El derecho internacional veta las pretensiones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

La integridad territorial de España, en lo referido a Ceuta y Melilla, no puede cuestionarse ni desde el punto de vista constitucional ni desde el ángulo del derecho internacional, que en este sentido veta cualquier pretensión que pueda tener Marruecos sobre las dos ciudades autónomas situadas en el norte de África.

Así lo señalan al EL PERIÓDICO DE ESPAÑA expertos jurídicos, coincidiendo con la visita este jueves a Rabat del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que oficializa el final de más un año de crisis diplomática y abre la puerta a una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

En este contexto, Ceuta y Melilla vuelven a entrar en el foco como resultado del reconocimiento por parte del Ejecutivo español del plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que según confirmó el Gobierno conlleva el compromiso de Rabat de renunciar a su demanda sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. 

Para José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE una eventual reivindicación marroquí sobre las ciudades autónomas "no tiene más recorrido que en el imaginario de Rabat", pues chocaría con todos los criterios establecidos por el Derecho Internacional. "Es mera retórica, no tendría que haber ningún punto de discusión, ni desde el punto de vista nacional ni internacional".

TERRITORIO NO PENDIENTE DE DESCOLONIZACIÓN

Juan Antonio Perea, del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) explica a este diario que los territorios españoles al norte de África no figuran entre los que están pendientes de descolonización para la ONU, un listado en el que sí se encuentra, sin embargo, el Sáhara Occidental.

Otros lugares cuya territorialidad sigue disputándose en el ámbito internacional son Bermudas, Caimán, Malvinas, islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos o incluso Gibraltar. La competencia exclusiva sobre lo que se determine sobre estos territorios es de la Asamblea General de la ONU según lo establece su propia Carta de constitución.

"Tampoco hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad ni ninguna sentencia de tribunal de La Haya que diga que Ceuta y Melilla no son españolas o que sean controvertidas por alguna otra razón", añade Perea. Por todo ello, considera que, pese a las aspiraciones que pueda manifestar el reino alauí, el camino lo tienen vetado completamente en lo que respecta al derecho internacional.

Por otro lado, para Jiménez el hecho de que el Gobierno citara el compromiso de Mohamed VI respecto de las ciudades autónomas tras dar un vuelco a su posición tradicional sobre el Sáhara puede explicarse como un intento de justificar de algún modo esta decisión de cara a la ciudadanía. Se busca, además, asegurar "una política migratoria más tranquila" al colocar a Marruecos como 'tapón' en la zona.

"Pero la moneda de cambio del Sáhara ya la han perdido", lamenta el profesor del ICADE, que califica la decisión del Gobierno de "volantazo absolutamente escandaloso", del que no se sabe muy bien qué hay detrás. 

MANIFIESTO CRÍTICO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA

Con el giro dado por el Gobierno de Pedro Sánchez, España asume por primera vez que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara es "la base más seria, realista y creíble" para poner fin a un conflicto que se arrastra desde 1975 y empaña desde entonces las relaciones entre los dos países. Madrid entiende que Rabat, a su vez, se compromete a garantizar la "integridad territorial" de España, es decir, a dejar de reivindicar la marroquinidad de Ceuta y Melilla.

Las críticas de Jiménez al cambio de postura son compartidas por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), que denuncian en un manifiesto que apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye "la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, y, en consecuencia, una grave violación del derecho internacional". 

La decisión, que según advierten los profesores supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sahara Occidental que ocupa ilegalmente, "conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa de derecho internacional".

En diciembre de 2020, el entonces presidente estadounidense Donald Trump avaló que el Sáhara era una parte más de Marruecos. Pocos días después, el que fuera primer ministro marroquí, Saadeddine al Othmani, aseguró en una entrevista concedida a una cadena egipcia que había llegado el momento de hablar de Ceuta y Melilla. "Llegará el día", advirtió, en que se reabrirá "el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara".

A pesar del relevo en la Casa Blanca no ha habido cambios por parte de la Administración de Joe Biden respecto a la marroquinidad del Sáhara defendida por Rabat. Y en aras de mantener estable el flanco sur de la Unión Europea en un momento en el que la guerra en Ucrania genera tensión en el Este, la 'realpolitik' se abre paso en detrimento del derecho del pueblo saharaui a elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación.