CASO PEGASUS

El Gobierno se defiende frente a las críticas del Govern: "Tenemos la conciencia muy tranquila"

El Ejecutivo dice que la investigación interna, que será "ágil", probará que no se violó la ley, y recalca que el CNI ha de trabajar "en silencio" para cumplir su misión

Félix Bolaños FOTO JOSÉ LUIS ROCA

Félix Bolaños FOTO JOSÉ LUIS ROCA / José Luis Roca

Juanma Romero

La crisis del Gobierno con la Generalitat es cada día más lacerante, pero la Moncloa no encuentra el modo aún de tapar la enorme vía de agua que tiene abierta. Por el momento, mantiene su apuesta por los mecanismos impulsados para esclarecer el presunto espionaje a más de 60 dirigentes y activistas independentistas, principalmente a través del 'malware' israelí Pegasus. Proclama que ha "tomado la iniciativa", que no se "esconde". Y algo más: asegura que tiene la "conciencia muy tranquila", porque cree que todos los procedimientos se han ajustado a la ley (es decir, los supuestos seguimientos, de haberse producido, que a estas alturas ya parece indiscutible).

El Gobierno sufre cada día con las preguntas que le llegan de los medios y, sobre todo, de la oposición, especialmente de grupos que son aliados de investidura, como ERC y Bildu, presuntas víctimas de las escuchas acreditadas por Citizen Lab y publicadas por 'The New Yorker' hace algo más de una semana. No puede dar datos concretos, porque lo impiden la ley de secretos oficiales de 1968 —se reformó en democracia, pero no hay un nuevo texto legal, aunque el Ejecutivo se comprometió a ello— y la norma reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de 2002, ambas muy estrictas.

De ahí el contorsionismo verbal al que se ve obligado el Gobierno, y que este martes se evidenció tras la reunión del Consejo de Ministros en una rueda de prensa en la que el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, hombre fuerte de Pedro Sánchez, recordó que la inteligencia española trabaja y debe seguir trabajando "en silencio", porque está en su propia naturaleza. El peligro inminente para el presidente es que su plan de choque frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania naufrague el jueves por falta de apoyos, razón por la que Bolaños llamó a los grupos a no actuar de forma que puedan "perjudicar" a los ciudadanos.

El ministro subrayó que el Ejecutivo "está muy tranquilo", tiene "la conciencia tranquila", porque ha puesto sobre la mesa medidas de "transparencia" para que se "esclarezcan los hechos" y se tenga "conocimiento de la verdad", aunque al Govern le parecen insuficientes. Son las que él mismo llevó a la 'consellera' Laura Vilagrà el pasado domingo en Barcelona: control interno del CNI, disposición a colaborar con el Defensor del Pueblo, comparecencia en la comisión de secretos oficiales y desclasificación de documentos reservados si la Justicia se lo requiere. Para el Gobierno, dijo, es esencial demostrar y asegurar que las instituciones funcionan y han funcionado "con todas las garantías".

Bolaños anuncia un "control interno" del CNI sobre el presunto espionaje

/ Agencia ATLAS | EFE

Más diálogo

Para el Govern, la reunión con Vilagrà no desencalló ni mucho menos el conflicto. Este mismo martes, incluso, el Consell Executiu aprobó restringir al máximo las relaciones con Madrid en tanto no se aclare qué ha ocurrido. La lectura de la Moncloa es otra: la cita fue "muy positiva" porque el diálogo es "seña de identidad" del mandato de Sánchez, de modo que a "mayores dificultades", como las que ahora atraviesan las dos partes, "mayores dosis de diálogo". Era la manera con la que Bolaños respondía a esa mayor tensión con Barcelona.

El Ejecutivo no ha podido desmentir ni confirmar públicamente que ordenara el espionaje. El ministro sí subrayó que los servicios de inteligencia, aquí en España y fuera, "sirven para salvar vidas y proteger a los ciudadanos", y lo hacen "todos los días y en silencio, y así debe ser y debe continuar siendo". Es decir, que el CNI puede interceptar las comunicaciones, con autorización judicial, si entiende que es necesario para preservar su misión, consignada en el artículo 1 de la ley que lo regula: "Prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España".

Bolaños negó que exista un "descontrol" dentro del CNI, pero como la información de 'The New Yorker', alegó, ha podido "arrojar sombras" sobre su actuación, el centro ha pedido someterse a un ejercicio de "control interno" para "esclarecer los hechos" y que haya "garantía" plena de que todas sus actuaciones se han ejercido "conforme a derecho".

El Govern, sin embargo, reclama una comisión de investigación en el Congreso y que rueden cabezas. ¿Va a hacer más el Gobierno? El ministro insistió en que conviene que se vaya "paso a paso", y la fase actual es la de investigación interna, la de "esclarecer por completo", con "total transparencia", qué ha ocurrido, y que después el Congreso, a través de la comisión de secretos oficiales, que se constituirá finalmente esta semana, tenga acceso a la información reservada. Fuentes del Ejecutivo apostillaron que la estimación es que las pesquisas se culminen "con agilidad". Es decir, que la investigación dentro del CNI se completará en poco tiempo. Pere Aragonès dio a Sánchez una semana de plazo, y el Gobierno, apuntaló Bolaños, es consciente de la "preocupación" que cunde en Cataluña.

"Piensen lo que piensen los afectados"

El titular de la Presidencia descartó, eso sí, la vía de la comisión de investigación. "No tiene ningún sentido", justificó, porque los comparecientes no podrían dar "ninguna información" a sus señorías, amparándose en la ley de secretos oficiales y en la del CNI, por lo que ese instrumento "serviría para bien poco". Donde sí se puede aportar documentación clasificada es en la comisión de gastos reservados del Congreso, recordó. Bolaños recalcó que la "aportación" del Gobierno es esa apertura de "puertas y ventanas", que todos los grupos, sin excepción, puedan acceder a todos los datos, porque en el Ejecutivo están "tranquilísimos", conscientes de que "todo se ha hecho de conformidad con la ley".

Por esa misma convicción, el Gabinete descarta por ahora los ceses. "El objetivo es que podamos, sin ninguna, tener claro que nuestras instituciones funcionan siempre con arreglo a la ley, con todas las garantías, afecte a quien afecte y piensen lo que piensen las personas afectadas", en este caso, por el presunto espionaje. Dicho de otra manera, que no habrá dimisiones o caídas solo porque lo reclamen los grupos independentistas y Unidas Podemos.

La convalidación del real decreto ley de respuesta a la guerra en Ucrania no tiene ahora mismo los apoyos garantizados. Bolaños pidió a los grupos que desliguen el caso Pegasus de la votación del jueves, porque nadie entendería que partidos como ERC rechazaran un texto que ayuda a los ciudadanos por el supuesto seguimiento a sus dirigentes. Son "planos" diferentes, alegó. "Por eso hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que no perjudiquen a los ciudadanos", recordó el ministro, quien, como la portavoz, Isabel Rodríguez, repasó algunas de las medidas contenidas en la norma, como la bonificación de la gasolina, la bajada de impuestos en la factura de la luz, el aumento del ingreso mínimo vital, el tope a los alquileres o las ayudas directas a los sectores más afectados.

Primer contacto con Pons

Rodríguez llamó directamente al PP de Alberto Núñez Feijóo al sí (espera de hecho el apoyo), porque la vocación de consenso "se practica", no solo se predica. Eso sí, la portavoz dejó claro que no se aceptarán cambios en el decreto para satisfacer a los populares. El Gobierno las va a analizar, pero entiende que plantea soluciones "del pasado" y no las que recomiendan organismos internacionales, que son ayudas a sectores o cargar impositivamente a las eléctricas que reciben beneficios extraordinarios. Además, la Moncloa está esperando las respuestas del PP a las 11 propuestas de consenso que le ofreció Sánchez a Feijóo en su reunión del pasado 7 de abril.

La interlocución entre los segundos escalones, por otro lado, ya ha comenzado. Después de que el nuevo líder del PP comunicara al presidente que sus enviados para hablar con el Gobierno son Esteban González Pons (en materia de Justicia) y Juan Bravo (para Economía), se estableció una primera conversación entre el primero, vicesecretario de Institucional de los conservadores, y Bolaños. Ambos quedaron en seguir hablando, de manera discreta. En manos de ambos, el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que fue imposible durante el mandato de Pablo Casado.