ELECCIONES EN LA FISCALÍA

Los fiscales entran en campaña: discrepancias al descubierto frente a la soledad de Dolores Delgado

  • El próximo día 18 arranca la campaña para ocupar nueve puestos del Consejo Fiscal que se votan en mayo

  • En juego, la posición de influencia de las distintas sensibilidades en la carrera fiscal

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado durante la celebración este lunes del acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo en Madrid.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado durante la celebración este lunes del acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo en Madrid. / EFE/Emilio Naranjo POOL

5
Se lee en minutos

Primavera 'caliente' en la cúpula de la Fiscalía. El arranque de la campaña para las elecciones al Consejo Fiscal, fijado para el próximo lunes 18 de abril, supondrá un revulsivo en el seno de la carrera a la que pertenecen unos 2.500 funcionarios en España, que están llamados a elegir a sus representantes en este órgano. Se trata de un consejo consultivo que asesora a la fiscal general, Dolores Delgado, en materias clave como son los nombramientos y elabora los informes que dan voz a esta institución sobre los proyectos legislativos que luego llegan a las Cortes.

Nueve de los doce vocales que componen este órgano serán elegidos por sus compañeros de la carrera el próximo 4 de mayo, y todo parece aventurar que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció Delgado y que viene sustentando sus decisiones, podría perder alguno de los cuatro puestos que tiene hasta ahora y elevar así la mayoría de los que pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador.

Los números son importantes, según fuentes de la carrera consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA, porque los dos miembros natos que completan este órgano junto a la fiscal general, que son la teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal inspectora jefe, María Antonia Sanz, fueron designados por Delgado, con lo que sumando los cuatro vocales progresistas ésta se viene asegurando el apoyo mayoritario del Consejo en casi todas las decisiones.

La cuestión es que desde diversas fuentes se apunta a una cierta "soledad" de la fiscal general y sus colaboradores más leales frente al grueso de la carrera, que la viene cuestionando por las decisiones que ha tomado en diversos asuntos desde que ocupó el cargo tras ser sustituida por el ya exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

LOS 'INCIDENTES' QUE CERCAN A DELGADO


/ -

Entre ellas, las de sus nombramientos en la cúpula fiscal, a la que algunos llegan a calificar de "diseñada con criterios ideológicos" más que profesionales. Y más desde que el pasado 5 de abril el Tribunal Supremo anulara uno de ellos, el del fiscal jefe de Menores, Eduardo Esteban, por "falta de motivación".

A ello se une el hecho de que, tras la última tanda de nombramientos propuestos por el Consejo Fiscal pasado 24 de marzo -que aún no han sido aprobados por el Consejo de Ministros- el número de miembros de la Junta de Fiscales de Sala que forman parte de la asociación progresista haya llegado a los 16 del total de 33 que integran el órgano cumbre del Ministerio Público. Del resto, siete pertenecen a la asociación mayoritaria, otros ocho son no asociados y se cuenta con dos más que en su día fueron de la UPF, pero dejaron la asociación por discrepar con la línea que llevaba este colectivo.

Otros frentes abiertos a Delgado en las últimas semanas también han llegado a los tribunales, como el asunto de la constitución de la Comisión Ética, que debería ser la encargada de interpretar si los integrantes del Ministerio Público cumplen con el código deontológico que les es propio. La paralización 'sine die' del nacimiento de este órgano, cuyas seis plazas habían copado miembros de la asociación conservadora, ha sido llevado ante la Audiencia Nacional.

La AF también mantiene otro contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) a cuenta del 'caso Stampa', a lo que ha seguido una nueva petición de cese que ha tenido que ser contestada por la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que tuvo que explicar en sede parlamentaria que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla". 

El último escándalo, una enmienda metida 'de tapadillo' en Le Ley Concursal que modifica Ley que regula el Estatuto de la Fiscalía para asegurar que cuando el puesto recaiga sobre un miembro de la carrera, este "adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese", lo que se ha interpretado desde la oposición como un "premio" a Delgado por decisiones favorables al Gobierno de Pedro Sánchez. La enmienda, que ya nadie cree que pueda prosperar tras ser publicado su contenido, iba más allá y creaba la posibilidad de que el fiscal general adquiera la iniciativa de informar al Gobierno sobre los asuntos que considere de importancia para el propio Ejecutivo.

Fachada de la Fiscalía General del Estado.

/ EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD 

En este escenario, donde desde diversos sectores de la carrera fiscal se llega a cuestionar la "imparcialidad y neutralidad" de Delgado, nada más empezar la Semana Santa arrancará una campaña que muchos vaticinan será más áspera de lo que se espera para unas elecciones que no deberían ser politizadas, por tratarse de unos comicios de tipo profesional o corporativo.

Por ello, algunos aventuran que a la UPF le puede ocurrir lo mismo que le pasó a la Asociación de Fiscales (AF) hace algunos años, cuando "la carrera reaccionó" y este colectivo perdió apoyos en el Consejo Fiscal tras evidenciarse que sus vocales respaldaban de forma automática las decisiones de otros fiscales generales como fueron José Manuel Maza o Eduardo Torres-Dulce que no habían sido bien recibidas de manera mayoritaria.

Desde el sector más progresista de la Carrera se apunta, sin embargo, que existe una clara campaña contra la fiscal general Delgado que está rebasando límites que hasta ahora no se habían conocido en ámbitos profesionales, y cuyo objetivo es claramente el de rebajar la influencia de la UPF en los órganos de la carrera. 

Así, las cosas, el 4 de mayo concurren a las elecciones al Consejo Fiscal seis candidatos de la AF (Jorge Andújar, fiscal Anticorrupción dedicado en los últimos meses a la investigación del 'caso Villarejo') además de Roberto Valverde, Beatriz Sánchez Eva Más, Isabel Gómez, y Miguel Rodríguez. 

La UPF ha propuesto a otros seis candidatos entre los que se encuentra Luis del Río, fiscal superior de Canarias, además de Belén Marín Yepes, Santiago Mena, Francisco Montijano y Alexandra García Taberner. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actualmente no cuenta con representación en el Consejo Fiscal, presenta a su presidente, Salvador Viada (fiscal del Supremo y exfiscal en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia), la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez y Silvia López.

Noticias relacionadas