COALICIÓN CON EL PP

Castilla y León, el laboratorio de pruebas de Vox

Los ultras deberán probar su capacidad de gestión por primera vez para llegar con buen expediente al próximo ciclo electoral

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, interviene en el pleno del debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León.

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, interviene en el pleno del debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León. / Europa Press/Claudia Alba

Miguel Ángel Rodríguez

Laboratorio de pruebas y pista americana. Castilla y León será, a partir de ahora, todo esto para Vox. Una comunidad autónoma, la primera, en la que el partido de extrema derecha tratará de poner en marcha sus políticas desde un gobierno dirigido por el popular Alfonso Fernández Mañueco. Pero también un circuito repleto de obstáculos -los propios de gobernar un territorio y más en coalición- que los ultras deberán sortear para llegar a las siguientes elecciones (las andaluzas, salvo sorpresa) con una hoja de servicios que les permita sacar pecho. Y, de por medio, se cruza la tarea de testar al PP y servir de ejemplo para futuros pactos.

Cuatro años después de irrumpir en las instituciones, la formación de Santiago Abascal tocará poder. Antes, ya tuvo oportunidades -sus votos fueron decisivos en Andalucía en 2018 y en Madrid en 2021-, pero el partido de extrema derecha no reclamó una cuota en un gobierno autonómico hasta el pasado 13 de febrero. "¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo!", espetó Abascal el día de las elecciones sobre el candidato de Vox. Un acuerdo de "11 ejes y 32 acciones" lo ha hecho posible.

Por primera vez en la democracia, un partido de ultraderecha formará parte de un gobierno, autonómico o nacional. García Gallardo ocupará la vicepresidencia, aunque sin ninguna cartera específica, y tendrán tres consejerías -Empleo e Industria; Cultura y Turismo; y Agricultura-. Vox utilizará estas plataformas para intentar llevar a la prácticas las premisas que llevan años promulgando. Aunque el pacto alcanzado con el PP recoge propuestas poco precisas, los ultras sí introdujeron la aprobación de una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar o referencias a la derogación de las leyes de memoria histórica. Nada dice sobre el desmantelamiento del sistema autonómico, aunque el candidato lo defendió en el debate de investidura.

El expediente limpio

El contexto actual, en plena crisis económica desencadenada por la guerra de Ucrania, no es el más idóneo para el estreno de Vox. Más aún cuando ocuparán la cartera de Empleo e Industria. Tendrán aquí su primer reto y una importante prueba de su capacidad de gestión. Lo que hasta ahora evitaban -tener responsabilidades para llegar con el expediente limpio-, se ha convertido en la tarea de llegar al próximo ciclo electoral con un currículum que les respalde. La primera cita será en Andalucía, a más tardar en diciembre, y en mayo de 2023 se renovarán la mayoría de los gobierno autonómicos. Y allí donde sus votos sean necesarios, los ultras reclamarán puesto de poder.

"Toda España mira a Castilla y León, todos nuestros compatriotas vuelven sus ojos hacia nosotros para ver qué vamos a hacer en este gobierno de coalición. No podemos fallarles", reconoció García-Gallardo en el debate de investidura, consciente de la importancia de su trabajo tanto para el futuro de Vox, como para fraguar otros pactos con el PP. Aquí, sin embargo, todo dependerá la predisposición de los conservadores. Mañueco ya reconoció este lunes que discreparán en "cuestiones importantes". Quedo claro que la ley contra la violencia de género será una de esas diferencias.