El juez retira el pasaporte a los comisionistas Medina y Luceño

La investigación sobre la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, test y guantes en los meses más negros de la pandemia vive el lunes un día clave con la declaración de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, por el momento los únicos imputados.

Será la primera vez que declaren ante el juzgado de instrucción 47 de Madrid, que les investiga por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de alzamiento de bienes en el caso de Medina).

Fue esta Fiscalía la que inició las pesquisas hace ya año y medio, tiempo durante el que ha investigado tres contratos suscritos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, participada íntegramente por el Ayuntamiento, y una mercantil malaya para adquirir guantes, mascarillas y test.

Productos por los que el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida pagó 11,9 millones de dólares, una cantidad muy superior a la que en realidad pedía el vendedor y que, además, tenían una calidad muy inferior a la ofertada.

Según la tesis de la Fiscalía, fue Luceño quien fijó e "impuso" los precios al Ayuntamiento y, en realidad, ocultó que "un elevado porcentaje" de esa cantidad iría a parar a sus cuentas a través de comisiones.

En concreto, más de 6 millones de dólares cree Anticorrupción que se embolsaron ambos empresarios. Con ese dinero habrían adquirido desde coches de alta gama -un Ferrari o un Lamborghini, por ejemplo- hasta una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un yate, de nombre Feria, por 325.515 euros.

El papel de Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, habría sido el de nexo entre el Ayuntamiento y Luceño "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde", en concreto su primo.

Martínez-Almeida, que ha subrayado el papel de perjudicado del consistorio, aseguró que su familiar se limitó a dar a una conocida de Medina el correo del Ayuntamiento y dijo que ese era el cauce oficial para hacerlo.

El nombre del alcalde aparece una vez en una conservación entre Luceño y la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Elena Collado, otro de los principales nombres del sumario y quien deberá comparecer como testigo el 9 de mayo.

"Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida", fue la alusión del empresario el 26 de marzo de 2020. Al respecto, Martínez-Almeida aseguró que efectuó una llamada a Medina para agradecerle una donación de 183.000 mascarillas.

Del "pa la saca" a "la medallita"

En las últimas semanas han salido a la luz conversaciones y correos de ambos empresarios, como uno en el que Luceño le dijo a Medina, después de ingresar el producto de la supuesta estafa, que el botín iba "pa la saca". "¡Bien!!!!", respondió el segundo.

O el audio en el que Luceño, tras garantizar a la funcionaria Collado que estaba "todo coordinado", le dice: "Me debes, ahora sí que me debes... una medallita me vendría bien. Una medallita civil"

El juez Adolfo Carretero se ha encontrado en los últimos días con un problema añadido: en las cuentas de los empresarios no hay dinero suficiente para asegurar las responsabilidades económicas que se les podrían imponer.

Solo 247,26 euros aparecieron en la cuenta de Medina, a quien el juez ha acabado reclamando casi 900.000 euros de fianza y le ha imputado, además, un delito de alzamiento de bienes.

Está por ver qué ocurre con Luceño tras constatar el magistrado que tampoco disponía de saldo suficiente para asegurar dichas responsabilidades. Por el momento, el Ayuntamiento ha reclamado que garantice una fianza de 6,1 millones de euros.

Del plano judicial al político

El caso de las mascarillas no sólo será noticia esta semana desde el punto de vista judicial. Un día después de las declaraciones ante el juez, en el consistorio se celebrará un pleno extraordinario solicitado por Más Madrid en el que comparecerá el propio Almeida.

Junto con el PSOE y Unidas Podemos, esta formación está personada en la causa judicial como acusación popular y en los últimos días ha denunciado que el Ayuntamiento "cambió y manipuló" los documentos entregados en la Fiscalía en noviembre de 2020 con respecto a los ofrecidos en abril de 2021.

Sostiene esta acusación que, según el sumario, primero se entregaron "documentos donde constaban los contratos, las hojas de encargo y también la firma de la delegada del área de Seguridad, de Inmaculada Sanz, y unos meses después esa firma y esos segundos documentos fueron eliminados en la documentación que se le entregó al juez".

Sanz, por su parte, ha pedido dejar trabajar a la Justicia y a Más Madrid que deje de "hacer cacerías políticas".