ALTERNATIVA AL MODELO ELÉCTRICO ACTUAL

Usted podría competir con las eléctricas y un exdiputado quiere convencer al Gobierno para lograrlo

Joan Herrera, en el hemiciclo del Congreso en 2004

Joan Herrera, en el hemiciclo del Congreso en 2004 / David Castro

  • Una directiva europea que debería estar integrada en la legislación española desde 2020 plantea la creación de las comunidades ciudadanas de energía

  • La falta de voluntad política, dice su impulsor, es el gran problema

  • Más País ha registrado ya en el Congreso una iniciativa para impulsar esta suerte de cooperativas eléctricas

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Cuando en España ser ecologista era una "frikada", hablamos de abril de 2004, un tipo alto, espigado, con aspecto de saberse hasta la más recóndita directiva medioambiental de la UE, llegó al Congreso. Su nombre: Joan Herrera Torres.

Barcelonés, representante de un partido llamado Iniciativa per Catalunya Verds, entonces al alza, se integró en un grupo parlamentario junto a una formación a la baja: Izquierda Unida.

IU-ICV fueron unas siglas muy activas que, por buscar un símil con el panorama político de 2022, podrían ser el trasunto del Más País actual. Una unión de diputados a la izquierda del PSOE con una firme vocación "verde" y progresista. Fueron tiempos duros, sin embargo, porque José Luis Rodríguez Zapatero gobernó el país durante aquella legislatura con el motor socialista a toda máquina, y de ahí las leyes de memoria histórica, de dependencia, de matrimonios de personas del mismo sexo, de violencia de género y del aborto. IU-ICV, pese a todo, quiso jugar con sus cinco diputados.

Las idiosincrasias, tan diferentes, se detectaron enseguida. Mientras Herrera se adueñó enseguida de una retórica moderna y ecologista, más dinámica, la de Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, parecía moverse más despacio.

En los siguientes comicios, 2008, el PSOE hizo valer su intensidad legislativa, Estatut de Cataluña incluido, y arrastró a una enorme parte del electorado de izquierdas. A ICV y a IU no les fue muy bien, por lo que tuvieron que asociarse con ERC en el Congreso para constituir grupo parlamentario propio. Herrera no acabó la legislatura porque se implicó en la carrera electoral por la Generalitat catalana. El resto de la historia es más o menos sabida.

Hoy es director de Energía y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, "un puesto de segunda línea política", dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Pero de ahí a estarse quieto, sin asomar la cabeza o levantar la voz en según qué asuntos, hay un trecho. Se ha embarcado en una batalla. Tiene un punto de revolucionaria. Para empezar, planta cara a las eléctricas.

Ésta es la historia.

Dos casas con paneles solares en Países Bajos.

/ Unplash

El cónclave de Valencia

El pasado mes de enero se reunieron en la capital levantina Joan Herrera y Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, con representantes de los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña y Baleares, así como de los ayuntamientos de Sevilla y de la propia Valencia, entre otros. La idea fue impulsar un mecanismo auspiciado ya por la Unión Europea y por una directiva con este título: 944/2019. Tendría que haberse traspuesto ya al ordenamiento legislativo español, hace dos años concretamente, pero no ha ocurrido aún. No se avecinan sanciones por ello, así que reina la calma. No para Herrera.

Cuando los cargos de esos gobiernos autonómicos y locales se congregan a orillas del Turia, el exdiputado por Barcelona ha redactado junto a Pedro Fresco un borrador de decreto-ley para poner las cosas fáciles. Como se habrán preguntado para qué tanta reunión y tanta norma y directiva, va la respuesta: la idea es crear comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. Suena a cooperativas de vecinos para generar su propia oferta eléctrica. Es más o menos así.

El 3 de enero, Herrera y Fresco publican una tribuna en el diario El País en el que lo cuentan con meridiana claridad. Se trata de situar "al consumidor en el centro" y "materializar la transición energética" mediante el "protagonismo" de los ciudadanos. ¿Cómo? Con un sistema en el que "la energía y la confianza vayan de la mano" y que permita "un mix eléctrico con cada vez más renovables no gestionables". Objetivo: que "el consumo se vaya adaptando a la generación".

"Para que todo sea posible y lo sea en un tiempo corto, aun habiendo superado los límites de trasposición de la directiva, diferentes administraciones hemos hecho una propuesta de trasposición ambiciosa y rigurosa", destacan más adelante. Siguiendo el ejemplo de países como Francia, Austria y Portugal, Herrera pide a las autoridades competentes patrocinar un sistema en el que "el autoconsumo compartido sea posible entre aquellos que comparten red de baja y de media tensión en un radio de cinco kilómetros con potencias instaladas de hasta cinco megavatios pico (MWp)".

Un hombre enciende una alargadera con una factura de luz en la mano.

/ Europa Press/Alberto Ortega

Para ello, abogan por cargos y peajes más bajos, reservas en las subastas y en puntos de conexión. Aquí el objetivo se vuelve más ambicioso: "Competir en igualdad de condiciones con actores con mucha más musculatura y que gozan de inherentes ventajas competitivas por su tamaño y posición dominante". O sea: competir con las grandes eléctricas.

Ayudas sí, marco jurídico no

El borrador del decreto, al que ha accedido este medio, se propone, ante todo, dar un marco de seguridad jurídica. Se está produciendo una contradicción flagrante, en opinión de Joan Herrera. Resulta que se están abriendo líneas de ayudas para estas comunidades de energías renovables cuando no se está promoviendo su blindaje jurídico. Es como si un club de fútbol se estuviera gastando dinero en fichajes a pesar de no tener la garantía de poder disputar una sola competición.

Así que los autores de la redacción retroceden a la famosa directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo artículo 16 pide a los Estados de la UE que den un "marco jurídico favorable" a las comunidades ciudadanas de energía, y a un decreto aprobado por el Gobierno en 2020, en el que incluso se regulan algunos aspectos sobre dichas entidades, para definir "la participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables", según recalcan en la exposición de motivos.

La Comunidad de Energías Renovables será una entidad jurídica basada en "la participación abierta y voluntaria" de sus integrantes y controlada por quienes se encuentren "en las proximidades de los proyectos de energías renovables". La formarán personas físicas, pymes, entidades locales y hasta empresas públicas de energía.


/ ARCHIVO

La Comunidad Ciudadana de Energía será una entidad jurídica basada en "la participación voluntaria y abierta" y controlada por "personas socias o miembros que sean personas físicas, entes locales o pequeñas empresas". No busca tanto la rentabilidad financiera como la generación, distribución, suministro, consumo, agregación, almacenamiento y prestación de servicios de eficiencia energética o recarga para, por ejemplo, vehículos eléctricos.

Voluntad política

Un caso práctico para entender de qué va la propuesta de Herrera. Supongamos que estamos en una superficie de 5 kilómetros cuadrados en la que hay un municipio de decenas de miles de habitantes y a las afueras, una urbanización, viviendas sociales y un polígono industrial. ¿Habría alguna manera de que la energía eléctrica que no se consume durante el fin de semana en ese polígono fuera aprovechada por los vecinos de esa urbanización y por los residentes en las viviendas sociales? En esto consiste el proyecto por el que está luchando Joan Herrera, previa directiva europea. La clave, como puede deducirse fácilmente, es la distancia. Los promotores plantean 5 kilómetros, pero pueden ser más.

Un conjunto de casas con placas solares.

/ Unplash

El exdiputado, que entre el otoño de 2018 y el otoño de 2019 fue alto cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, ha entregado el borrador a sus antiguos jefes. La lentitud es la respuesta. La ambigüedad, también.

"Entiendo que el Ministerio está ahora desbordado, pero esto es un problema de voluntad política", afirma a este medio. Arguye la "transversalidad" de partidos que secundan la propuesta, desde el PSOE a Compromís pasando por el PP, pues, puntualiza Herrera, el ayuntamiento de Ronda, gobernado por los populares, ha mostrado interés, para remarcar que esa voluntad política es más que posible, incluso deseable.

Mientras el Ministerio se pronuncia, si es que se pronuncia o toma alguna decisión al respecto, el exdiputado regresó hace pocas semanas a su antigua casa, al Congreso de los Diputados. Se ha entrevistado con Unidas Podemos, ERC y Más País. El proyecto gusta y, por lo que cuenta, es compartida la convicción de que existen resortes legislativos, vía UE, para ponerlo en marcha.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

/ Europa Press/Alberto Ortega

Conscientes de que la determinación política acelerará el trámite, la formación de Íñigo Errejón ha dado un primer paso: ha registrado una proposición no de ley. El blindaje jurídico, la distancia de 5 kilómetros para el aprovechamiento de la energía (ampliable a 20), y sobre todo, la participación ciudadana como alternativa al modelo actual son las claves.

El Parlamento lo discutirá esta legislatura, por tanto. Se verán su alcance y el respaldo político. Puede que Herrera, el exdiputado que llegó al Congreso hace 18 años con un lenguaje medioambiental que entonces sonaba raro, logre entonces una gran victoria.

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