Consejo de Ministros
La Casa del Rey se someterá a la fiscalización del Tribunal de Cuentas
La medida del Ejecutivo llega un día después de que Felipe VI haya decidido hacer público su patrimonio, cifrado en 2,57 millones de euros
Felipe VI, el 19 de enero, en el salón de turismo Fitur de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA
El
Tribunal de Cuentas
, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a las instituciones públicas, analizará a partir de ahora también el presupuesto de la Casa del Rey. Es una de las medidas que el
Consejo de Ministros
ha aprobado este martes para dar más transparencia a la jefatura del Estado, horas después de que Felipe VI comunicara su patrimonio (2,6 millones de euros).
El Gobierno y la Zarzuela han coordinado sus pasos para impulsar la regeneración de la monarquía, una institución en crisis por los escándalos sobre la fortuna de Juan Carlos I.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de detallar esas nuevas medidas incluidas en un real decreto, entre las que destaca la supervisión que hará el Tribunal de Cuentas. Según Bolaños, esa "auditoría externa" dará una "imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Casa Real".
La Zarzuela también tendrá que dar publicidad a partir de ahora todas las contrataciones que haga y colgar en la web cada trimestre de cómo va la ejecución del presupuesto, los contratos suscritos con la Casa del Rey, las retribuciones y los regalos institucionales.
El plan global aprobado por el Consejo de Ministros se ha elaborado después de un diálogo de "meses" entre el Gobierno y la Zarzuela, ha concretado Bolaños. De hecho fue su antecesora en Presidencia, la exvicepresidenta Carmen Calvo, la que empezó a abordar este asunto con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, a finales de 2020, después de que, en agosto, Juan Carlos I decidiera irse a vivir a Abu Dabi para tratar de mitigar el impacto en su hijo de las informaciones sobre su fortuna oculta.
El ministro de Presidencia considera que con este real decreto se "consolida en una norma jurídica y se da rango legal a muchas prácticas que ya se venían llevando a cabo" en la jefatura del Estado, como por ejemplo el código de conducta que Felipe VI impuso a los trabajadores de la Zarzuela en 2014, la publicación de los regalos recibidos por los miembros de la familia real o la información sobro los bienes de los altos cargos.
Según Bolaños, el Gobierno siente "satisfacción" porque la "monarquía avance y sea una más entre las casas reales en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad".
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