Tribunales

El caso de las mascarillas destapa que el Ayuntamiento de Madrid sufrió otra "estafa" de 1,2 millones

"La documentación facilitada no se corresponde con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni el Estado español, incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos", dice un informe de la Policía madrileña

Un farmacéutico entrega a un cliente una mascarilla FFP2 modelo KN95 que las farmacias reparten gratuitamente entre la población de la Comunidad de Madrid.

Un farmacéutico entrega a un cliente una mascarilla FFP2 modelo KN95 que las farmacias reparten gratuitamente entre la población de la Comunidad de Madrid. / Fernández Jara / Europa Press

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción del pelotazo de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina Abascal con la compra de mascarillas en plena pandemia de la covid-19 ha destapado que el Ayuntamiento de Madrid pudo haber sufrido una estafa de 1,2 millones de euros al adquirir medio millón de tapabocas a un intermediario que aseguraba vivir en Nueva York (Estados Unidos). Entre la documentación que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida remitió al Ministerio Fiscal se incluye un atestado de la Policía Municipal que concluye que el ciudadano Philippe Haig Solomon, en nombre de la consultora 'Sinclair and Wilde' había engañado al Ayuntamiento de Madrid aportando información falsa sobre la calidad de los productos.

"La documentación facilitada [...] no se corresponde con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni el Estado español, incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos", completa el informe de la Policía municipal de Madrid, que informa de que el acuerdo inicial era comprar un millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Sin embargo, solo se llegaron a abonar 1,25 millones.

Sin el consentimiento de la UE

El oficio policial también apunta que el vendedor podría haber cometido otros delitos, como por ejemplo contra la propiedad industrial, al haber utilizado de forma irregular etiquetas de la Unión Europea: "Se ha utilizado con fines comerciales y sin el consentimiento de la UE el signo distintivo CE para poder comercializar e importar las mascarillas ofertándolas así a cualquier usuario final".

El documento firmado por el intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid destaca, en el mismo sentido, que Haig Solomon también habría cometido, de forma indiciaria, un delito contra los consumidores y usuarios al ofertar las mascarillas realizando indicaciones falsas, lo que ha provocado un "perjuicio grave" a la Administración y a los usuarios finales.

La investigación policial realizada tras desaparecer el vendedor fue incapaz de contactar con Haig Solomon en Nueva York, ciudad en la que la consultora 'Sinclair and Wilde' disponía de una dirección postal.