Una jueza investiga si hay conexión entre el pelotazo y la denuncia contra Almeida por las mascarillas

La denuncia presentada contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida por una posible omisión del deber de perseguir delitos en relación con el pelotazo con material sanitario para el covid en Madrid ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 49, al no estimar el reparto que, en principio, la conducta del primer edil tenga conexidad con la presunta estafa que ya se investiga respecto de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

Así lo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas, que señalan que el caso le acaba de llegar a la titular del órgano, Josefa Bustos, que tendrá que analizar ahora el escrito del abogado Fernando Pamos de la Hoz antes de decidir si se inhibe al juez Adolfo Carretero, que es el que investiga el pelotazo, o bien se queda con la denuncia contra el alcalde. En este segundo caso, el siguiente paso será archivarla o bien darle trámite.

La estrategia del letrado, según explicó este diario, pasaba porque su denuncia pueda llegar a Carretero, titular del Juzgado número 47 que ya ha iniciado la instrucción de la presunta estafa con comisiones de cerca de seis millones de euros. De este modo, y aunque el magistrado rechazara de plano la posibilidad de abrir esta vía de investigación contra Martínez-Almeida, un eventual recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid obligaría a posicionarse sobre la posible comisión de este delito por el alcalde a las acusaciones particulares en la causa (PSOE y Unidas Podemos) y también a Más Madrid (pendiente aún de un trámite para ser parte en el procedimiento). 

Por otro lado, el abogado ha respondido en Twitter a los ataques proferidos contra él contra el propio alcalde, quien señaló el pasado domingo que Pamos ha representado al Partido Socialista en diversos pleitos y, “por tanto, parece difícil que haya actuado sin el conocimiento o sin el consentimiento del Partido Socialista”.

TRAYECTORIA DE PAMOS DE LA HOZ

"He sido el abogado denunciante. Lo hecho desde mi rol de ciudadano y no tengo nada que ver con el PSOE. He defendido a Pinochet y los genocidios del Cono Sur! He estado 22 años en el turno de oficio con la Medalla de Honor por mi dedicación. Estoy orgulloso de mi trayectoria", señala el abogado en la red social.

Sobre su vinculación con el PSOE, es cierto que Pamos de la Hoz representó a varios militantes socialistas en 2003, después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid impidiendo así la investidura de Rafael Simancas, pero no es un letrado de los que habitualmente representa los intereses del PSOE en otros asuntos de interés mediático. 

Además de los asuntos señalados en su 'tuit' Pamos de la Hoz ha llevado causas como la del alijo de drogas en el buque Juan Sebastían Elcano, el robo de 2,7 millones en la sede en Ibiza del Grupo Empresas Matutes, la muerte de un hombre que se precipitó al vacío en los Juzgados de Fuerteventura en 2020 y la defensa de la ex miembro de ETA Idoia López Riaño, 'la Tigresa' una vez abandonó la banda, por asuntos de índole penitenciaria.

ALCALDE Y TAMBIÉN FUNCIONARIO

La denuncia contra el alcalde la presentó por un delito omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) por no haber denunciado en su momento la presunta estafa. El denunciante considera que Martínez-Almeida, en su doble condición de funcionario (es abogado del Estado) y autoridad, debería haber denunciado los hechos con independencia de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 tras ser advertida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Según señala la denuncia, "si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz y la impunidad de los delitos tan graves, admitidos y consentidos por el Consistorio no denunciando los hechos, hubiere sido lograda".

Así, se insiste en que el trabajo realizado por Anticorrupción desde noviembre de 2020 son simplemente diligencias de investigación, y que ello, que no supone iniciación del procedimiento penal como tal, y "no eximía de denunciar los mismos por el Ayuntamiento de Madrid".

Prueba de que tuvieron conocimiento antes de esas diligencias de investigación de hace ya 17 meses es el es el hecho de que existan conversaciones con Luceño de la responsable de compras, Elena Collado que emplea el término “estafa” en relación con los guantes, que fueron adquiridos con un sobreprecio obsceno e inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y que los test, con un precio desorbitante, fueron igualmente desechados por su nula eficacia.

A juicio del denunciante, contrastando el precio de lo adquirido con otras ofertas que en esos momentos gestionaba el propio Ayuntamiento o el precio de mercado, "les habría hecho conocedores de la estafa de libro".