en las agrupaciones criminales de Izmayloskaya y Podólskaya, como también su desconocimiento de la actividad de las citadas asociaciones criminales. [...] Por otro lado, las declaraciones de los testigos [sobre Majmúdov y Deripaska] no suscitan dudas, ya que son coherentes, nada contradictorias y concuerdan con las hechas por otras personas interrogadas en la causa y con las demás pruebas recogidas".

"No sabían nada"

Además, la Justicia rusa destacó que las personas relacionadas con la empresa española acusada de lavar dinero negro procedente de la mafia rusa "no sabían nada" de la mafia rusa, "con la que de ninguna manera está relacionada la firma española Vera Metalúrgica". Tampoco conocían a Deripaska y a Majmúdov, según sus testimonios.

En sentido contrario, la Justicia rusa considera que contra el testigo clave sí hay "suficientes pruebas" de que este había cometido un delito de "atentado contra el honor" de los magnates. Por eso la Federación Rusa informó en 2019 a España de que la causa que había asumido en 202 tras cederle la competencia el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu había sido objeto de sobreseimiento en relación a Oleg Deripaska e Iskander Majmúdov, dos de los hombres más ricos de Rusia, según la revista Forbes.

Agendas de Villarejo

En las agendas del comisario José Manuel Villarejo aparecen, en fechas posteriores a la cesión de jurisdicción a Rusia, varias alusiones a Majmúdov y otros empresarios rusos, habida cuenta de que uno de los abogados de este empresario de origen uzbeko era Ernesto Díaz Bastién, quien también defendía al polémico alto mando policial. En el diario el comisario sostiene que en 2016 otro letrado, ya fallecido, pretendía recibir información del juez Fernando Andreu sobre unos fiscales rusos. El magistrado no ha respondido a las preguntas de esta redacción sobre la veracidad y el motivo de las anotaciones.

Villarejo no participó

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el letrado Díaz Bastién, que ha defendido la legalidad de la transferencia de la causa a Rusia, que dice contó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, y de forma literal ha asegurado: "Yo pedí la transferencia del procedimiento a Rusia con base en la ley y los tratados internacionales, el fiscal anticorrupción informó a favor y se acordó por el juez. Pepe Villarejo no tuvo la más mínima participación en nada de esto. No hablo de mis asuntos profesionales con ningún tercero. Mi trato con el juez fue por escrito como es normal en cualquier procedimiento, no sé si alguna vez comenté algo con él, no lo creo. Recuerdo que hablé con el fiscal un par de veces sobre la declaración de mi representado por videoconferencia, pero no con el juez".

En otro caso Rusia no ha cerrado de forma definitiva las pesquisas, también cedidas por España, en esta ocasión con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción. Es el caso del presunto capo del clan mafioso 'Bratskaya', Vladímir Tiourine, que opera en Siberia: "La Fiscalía General de la Federación de Rusia recibió la solicitud de asistencia judicial de fecha 22 de marzo de 2021 procedente del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, en las diligencias número 37/2014 relativas a Vladímir A. Tiourine. A la fecha, dicha solicitud está bajo consideración. Le informaremos de los resultados de dicha solicitud conforme al procedimiento establecido", contestó Rusia tras ser requerido por la Audiencia Nacional.

Oleg Deripaska ha sido sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos por sus vínculos con el Gobierno de Vladímir Putin. Por el contrario, Majmúdov no ha sido castigado por su apoyo al Gobierno del Kremlin tras su ataque a Ucrania.

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