La crisis del Pegasus y el puzle del Gobierno: sedición, escuchas del CNI e indultos

La crisis de las escuchas con Pegasus es una crisis recurrente en los apoyos de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin ese tema, la reforma de la reforma laboral de Mariano Rajoy, por ejemplo, se perdía y salió adelante de chiripa, con el milagroso voto erróneo de un diputado del PP.

Ahora es el decreto para hacer frente a la crisis energética y a la guerra de Ucrania, que se tramitará como proyecto de ley, el que parecía colocar a Sánchez al borde del precipicio, y al que, si no hay errores en la votación, sacara EH Bildu de apuros.

Pero la raíz de esta crisis recurrente es un problema estructural. Sánchez respaldó a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya en octubre de 2017. Ya en el Gobierno, la Abogacía General del Estado y el Ministerio de Justicia –a cargo de Consuelo Castro y Dolores Delgado, respectivamente– elaboraron una calificación jurídica en el juicio de los dirigentes del 'procés', que el tribunal presidido por Manuel Marchena asumió, según la cual los hechos de septiembre y octubre de 2017 encajaban en un delito de sedición, en lugar del delito de rebelión defendido por los fiscales del caso.

Las elevadas condenas por sedición fueron, pues, instadas por la Abogacía del Estado, representada por la letrada Rosa María Seoane.

De 2017 a 2020

Y antes, durante la investigación de los hechos, en 2017, bajo el Gobierno de Rajoy y la vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santamaría –entonces responsable gubernamental del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)–, por un lado, y el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, a cargo del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, por otro, realizaron intervenciones telefónicas a dirigentes independentistas ante la "insurrección" –teniente coronel de la guardia civil Daniel Baena dixit– que amenazaba la “unidad indisoluble de la nación española” (artículo 2 de la Constitución).

Cierto es que también han habido escuchas del CNI más tarde, hasta en 2020, según una denuncia de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.

Y estas escuchas, como las anteriores a cargo del CNI, han sido autorizadas por el binomio CNI-magistrado del Tribunal Supremo, casi siempre, Pablo Lucas, integrante de la Sala Tercera. O el magistrado suplente (Julián Sánchez Melgar o Andrés Martínez Arrieta, magistrados de la Sala Segunda).

El Gobierno de Pedro Sánchez, como parte de su política de “desinflamación”, acometió la tarea de indultar parcialmente (ya había cumplido parte importante de la sentencia en prisión), con la crítica implacable, aunque no vinculante por tratarse de indultos parciales, de la Sala Segunda del Supremo, según la cual Sánchez se apartaba de las condenas para subsistir gracias al apoyo de la fuerza política de aquellos beneficiados con el indulto (ERC).

Robles se pone delante

En la refriega parlamentaria del pasado miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada procedente en su última etapa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es decir, de la que forma el magistrado Pablo Lucas, ha defendido la actuación del CNI poniendo su cuerpo delante. En otros términos, ha venido a decir que quien ataque al servicio de inteligencia tiene que en todo caso pedir su cabeza. ¡Bingo! El 'president' Pere Aragonès le ha hecho caso y ha solicitado su dimisión.

Robles no improvisa. Leal desde la primera hora a Sánchez, le acompañó después en el “no es no” a la investidura de Rajoy y ahora es su principal baza en la guerra de Ucrania, por el papel del Ejército español, entrega de armas al Gobierno de Zelenski mediante.

Si quieren acabar con Paz Esteban López, directora del CNI, quiso decir Robles en las Cortes, tendrán antes que acabar conmigo. Es decir: aquí no se pide perdón, aquí no se vacila. Sabe, pues, la ministra de Defensa que no corre peligro alguno y quizá por ello ha estado desafiante.

¿Qué salida hay?

En el Gobierno se asume que todo el mundo sabe que el CNI espía. Es como en la película 'Casablanca', cuando el capitán Renault se presenta en el café de Rick y le explica que ha decidido cerrarlo: “¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!”.

El Gobierno, pues, quiere que se examine la situación de las escuchas en la Comisión de Secretos Oficiales para lo que se ha constituido incorporando a los “escuchados”: ERC y EH Bildu.

Una de las conclusiones que debería extraerse es que el binomio CNI-magistrado del Supremo que tiene la exclusiva de resolver la autorización ha estallado.

Y para ello, como mínimo, se debería incorporar al Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad, para que informe sobre las peticiones que realiza el CNI.