TRIBUNALES

La revisión de la sentencia de los ERE por el Supremo irrumpe en la precampaña andaluza

El alto tribunal revisa en vista pública los próximos 4 y 5 de mayo las condenas a los expresidentes socialistas Griñán y Chaves, más de dos años después de la sentencia.

Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves durante el juicio de lso ERE

Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves durante el juicio de lso ERE / Julio Muñoz

Cristina Gallardo

A menos de dos meses de las elecciones andaluzas adelantadas al 19 de junio por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, el Tribunal Supremo revivirá en una vista pública, y a lo largo de dos días, uno de los mayores casos de corrupción de la historia de nuestro país. Los próximos 4 y 5 de mayo se volverán a escuchar los argumentos a favor y en contra de la sentencia de los ERE de Andalucía, que condenó hace más de dos años, entre otros, a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.  

Los ERE irrumpen así en plena precampaña andaluza y a buen seguro darán argumentos a las diferentes formaciones que concurren a los comicios, que en circunstancias normales deberían haber tenido lugar a finales de año. La futura sentencia no se conocerá previsiblemente hasta bien pasada la contienda electoral, debido a la complejidad del caso - con más de veinte recurrentes- y también a la conocida forma de trabajar del Supremo, que no suele adoptar decisiones con trascendencia política si coinciden con periodos electorales.

El panorama político andaluz, no obstante, dista mucho del que vivió la larga instrucción, juicio y condena a una veintena de responsables socialistas por su participación en un gasto ilegal de más de 700 millones de euros de las arcas públicas. Por aquel entonces el PSOE continuaba teniendo la hegemonía en las instituciones andaluzas, mientras que a día de hoy Moreno Bonilla trata de hacerse con una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario y eludir a Vox como socio de Gobierno.

El calendario del Tribunal Supremo se fijó mucho antes de que se conociera la decisión de presidente actual. Fue el pasado 4 de marzo cuando se informó a las partes de que la vista pública, dividida en dos jornadas, se produciría dos meses después. También entonces se anunció que el ponente de la resolución será Eduardo De Porres, un magistrado del sector conservador del alto tribunal, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que antes de recalar en este órgano fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.

1.800 FOLIOS DE SENTENCIA

El resto de magistrados que estudiará el caso, con la presidencia de Juan Ramón Berdugo, serán Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y el propio Porres. Tendrán que escuchar los argumentos presentados contra una sentencia que se extendió 1.800 folios y que han impugnado un total de 21 recurrentes, a los que hay que sumar los argumentos a favor de la confirmación de las condenas por parte del PP y de la Fiscalía.

Una vez se celebre la vista, se augura una deliberación larga dado el alto número de recurrentes y teniendo en cuenta lo ocurrido en asuntos de similar complejidad como fue el 'caso Malaya' sobre corrupción en la Costa del Sol, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del alto tribunal. 

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla estimó casi en su integridad los argumentaciones del Ministerio Público, según el cual hubo un plan preconcebido y adoptado de forma colegiada y compartida por los sucesivos gobiernos andaluces para gastar más de 700 millones de euros de forma deliberadamente ilegal.

PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS

En este caso se analizó el procedimiento a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) que eran fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas que se sentaron en el banquillo.

La sentencia impuso al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

La decisión que ha sido recurrida ante el alto tribunal parte de la idea de que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron. 

En cuanto a los recursos, el de Griñán sotiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento. A tal efecto, su defensa sostiene que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".

La defensa de Chaves, por su parte, defiende en su recurso ante el Supremo que el expresidente, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", adviertendo al alto tribunal de que lo que se presentó como prueba de cargo no es más que un "compendio de prejuicios, juicios

OTROS CONDENADOS

Otros condenados fueron exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

También se impuso pena a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

Además, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

La sentencia también vio delito en el proceder de Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación.

Finalmente se condenó al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.