Tribunales

El caso Azud salpica a 11 altos funcionarios del Ayuntamiento de Valencia que facilitaron trámites a la trama

El elevado número de trabajadores públicos de alto rango obligó a retrasar el levantamiento del secreto para evitar que destruyeran pruebas

Ayuntamiento de Valencia.

Ayuntamiento de Valencia.

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Teresa Domínguez y Laura Ballester

No hay corrupción sin corruptos, corruptores y corrompidos. El caso Azud ha desvelado el apetito insaciable de empresarios como Jaime Maria Febrer, el perejil de muchas de las salsas urbanísticas que se cocinaron en la ciudad de Valencia en la primera década del siglo XXI. Pero también de políticos como el ex vicealcalde de València, Alfonso Grau, a quien los investigadores atribuyen el presunto cobro de más de dos millones en ‘mordidas’.

O del portavoz socialista en el Ayuntamiento de València Rafael Rubio, que supuestamente cobró 300.000 euros por acallar sus críticas. Sin olvidar la figura del abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015 quien convirtió su despacho en la calle Sant Vicent Màrtir, a 400 metros del consistorio, en el 'registro de entrada' para repartir favores, prebendas o aceleración de trámites entre los contratistas previo pago de supuestas comisiones, como si fuera un dispensador de turnos de un supermercado. Un entramado de tres patas que precisa de un cuarto apoyo para no cojear. 

Los funcionarios que colaboraron, por activa o por pasiva, en las adjudicaciones irregulares y el suministro de formación privilegiada a los corruptores. O simplemente miraron a otro lado.

La trama Azud consiguió en este sentido penetrar al más alto nivel. Un total de once altos funcionarios de la 'Casa Gran', como se conoce al Ayuntamiento de València, están investigados en la causa. La cifra es aún mayor si se tiene en cuenta a los que han fallecido. A algunos la citación judicial les ha llegado en plena placidez de la jubilación.

La elevada presencia de trabajadores de lo público ha sido, precisamente, una de las causas por las que se ha retrasado el levantamiento del secreto sobre el caso Azud. Así lo explicaba la jueza de Instrucción 13 de Valencia, que ha dirigido la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, en el último auto que mantuvo el secreto de las actuaciones. 

"El verdadero obstáculo para alzar el secreto viene motivado con el hecho de que se están recibiendo declaraciones testificales a funcionarios del Ayuntamiento de València en razón a las tramas de corrupción que se han desarrollado y precisamente 11 investigados trabajan en el Ayuntamiento, en puestos de relevancia y la única conclusión lógica que se deriva es la de que el alzamiento del secreto sumarial perjudicaría totalmente la instrucción pues podrían influir (y desde luego que lo llevarían a cabo) en el ánimo de los testigos de cualquiera de las formas posibles".

La operación colegios en la que el Ayuntamiento de València perdió 14 millones

La magistrada describe la participación de los diferentes funcionarios según las tramas analizadas en la investigación. En el caso de la operación colegios, el pago de la deuda de 35 millones del Ayuntamiento de València con centros religiosos a cambio de tres parcelas edificables, los investigadores de Azud señalan que por estos hechos "cobraron comisiones ilícitas por su participación necesaria e imprescindible para que el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas alcanzaran sus fines Alfonso Grau, Rafael Rubio, y Néstor Gabriel Ramírez Gómez, jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de València, contra quien no puede seguirse la causa por haber fallecido [en 2011]".

En el caso de Néstor Ramírez, la magistrada señala en uno de sus autos que fue quien dio "apariencia de legalidad al verdadero negocio orquestado por Mediterránea de Actuaciones Integradas SL", la empresa creada por Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, para la "operación colegios", que incluyó una modificación del Plan General de València. De hecho, entre la documentación intervenida los investigadores localizaron el acta de la reunión entre Febrer, Montoro y Ferrando, celebrada el 5 de abril de 2005, en la que entre los temas a tratar constaba "fijar dineros honorarios Néstor". Además, en la "tabla de costes" de la operación al jefe de los servicios jurídicos se le asignaban las letras "N" y "NR" y la cuantía de 360.607,26 euros, según consta en la causa. 

En este capítulo de la trama también tuvieron "una participación activa", según un auto, la funcionaria Esmeralda O., jefa de Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València en 2007 y quien facilitó a Jaime Febrer la "relación de seis parcelas destinadas a uso dotacional" para que eligiera las que más les convenían en la operación colegios. Esmeralda O. P. también maniobró, presuntamente, junto a Juan Antonio Altés Martín, jefe del Servicio de Planeamiento (también fallecido en 2012), para falsear la pérdida patrimonial que supuso la adjudicación a Febrer, Montoro y Ferrando las tres parcelas a cambio de la deuda de los colegios.

El fallido hospital de la Católica que nunca se construyó

En el caso del concurso para adjudicar la parcela del fallido hospital de la Universidad Católica, cuyas plicas amañó el empresario Jaime Febrer, los funcionarios que "confeccionaron las bases" del concurso fueron "María Dolores C.S., jefa de Sección de Propiedades Inmobiliarias, José Luis C. G., jefe de Sección de la Oficina Técnica de Patrimonio, y Carmen S. R., jefa del Servicio de Patrimonio". Los tres aparecen como investigados en la operación Azud.

Por último, en el contrato público de gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de València, adjudicado a la empresa Acciona, han acabado investigados por el presunto amaño de esta adjudicación la jefa del Servicio de Contratación en 2006, Carmen M. I., y el jefe de la Sección I de Contratación, Joaquín V. H., "encargados de confeccionar el pliego de condiciones que iba a regir la contrata" junto a "Juan Bautista C. F., jefe de Saneamiento del Servicio Integral de Explotación, y Juan Carlos G. B., jefe del Servicio del Ciclo Integral del Agua que fueron los funcionarios que puntuaron y valoraron las ofertas técnicas de las empresas licitadoras".

Regalos a las jefaturas de servicio y a las administrativas de Grau y Bellver

El empresario Jaime Febrer es exhaustivo y detallista. Durante trece años, de 1999 hasta 2012, regó con regalos a responsables políticos y técnicos de ayuntamientos como los de València, Burjassot, Cheste, la Vila Joiosa o Xixona. Para llevar un control, elaboraba listados de los obsequios que enviaba por Navidad y que diferenciaba entre "Regalos hombres" y "Regalos mujeres" y en los que anotaba el nombre y cargo del destinatario, una descripción del regalo y el precio. Una valiosa documentación que la Guardia Civil encontró en los registros de la sede del Grupo Axis, la matriz del entramado de empresas que utilizó el empresario Jaime Febrer.

El Ayuntamiento de València fue una mina de agasajados. Además de los presentes a lo políticos, Febrer obsequió a la funcionaria Esmeralda O. P. desde 2002 hasta 2.007 bolsos de la marca Loewe que, según facturación, como mínimo costaban 450 euros. En ocasiones el bolso se complementaba con un pañuelo de la misma marca cuyo, precio era de 240 euros. También al jefe de planeamiento, Juan Antonio Altés, ya fallecido, a quien regaló plumas Montblanc (model "Kafka M") y un reloj Hamilton en diversos años. También recibían obsequios las secretarias o administrativas de políticos como Alfonso GrauJorge Bellver y de las áreas de Planeamiento, según los listados requisados por la Guardia Civil al registrar la sede de las empresas de Febrer.


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