El juez investiga el patrimonio y los viajes del jefe de la oficina de Puigdemont

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el patrimonio del actual jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, a fin de determinar si se "enriqueció ilícitamente" cuando era comisionado de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona, como "al parecer hizo de forma muy notoria" su antecesor, Jordi Castells Massana (ahora cargo de la Generalitat), con la aprobación y finalización de los expedientes de las subvenciones otorgadas para la cooperación al desarrollo. Las pesquisas se enmarcan en la pieza principal de la causa abierta por presunta malversación de fondos y supuesta financiación de 'procés'.

Según las fuentes consultadas por este diario, el magistrado también ha requerido a la Diputación de Barcelona que le informe de todos los viajes realizados por Alay mientras estuvo en esta institución ( entre 2015 y 2018, durante la época de CiU) y que corrieron a cargo de la misma, así como los expedientes que soportan este gasto. Los investigadores sospechan que podría ser que algunos de los viajes realizados por entonces por el ahora jefe de la oficina de Puigdemont fueran aprovechados para otros fines no relacionados con la Diputación.

En su auto, el juez sostiene que en una anterior investigación del patrimonio de Castells se daba cuenta de un presuntos "enriquecimiento ilícito" del que fuera director de relaciones internacionales de la Diputación y que en la actualidad es subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat. La Guardia Civil detectó que este cargo tenía unos bienes injustificables, a su entender, por su sueldo y que podrían tener su origen en pagos hechos por entidades que habían percibido subvenciones por parte de la diputación. El instituto armado descubrió ingresos de algunas de estas entidades, así como un aumento considerable del saldo de sus cuentas y la compra sin hipoteca de dos viviendas. Todo ello mientras estuvo al frente de la Oficina de Cooperación Internacional de la Diputación.

Ataque al juez

En un mensaje en Twitter, Alay reprodujo solo una parte del auto judicial, pero no entero, y escribió: "La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y desata de nuevo su persecución contra mi. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido". Solo a dos abogados personados en la causa se le había notificado este auto.

El magistrado, según las mismas fuentes, también ha solicitado a la Diputación de Barcelona que acredite el recorrido de las subvenciones que ahora están bajo sospecha, así como otros datos relacionados con estas ayudas. Una de las entidades que percibió subvenciones es Catmon, una entidad de la órbita soberanista. Una de las líneas de investigación es si parte de estos fondos fueron destinados a la financiación del 'procés'.

La jueza que durante un tiempo estuvo al frente del juzgado mientras Aguirre estaba de baja laboral archivó varias piezas sobre algunas de estas subvenciones, con el beneplácito del fiscal y de la misma Diputación de Barcelona, que, en su día, había detectado irregularidades en estas ayudas. Sin embargo, quedan abierta la causa principal, donde se enmarcaría la investigación a Alay, y la de Catmon.