DUDAS EN EL GOBIERNO CON EL PP

La amenaza de crisis institucional propulsa la creación de la comisión del CNI en el Congreso

  • Las conversaciones y los sondeos para designar a los integrantes de la comisión se han reactivado con intensidad

  • Si fallara el diálogo, el Gobierno, el PSOE y Meritxell Batet plantearían una nueva resolución que exija una mayoría más baja que la actual. Fuentes parlamentarias no esconden sus dudas sobre la pertinencia de esta última opción

Uno de los leones del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. EFE/Mariscal

Uno de los leones del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. EFE/Mariscal

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El Gobierno y el PSOE tienen un plan A y un plan B sobre la creación de la Comisión de Control de los Gastos Reservados en el Congreso, que es como oficialmente se llama la comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos tienen como primer protagonista a la tercera autoridad del Estado, lo que compromete a la institución si estallara la bronca política, lo que últimamente ocurre casi siempre. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es quien tiene la responsabilidad de desatascar la comisión después de tres años sin ver la luz.

El plan A, en el que los diferentes grupos están ahora mismo enfrascados, tal y como constatan fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es la consecución del grado de consenso que facilite el estreno de la comisión, previa votación de los candidatos en el pleno, esto es, 210 votos. La entrada en escena del PP es aquí esencial.

El plan B, más arriesgado por las implicaciones políticas e institucionales que podría ocasionar, pasa por redactar una nueva resolución que rebaje ese umbral de respaldo y situarlo, en vez de en tres quintos, en la mitad más uno del Congreso, la mayoría absoluta. Consultadas por este supuesto, algunas fuentes parlamentarias, incluso de formaciones más alineadas con el PSOE, expresan dudas.

Para evitar éste, las partes implicadas en la creación de la comisión de control del CNI se han puesto manos a la obra con una intensidad impensable hace un par de semanas. Los sondeos se han redoblado en las últimas horas, señalan, y durante las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces de este martes es más que probable que la presidenta saque a colación la constitución de dicho órgano, que es política y normativamente muy relevante.


/ epe

La trascendencia política de la comisión se acaba de poner de manifiesto, aunque desde hace 60 días su ausencia es como un grito en el desierto. Este es el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto bélico, la comisión en la que los ministros con más relación con los gastos reservados y con el CNI, que son los de Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores, podrían dar explicaciones con garantía de confidencialidad resulta que no existe sencillamente porque el umbral de consenso exigido para ello no está garantizado.

Pero la perentoriedad de la comisión ha cogido gran velocidad en el momento en que trascendió que más de 60 cargos del independentismo catalán y vasco habían sido presuntamente espiados a través de un software llamado "Pegasus", de origen israelí. El sistema es tan sofisticado que es capaz de introducirse sin apenas obstáculos en el móvil de la víctima y apropiarse de una tacada de toda la información que el usuario haya ido almacenando. El Gobierno, desde que se conocieron los casos en un medio norteamericano, no se ha caracterizado precisamente por seguir una línea uniforme y coherente de comunicación. De negar que se haya usado semejante software a aceptar que el CNI pudiera estar detrás, pues este pasado domingo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, propuso al Govern de Cataluña una investigación en las mismas tripas del Centro Nacional de Inteligencia.

Al mismo tiempo, en un clima cada vez más bronco, pues las formaciones independentistas están pidiendo explicaciones muy concretas y destituciones, el propio Bolaños ha asegurado este lunes en TVE que la comisión se va a desbloquear. Ha añadido, según la información recogida por Europa Press, que desatascarla presenta una "ventaja": su no dependencia del reglamento de la Cámara.

Justo aquí empezaría el plan B del Gobierno y del PSOE. Su mero planteamiento, del que este medio informó recientemente, sorprende a los grupos. Fuentes del Congreso consultadas al respecto lo tachan directamente de "barbaridad", y no porque no sea legal, sino porque pondría al Congreso en el ojo de un huracán institucional.

El papel de Batet

La protagonista de la historia es la presidenta del Congreso. Su deseo, apuntan en su entorno, es que se cree la comisión del CNI dentro de los cauces ya previstos. Esos cauces los trazan dos leyes y una norma de desarrollo del reglamento de la Cámara, de ahí la relevancia normativa de este órgano parlamentario.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet

/ Emilio Naranjo

La primera de esas dos leyes data de 1995 y es la reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. Su artículo número 7 establece que los movimientos de las partidas presupuestarias destinadas a tal fin, que se enmarcan en los radios de gestión de los ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Justicia, estarán fiscalizados por el Congreso a través de una comisión compuesta por quien ejerza la Presidencia de la Cámara y por los diputados que "de conformidad con la normativa parlamentaria tengan acceso a secretos oficiales". Más adelante se regula la periodicidad semestral de las sesiones y el carácter secreto de las mismas.

La segunda ley en liza es la que regula el Centro Nacional de Inteligencia, de 2002, cuyo artículo 11 consagra el control del Congreso sobre su funcionamiento y actividades según "la forma prevista por su reglamento" y por medio de la comisión específica. A continuación, la norma canaliza otras cuestiones, que se han vuelto de actualidad, pues hacen referencia a los límites de la propia comisión. Tendrá acceso a materias clasificadas, señala el 11.2, pero no podrá recabar datos acerca de "las fuentes y medios" empleados por el CNI para el desarrollo de sus misiones o tareas. Tampoco podrá tratar nada que proceda de "servicios extranjeros u organizaciones internacionales".

Imagen de archivo de la fachada del CNI.

/ ARCHIVO

Llama la atención, examinadas las dos leyes, que no se precisa el modo para definir la composición de la comisión. Se mencionan en ambos casos emplazamientos al reglamento del Congreso, pero resulta que en el reglamento no hay nada sobre ello.

Había un vacío y urgía rellenarlo, y por ello, en 2004, la Presidencia del Congreso de aquel entonces, la del socialista Manuel Marín, aprobó una resolución tras obtener los vistos buenos de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Ésta es la función de las resoluciones: completar los limbos que deja el reglamento o los espacios sin cubrir que van surgiendo por la evolución de los tiempos.

Lo que dice el punto 3 de la resolución acota la composición, "un diputado por cada grupo parlamentario", y el aval necesario, una mayoría de tres quintos del pleno, es decir, 210 votos.

El precedente Iceta

La idea en la que están trabajando los grupos, en esencial el PSOE y el PP, es la misma en la que llevan trabajando desde hace meses sin éxito. La unión de los 120 escaños socialistas y los 88 populares resulta clave para alcanzar ese umbral de tres quintos al que alude la resolución de 2004, época de clarísimo bipartidismo. Forjar el pacto entre ambas formaciones es un reto enorme.

Cuando empezó la legislatura y Batet abordó por primera vez la creación de la comisión, los socialistas pusieron pegas por la entrada de Vox en un órgano parlamentario en el que se analiza y se discute información reservada del Estado. Los populares pusieron pegas por el acceso a la misma de un partido cuyo líder ha sido condenado por sedición, ERC, y de otro que, como suele subrayar, es heredero de los brazos políticos de ETA, EH Bildu.


/ epe

Dicen las fuentes socialistas que en el PSOE ya no hay veto. Dicen las fuentes populares que en el PP se mantienen. El primer partido acusa al segundo de bloquear y el segundo partido recuerda al primero que lo único que tiene que hacer es exponer la necesidad de que se cree la comisión y proceder a ello.

Dado que la resolución del Congreso establece que haya un representante por cada grupo, se ha generado un debate interesante. Si un candidato o candidata a formar la comisión no llega a los 210 votos favorables, ¿qué pasaría con el órgano de control parlamentario del CNI? ¿Se paralizaría o seguiría adelante? Las fuentes lo aclaran: seguiría adelante.

La mayoría de la Mesa, no obstante, quiere evitar el riesgo de que el representante de EH Bildu, por ejemplo, así como el de ERC, no obtengan el nivel de respaldo exigido. La Comisión se crearía sin ellos.

Para intentar convencer al PP, sobre todo al PP, de que omisiones así no deberían darse, pues dejaría en entredicho al propio Congreso y a su Presidencia, el PSOE manejará un precedente reciente que afecta a un ministro, al de Cultura en concreto, a Miquel Iceta.

El pasado día 6, el Tribunal Constitucional estimó el recurso del PSC sobre la exclusión del entonces líder del partido en Cataluña del cupo de senadores de designación autonómica. El Parlament cambió el sistema de votación, haciéndolo electrónico en vez de por papeletas, y la mayoría dejó fuera a Iceta. El Constitucional entendió que se produjo una vulneración del derecho de representación política.

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