El CNI desvela espionaje de Marruecos en Canarias

¿Hay espías de Marruecos en Canarias? Distintos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) evidencian que el Archipiélago es una zona de interés para los servicios secretos marroquíes, dada la situación geoestratégica de Canarias, la importante colonia saharaui y el gran apoyo social y político al Frente Polisario, y la considerable población marroquí en las Islas. Una sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de enero de 2020, donde se rechaza conceder la nacionalidad española a un empresario marroquí afincado en Las Palmas de Gran Canaria, pone al descubierto actos de espionaje en las Islas para Rabat. El fallo judicial le deniega la nacionalidad, solicitada en 2013, en base a varios informes del CNI que señalan que el interesado (denominado Fabio en la sentencia, un nombre ficticio por la protección de datos) "mantuvo una relación de plena colaboración con la inteligencia exterior marroquí". 

Y esas actividades las realizó a través de su primo (al que la Audiencia Nacional llama Mariano, también un nombre falso), que entre junio de 2008 y julio de 2016 fue el responsable en el Consulado de Marruecos en Canarias de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGDE), el servicio de inteligencia exterior de Marruecos. Durante esos ocho años, el empresario efectuó “distintas actividades en contra de los intereses nacionales", según el CNI. Esta sentencia es un recurso contra otro fallo de 2016 que igualmente le denegaba la nacionalidad española por su vinculación al servicio de inteligencia marroquí.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recalca que los informes del CNI no pueden ser más exhaustivos pues "difícilmente pueden exigirse datos ampliatorios o una mayor concreción que no comprometan la actuación de prevención", pero al interesado se le facilitó la documentación para que conociera las razones del Ministerio de Justicia para justificar su negativa a concederle la nacionalidad española, en base a la seguridad nacional. "Y el informe remitido evidencia con palmaria claridad que la conducta del recurrente constituye un potencial riesgo para los intereses de nuestro país y presenta un evidente perfil negativo e incompatible con lo que se entiende por un buen ciudadano, desde la perspectiva de los intereses públicos y la seguridad nacional" concluye el fallo.

Cuatro sentencias que revelan espionaje

Esta sentencia no es la única en el territorio español que rechaza la nacionalidad española a marroquíes por actos que el CNI vincula al espionaje. Los servicios secretos alauitas llevan años desplegando una intensa actividad en España, según revelan cuatro fallos -contando el de Canarias- de la Audiencia Nacional en los últimos diez años, al margen de las sospechas que se ciernen ahora sobre la posible autoría de espionaje del país aluí en el caso Pegasus.

Hasta 2013, los informes que remitía el CNI a la justicia para justificar su oposición a a la concesión de una nacionalidad se limitaban a señalar que el solicitante era un peligro para la “seguridad nacional”. Pero tras distintas sentencias del Tribunal Supremo entre 2011 y 2013 se concluyó que era necesario que los documentos que el servicio secreto enviaba a la Justicia explicitaran -aunque no hubiera una profusión en datos- los hechos concretos para denegar la nacionalidad, al objeto de no causar indefensión al ciudadano extranjero. Desde entonces, el servicio secreto español está obligado a descubrir parte de sus investigaciones.

La primera sentencia con datos objetivos del motivo para rechazar la nacionalidad fue en Granada en 2013. En el fallo fue clave el informe del CNI, que acusaba al ciudadano de mantener “una relación muy estrecha” con un miembro de la Dirección General de Vigilancia del Terrorismo (DGST) de Marruecos, el servicio secreto interior de este país.

En marzo de 2015, la Audiencia Nacional revelaba las actividades del espionaje de Rabat para confirmar la expulsión de España de un marroquí residente en Barcelona. La última sentencia es del pasado 30 de septiembre. La Audiencia Nacional confirmaba la decisión de no conceder la nacionalidad a un marroquí que había llegado a España en 2002 presentándose como un desertor del Ejército del país magrebí, por lo que entonces se le concedió la condición de asilado. El informe del CNI exponía que, en 2013, el servicio de inteligencia de un tercer país les comunicaba que esta persona era, en realidad, un agente de la DGST.