PELOTAZO CON MATERIAL SANITARIO

Malasia localiza al empresario del pelotazo San Chin Choon, que se niega a colaborar con la justicia española

  • La justicia malaya castiga con cárcel, pero también flagelación, estafas como las cometidas por Medina y Luceño, según comunicó el país asiático a la Fiscalía

Imagen de archivo de una fábrica de mascarillas.

Imagen de archivo de una fábrica de mascarillas. / EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

5
Se lee en minutos

San Chin Choon, el representante de la empresa Leno que vendió el material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid por el que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron presuntamente un pelotazo de casi seis millones de dólares no tiene intención de colaborar con la justicia española, según se desprende del contenido de la comisión rogatoria remitida el pasado 22 de febrero a la Fiscalía Anticorrupción por parte de las autoridades de Malasia.

La colaboración de este empresario malayo, de 52 años, es fundamental porque, según consta en la documentación incorporada al sumario al que ha tenido acceso EL PERÍODICO DE ESPAÑA, Luceño habría informado a Medina de que un ciudadano de este país asiático iba a cobrar también una comisión de un millón de dólares, de modo que los fondos se repartían de forma igualitaria. En realidad, y según la investigación de Anticorrupción, fue Luceño quien percibió esa parte de la presunta mordida, por la que está investigado por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

"¿Por qué no se le pagó al señor Medina la comisión de 1.125.000 dólares previamente pactada por la venta de los guantes y, por el contrario, el señor Luceño sí recibió su comisión de 1.800.000 dólares?", preguntaba el fiscal Luis Rodríguez Sol al ciudadano malayo, según consta en la comisión rogatoria.

Dos documentos distintos

Otra pregunta del fiscal aludía al motivo por el cual se firmaron varios documentos sobre las cuantías de los pagos a los intermediarios españoles: "¿Por qué las comisiones del señor Luceño, en las tres operaciones (mascarillas, guantes y kits de test covid-19) se pactaron en dos documentos distintos fechados el mismo día, uno en el que intervino también el señor Medina y otro en el que este no intervino?".

La autoridad fiscal española también incluyó en la comisión rogatoria una pregunta sobre el motivo por el que Luceño devolvió cuatro millones de dólares al Ayuntamiento de Madrid: ¿Por qué se transfiere esta cantidad concreta de dinero, y cómo se calculó y acordó?".

La asistencia remitida a Malasia, que se asienta en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, también pretendía aclarar la presunta falsificación de documentos para engañar al Ayuntamiento de Madrid. En una primera respuesta, el país asiático exigió reciprocidad en futuras causas sobre delitos de estafa a las autoridades judiciales españolas. 

Autoría de los documentos

Por eso, otras de las preguntas que remitió el fiscal español al Gobierno de Kuala Lumpur buscaban despejar la duda sobre la autoría de la documentación de la sociedad intermediaria malaya: "¿Ha firmado los documentos que se adjuntan a la presente comisión rogatoria?¿Todos o solo algunos?", interpelaba Rodríguez Sol, que también se interesaba en el procedimiento seguido para la redacción de los acuerdos, teniendo en cuenta que sus firmantes "difícilmente" se pudieron reunir en un mismo lugar por la incidencia de la pandemia en marzo de 2020.

En otra pregunta, el representante del Ministerio Fiscal español reclamaba a San Chin Choon que aclarara si era cierto que Luceño y Medina eran los agentes exclusivos de Leno para la importación de productos de protección sanitaria en los mercados asiáticos desde 2018: "¿Habría tenido inconveniente en vender las mascarillas, guantes y test Covid-19 directamente, sin la intervención de los señores Luceño y Medina, al Ayuntamiento de Madrid o a cualquier otro cliente, si este hubiera contactado con Leno directamente?". En cuanto al precio, Rodríguez Sol interpelaba al empresario malayo sobre si la ausencia de los comisionistas habría alterado los fondos que recibiría la empresa.

Sin embargo, en su última comunicación las autoridades malayas dan cuenta de que han identificado y localizado al empresario San Chin Choon, reclamado como testigo, aunque éste ha rechazado responder a la justicia española. Malasia recuerda también que sus leyes solo permiten actuar en relación con una comisión rogatoria si el aludido acepta cooperar, una circunstancia que no se da en este caso.

PENA CONTROVERTIDA EN MALASIA

La primera solicitud de cooperación internacional fue firmada por el fiscal Luis Rodríguez Sol el 6 de mayo de 2021. En la contestación, Malasia recordó que los hechos que se investigan en el caso Mascarillas, que circunscribe a un presunto delito de estafa, pueden ser objeto de una pena de cárcel en el país asiático que van de uno a doce años de cárcel. Pero también de flagelación, una pena controvertida, pues acarrea daños físicos contra los condenados.

Durante su declaración ante el fiscal Luis Rodríguez Sol, Luceño negó de forma categórica que hubiera pactado el reparto de una comisión de un millón de dólares para cada uno de los tres intermediarios, siendo el tercero el vendedor de Malasia.

Así, justificó el hecho de haber cobrado tres millones de dólares, -mientras que Medina ingresó un millón de dólares-, porque la comisión la asignaba el vendedor y él era su agente: "Cuando se hace una operación se dice oye, de esta tengo más porcentaje porque la he negociado muy bien o de esta otra tengo menos porcentaje porque la he negociado peor", espetó.

Sin embargo, un 'email' enviado por el propio Luceño el 20 de abril de 2020 a su socio Luis Medina pone en duda su propia explicación, pues el mensaje adjuntaba un "cuadro de las comisiones de los tres productos que hemos cerrado", uno de ellos las mascarillas. 

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se puede leer que el número de tapabocas "KN95" era de un millón, con un coste de 2,4 millones de dólares, y que se iban a vender a un precio de 6,6 millones. Esto suponía un pelotazo de 4,2 millones, que se repartiría de forma igualitaria: un millón para él ("Alberto"); un millón para Medina ("Luis") y otro para "Lin Shin", el supuesto proveedor malayo. El resto de los beneficios, procedentes de los pagos realizados por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida se consignarían a una donación (500.000 dólares) y con destino a la empresa Leno (700.000).

Medina en su declaración ante el fiscal Rodríguez Sol confirmó a grandes rasgos ese reparto: "Lo que hablamos Luceño y yo era que las comisiones se dividían en tercios: que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malaya", dijo, para después asegurar que no se enteró de que lo había cobrado su socio hasta un día antes de prestar testimonio.

Noticias relacionadas