JUSTICIA

La Ley de bebés robados continúa en un cajón cuatro años después de obtener amplio consenso en el Congreso

La plataforma impulsora CeAqua lamenta el olvido del Gobierno respecto de una norma que busca reparación y agilizar las investigaciones.

Bebé llorando.

Bebé llorando.

5
Se lee en minutos

Hasta en dos ocasiones, noviembre de 2018 y junio de 2020, el Congreso de los Diputados ha respaldado de forma mayoritaria la necesidad de aprobar una ley sobre el fenómeno de los bebés robados en nuestro país, unas prácticas que hasta donde se ha podido acreditar se iniciaron durante la posguerra, siguieron en el franquismo e incluso continuaron produciéndose más allá de la transición, hasta la década de los noventa. La norma, dirigida a buscar la reparación de las víctimas y agilizar las investigaciones, duerme desde entonces el sueño de los justos sin que el Gobierno haya adoptado ninguna decisión que permita hacerla realidad.

Así lo explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Soledad Luque portavoz de CeAqua en el área de 'bebés robados' y presidenta de la asociación Todos los Niños Robados son también mis Niños. Esta asociación fue la que elaboró el texto original que firmaron todos los grupos parlamentarios cuando se registró, a excepción de PP Ciudadanos y Vox en febrero de 2020, aunque los 'populares' y Ciudadanos mostraron su apoyo a la iniciativa y votaron a favor. Desde entonces, nada ha vuelto a saberse del asunto.

Ante la parálisis, CeAqua no se ha conformado y a principios de este año comenzó una ronda de reuniones con los ministerios de Justicia, Presidencia y Derechos Sociales para tantear las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este asunto, sin obtener ninguna respuesta concreta más allá de la buena disposición de todos los responsables. Desde el Ministerio a cargo de Pilar Llop se señala a este diario que son muy sensibles con este tema y están valorando el modo de "agilizarlo", pero no dan aún plazos concretos.

FUERA DE LA LEY DE MEMORIA

Aunque la Ley de Memoria Democrática -igualmente paralizada por la falta de consensos- contiene un apartado sobre niños y niñas robados, lo que se aprobó en el Congreso es la redacción de una norma específica para estas víctimas. "Necesita una ley propia", insiste Luque, que explica que el texto de CeAqua es conocido por los grupos políticos desde 2017, y tras quedar registrado en el Congreso en septiembre de 2018, aprobó tomarlo en consideración de forma unánime el 20 de noviembre de ese año.

El problema es que la legislatura decayó sin que la propuesta avanzara y, tras dos elecciones legislativas y la constitución del Gobierno de coalición PSOE-Podemos el texto volvió a ser registrado en el Congreso en febrero de 2020. La pandemia no impidió que la plataforma siguiera hablando con todo los grupos "menos con la extrema derecha", según apunta Luque, e incluso hicieron precisiones al texto incial antes de volver a someterlo a consideración el 23 de junio de ese año, cuando volvió a salir adelante con amplio consenso.

Actualmente, y tras abrirse en septiembre 2020 el trámite de enmiendas, el asunto pasó a la Comisión de Justicia del Congreso, donde lleva paralizado año y medio. Luque apunta la complejidad que supone que para avanzar se requiera la opinión de varios ministerios, entre los que se encuentran los de Presidencia, Justicia, Derechos Sociales, Sanidad, Interior y Hacienda. La pelota, en todo caso, está en el de Pilar Llop, que es el que tiene que realizar las primeras valoraciones.

OBJETIVO DE LA LEY

La norma quiere crear una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés robados, además de facilitar a las víctimas acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración o de archivos privados. También recoge la creación de una base de datos estatal de afectados y de un banco único de ADN gratuito con "toda la información relevante" en relación estos casos.

En cuanto a las medidas de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama buscan que la ley les reconozca derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. El texto tomado en consideración también incluye la posibilidad de habilitar al Gobierno para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas.

La asociación impulsora de la norma también se mueve en otros ámbitos, como el cultural, y prueba de ello es la exposición 'Duerma en ti... Maternidades robadas en España (1939-1999)' que puede verse en el Museo Nacional de Antropología hasta el 5 de junio. La muestra es resultado del trabajo fotógrafo Pedro Lange-Churión y la investigadora Aránzazu Borrachero junto a varios colectivos de víctimas.

"No son simples fotografías de víctimas, sino historias de vida que demuestran lo que hay detrás de pérdida, de sufrimiento, de ausencia", si bien en esas miradas "también hay valentía, resiliencia y fortaleza", según señaló la portavoz de la plataforma a Infolibre con ocasión de la inauguración de la exposición.

EN LOS JUZGADOS

Otro frente son las investigaciones judiciales, un asunto que según esta asociación tuvo un "boom tremendo" en los primeros años a partir de 2011 pero luego fue descendiendo, y que en la actualidad también parece haberse quedado en pausa. Desde la Fiscalía General del Estado, sin embargo, se señala que en el último año ha habido un incremento exponencial de las actuaciones sobre este asunto al abrirse un total de 47 diligencias de investigación, superando con creces los 7 y 3 asuntos que se registraron durante 2019 y 2020, respectivamente.

En los últimos diez años las investigaciones se han llevado ante un juez en un total de 522 ocasiones, si bien es muy difícil que tengan resultado. La dificultad estriba en los problemas puestos de manifiesto por los propios para recabar pruebas por el paso del tiempo, la muerte de protagonistas o la destrucción de archivos clínicos por la desaparición de muchas de las clínicas donde nacieron estos niños.


/ FGE

La estadística de la Fiscalía tiene su origen en una Circular suscrita en diciembre de 2012 por el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, que empezó a controlar este dato para "preservar el principio de unidad de actuación", facilitar la coordinación y, en definitiva, asegurar la eficacia sobre este asunto.

En esas fechas la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid -cuyo titular, Adolfo Carretero, ha vuelto a saltar a los titulares por el pelotazo de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid-reabrir la investigación del primer caso de niños robados, que implicaba a la monja María Gómez Valbuena al estimar que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad no están prescrito. La religiosa falleció en enero siguiente, aunque la investigación en relación con su actividad siguieron para uno de los médicos con los que presuntamente colaboraba, el doctor Eduardo Vela, si bien fue absuelto por considerarse que los hechos habían prescrito.

Noticias relacionadas