El miedo a las avalanchas migratorias fuerza a Sánchez a dar un giro en el Sáhara

Las repercusiones de la decisión del Gobierno español de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental aporta si cabe más dosis de incertidumbre al complejo tablero geopolítico que se mueve en las fronteras de Europa, aunque el objetivo de Moncloa sea precisamente evitar que el flanco sur de España y la UE suponga más riesgos de inestabilidad con nuevas avalanchas migratorias, tras la espita abierta en el este del continente con la guerra de Ucrania.

Canarias, a 100 kilómetros de la costa saharaui, es actor principal de este nuevo escenario abierto por la decisión de Pedro Sánchez y las consecuencias políticas y sociales de este viraje político en las Islas son inevitables porque la situación en la antigua provincia española pesa desde 1975 sobre el imaginario de los canarios, que tradicionalmente han simpatizado con los saharauis.

Lo más inmediato está a la vista de todos y es que el PSOE canario y su secretario general, Ángel Víctor Torres, se enfrentan al enfado mayúsculo de sus socios en el Ejecutivo regional que, en el caso de Nueva Canarias, va más allá de un simple malestar porque el apoyo al referéndum y a la autodeterminación del Sáhara forma parte del ADN de la formación que dirige Román Rodríguez. El PSOE nacional lleva tiempo tomando decisiones que molestan a Podemos en el pacto que sostiene al Gobierno central, pero el contencioso del Sáhara no es un mero conflicto que puede pasar de largo en las relaciones entre los socios en Canarias.

El conflicto de la antigua colonia española es un asunto estratégico para los nacionalistas canarios y una carga de profundidad que deja al PSOE canario en una complicada papeleta tanto de cara a la población como a sus socios en el Ejecutivo, que, en el caso de NC, ya han advertido que no van a transigir en este tema. Quizás no sea motivo para romper el pacto de las flores, pero el presidente Torres sí tendrá que usar todas sus dotes políticas para sortear los problemas que se avecinan por este cambio de posición del líder de su partido y del Gobierno. Las peticiones de comparecencia de Sánchez en el Congreso pondrán en evidencia la oposición mayoritaria a este paso dado por el Ejecutivo, mientras que en Canarias el Debate del Estado de la Nacionalidad que empieza el martes será un primer termómetro para calibrar la temperatura del pacto ya que, sin duda, el Sáhara saldrá a colación en las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Entre las principales claves de esta «nueva etapa» de las relaciones entre España y Marruecos se encuentra la problemática de la inmigración irregular, un hecho que toca muy de cerca a Canarias por las sucesivas crisis migratorias que ha padecido procedentes de la costas del África subsahariana, pero también de las orillas marroquíes y saharauis. En este contexto, el país magrebí lleva tiempo sufriendo una importante crisis económica como consecuencia de la fuerte sequía que se prolonga desde hace meses y el incremento de los precios del trigo y sus derivados, lo que golpea los precarios bolsillos de la mayoría de la población marroquí. Este escenario ahora se agrava aún más con el conflicto de Ucrania, que no solo dispara aún más los costes sino que incrementa la escasez de materias primas. Se trata de un cóctel social explosivo que ya existe en el Magreb y que se convierte en un riesgo para España.

Esta situación ha provocado que en los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores se haya analizado en los últimos meses el temor a que las avalanchas migratorias hacia Ceuta y Melilla, el Estrecho y Canarias vayan a más. Esta situación, unida a la seguridad que implica el papel que juega Marruecos en el contexto del terrorismo procedente del Sahel, inclinan a España a sellar una alianza segura con su vecino del sur con el fin de evitar nuevos sobresaltos que pongan en peligro la estabilidad de la frontera. La condición de Rabat siempre ha sido la misma: el reconocimiento de la soberanía del Sáhara. Ahora el Gobierno de Sánchez ha terminado por ceder a cambio de estabilidad, seguridad, control migratorio e integridad territorial de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla e incluso de Canarias y sus aguas territoriales.

Esta toma de posición del Gobierno español en el conflicto del Sáhara choca frontalmente con Argelia, país tradicionalmente amigo del Frente Polisario, que acoge en su territorio a los campamentos saharauis de Tinduf y que se ha enfrentado en numerosas ocasiones a Rabat por este motivo. Argel se abstuvo recientemente en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de condena de la invasión de Ucrania por Rusia, es enemigo de Israel –país que ahora es aliado de Rabat– y, en la actual crisis energética de Europa por la guerra, es suministrador de gas natural a través del gasoducto que une Argelia con la Península Ibérica.

¿El posicionamiento del Gobierno español rompe el equilibrio en el Magreb y pone en peligro los esfuerzos para que España sirva de plataforma para la llegada de gas a Europa si falla el gas ruso? La interrupción del suministro de gas a través del gasoducto que pasaba por Marruecos no es un buen precedente y las consecuencias del pronunciamiento de España sobre el Sáhara son imprevisibles si la diplomacia española y europea no juegan bien sus cartas con el Gobierno argelino.

Tensión bélica

Tampoco hay que olvidar que el Frente Polisario declaró la guerra a Rabat hace unos meses y las hostilidades entre ambos son intermitentes desde entonces, por lo que este nuevo escenario podría provocar un incremento del conflicto en la zona y en el que Argelia siempre ha tomado partido por el Frente Polisario. Toda tensión a 100 kilómetros de Canarias termina afectando al Archipiélago y la estabilidad que busca España en el flanco sur podría volvérsele en contra.

El objetivo de Rabat era cerrar el círculo una vez que Estados Unidos y Francia han reconocido como viable el plan magrebí para dotar autonomía al territorio saharaui manteniéndolo bajo su soberanía. España se alinea ahora con la tesis norteamericanas y francesas para dar una salida a un conflicto que lleva larvado nada menos que más de 46 años. El posicionamiento del Gobierno español coincide en el tiempo con el pronunciamiento de la nueva embajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso, que acaba de declarar que el plan de Marruecos sobre el Sáhara le parece «razonable», lo que refuerza al Ejecutivo de Sánchez en esta nueva etapa que quiere abrir en las relaciones con su vecino del sur.

Pero hay un actor esencial en este contencioso que también tendrá que pronunciarse y es Naciones Unidas, que sigue manteniendo en el antiguo Sáhara Occidental una misión de paz (Minurso) y un representante del secretario general de la ONU que velan no solo por la seguridad en el territorio, sino por la celebración de un referéndum pactado en 1991 y que Marruecos rechaza. A día de hoy para Naciones Unidas el territorio saharaui está pendiente de descolonización.

El otro actor supranacional en este contencioso es la Unión Europea. Bruselas y Rabat mantienen desde hace varios lustros un acuerdo comercial especial, muchas veces criticado por los agricultores españoles por dar preferencia a los productos marroquíes en los mercados españoles y comunitarios. Sin embargo, mientras la Comisión Europea intenta llevarse bien con el Gobierno marroquí pero sin desautorizar a la ONU, la Justicia europea va por otro camino y se acumulan las sentencias interpuestas por el Frente Polisario y otras organizaciones que fallan a favor de los intereses saharauis por la explotación que hace Marruecos de los recursos pesqueros y naturales saharauis al tratarse de un territorio sin descolonizar.