El frenesí despilfarrador de los comisionistas de las mascarillas en la semana más negra del coronavirus

El 31 de marzo de 2020 el mundo se había detenido y los españoles mantenían la respiración confinados en sus casas coincidiendo con la fecha en la que se batía el récord de muertos por coronavirus: 849 según las cifras oficiales, si bien se registraron 1.342 decesos más de los previstos según las estadísticas. Ese mismo día, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño recibieron varias transferencias procedentes de Malasia por su intermediación en un contrato de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid, por un total de 999.882 dólares el primero y 2.999.880 el segundo.

A partir de ese momento, ambos comenzaron una actividad frenética de gastos en artículos de lujo para dar salida a esas cantidades que, según la Fiscalía Anticorrupción, corresponden a comisiones derivadas de una estafa agravada al consistorio por las mascarillas, test para detectar covid y guantes que precisaban los funcionarios de la funeraria municipal. 

Así lo evidencia un informe de la Agencia Tributaria del pasado mes de septiembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En menos de una semana se produjeron salidas de fondos muy significativas desde las cuentas de los comisionistas: el 2 de abril Medina ya había transferido 93.000 euros de su cuenta como primer pago a un armador de Países Bajos para la construcción del yate 'Feria', mientras que Luceño estrenó su comisión el día 6 de ese mes con la compra de un Mercedes AMG por valor de 50.000 euros, y los dos días siguientes adquirió otro Mercedes SCL (54.000 euros) y un Ferrari 812 (200.000 euros). Solo fueron las primeras.

La historia de este 'pelotazo exprés' arranca nada más comenzar el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pues la investigación sitúa en los días previos al 18 de marzo el primer contacto entre los empresarios y la responsable Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, propiciado por un familiar del alcalde, el abogado Carlos Martínez-Almeida.

A partir de ahí, según se refleja en las actuaciones que ya están en manos del juez Adolfo Carretero, se suceden los contactos vía correo electrónico y también por 'WhatsApp' entre los empresarios y la responsable municipal hasta llegar a la firma de un contrato con el Ayuntamiento de Madrid el 24 de marzo, por cerca de 12 millones de euros, tras presentarse Luceño como agente exclusivo con fábricas a su disposición en China para acceder a los productos, que entonces escaseaban en el mercado internacional. Esta posición de predominio era falsa, según ha demostrado la investigación.

Según se desprende del sumario, Luceño y Medina consiguen contactar y contratar la compra del material a través de la empresa malaya LENO, y los avances son celebrados por Luceño en correos que remite a su socio como el de fecha 30 de marzo, cuando con una frase muy expresiva ('pa la saca') le anuncia la realización de las transferencias que ambos reciben tan solo un día después. Luceño suma algo más a su cuenta de resultados con dos envíos posteriores, los días 13 de abril (1.633.366,61 dólares) y el 23 de ese mismo mes (276.674,05 dólares).

Precisamente ese 31 de marzo, el Gobierno se veía obligado a aprobar un nuevo paquete de medidas económicas y sociales para minimizar el impacto del covid en los colectivos más vulnerables. Entre las 50 medidas adoptadas a través del Real Decreto-Ley, la ampliación de beneficiarios del bono social eléctrico, rescate de aportaciones realizadas a planes de pensiones, prohibición de los desahucios y moratorias en el pago de las cotizaciones sociales para empresas y autónomos.

¿UNA EMPRESA PARA BLANQUEAR?

En ese periodo, el análisis de las cuentas de Luceño refleja el gasto realizado en doce vehículos de lujo, hasta algo más de dos millones de euros, si bien no todos fueron puestos a su nombre. Según refleja la propia querella de la Fiscalía, con excepción de un Aston Martin DB 11 valorado en 160.000 euros, estos vehículos fueron facturados a nombre de la empresa Takamaka Invest SL, de la que Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario.

Sobre la fecha de constitución de esta entidad, un acta notarial también obrante en el sumario la sitúa el 26 de mayo de 2020, es decir, apenas dos meses después de la percepción de las comisiones. Unos días antes, el 8 de mayo el empresario había transferido 3.353.500 euros a una nueva cuenta corriente bajo el concepto “Comisiones pendientes" con la que pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón por 1.107.400 euros y cinco coches de alta gama por algo más de un millón de euros. 

Figuran asimismo en el informe de Hacienda las transferencias a una joyería de la calle Serrano de la capital de 42.450 euros por tres relojes, dos Rolex y un Cartier, si bien estos efectos fueron adquiridos algo más tarde, en octubre de 2020, semanas antes de que empezara a ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras el aviso dado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) después de la advertencia de las entidades bancarias.

DE UN MILLÓN A 5.000 DÓLARES

Por lo que se refiere a Medina, el informe de la Agencia Tributaria señala que el millón de dólares de su comisión llegó de Leno precisamente aquel 31 de marzo en el que se registraba la mayor presión sobre el sistema hospitalario desde el inicio de la pandemia. Hasta el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, comparecía desde su casa convaleciente del virus. 

No obstante, el hijo del duque de Feria se movió rápido y traspasó la práctica totalidad del dinero a una segunda cuenta, dejando en la primera un saldo que apenas sobrepasaba los 5.000 dólares en noviembre de 2020. Desde la segunda cuenta, fueron transferidos 48 horas después 93.700 euros a Leonardo Yachts, una entidad de compra-venta de yates en Países Bajos a la que hasta agosto de ese año se remitieron cantidades de dinero similares. El informe detalla otros pagos, entre ellos a su abogado, Carlos Texidor, y a una inmobiliaria de lujo, así como la compra de dos abonos bancarios por 400.000 euros que también son señalados como posible blanqueo por Anticorrupción.