Pruebas contra la impunidad en Ucrania: abogados españoles recogerán testimonios entre refugiados para la CPI

La abogacía española no solo se ha movilizado para facilitar a los refugiados ucranianos el 'papeleo' para obtener la protección temporal que les brinda la UE y les permite obtener la residencia o acceso laboral en nuestro país, sino que ha decidido ir más allá y colaborar en la demanda presentada por un total de 39 países, entre ellos España, contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

Blas Jesús Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía (CGAE), explica a El PERIÓDICO DE ESPAÑA que para ello han puesto en marcha un mecanismo que permitirá recoger testimonios de personas que han llegado a España huyendo del horror de la guerra y que han podido presenciar actos concretos para "armar" el sumario por crímenes de guerra contra los responsables rusos. La redacción del cuestionario se está ultimando para que pueda localizar hechos lo más precisos posible.

La concreción es importante, y permitirá establecer si hay prueba suficiente para hablar de alguno de los cuatro delitos sobre los que tiene competencia la Corte según el Estatuto de Roma de 1998, y que son los de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión (de la Federación Rusa contra Ucrania). Las imágenes atroces que ha dejado la retirada rusa de los alrededores de Kiev no dejan lugar a dudas, pero quizá los desplazados puedan relatar acciones concretas que permitan aquilitar las acusaciones.

En el fondo de todas estas actuaciones pivota el reconocimiento de las dificultades que entraña que Rusia ni siquiera reconozca la jurisdicción de la CPI. No obstante, según los abogados, no se puede ni se debe renunciar a disponer de la prueba necesaria para el caso de que Putin o alguno de sus generales tengan que abandonar su país y recalen en un Estado que sí aplique el Estatuto de Roma.

UN JUEZ EN EL COMITÉ DE ANÁLISIS

El mecanismo aprobado supone la distribución de un cuestionario a realizar a los desplazados que quieran compartir sus experiencias, y esos testimonios serán analizados por un comité de expertos, del que forman parte un juez, catedráticos expertos en derecho internacional y abogados que valorarán la solidez de dichos relatos de cara a identificar alguno de los delitos que puede investigar la CPI.

Dirigido por Imbroda, está compuesto por el juez José María Asencio, el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante Jaume Ferrer y el abogado David Querol, expertos en derecho internacional y justicia penal internacional, que contarán, además, con el apoyo técnico de la Fundación Abogacía Española.

El filtro que realice este comité es importante porque, si bien todos los desplazados son víctimas de la invasión de Putin, no todas sus experiencias entran en la calificación de crímenes de guerra que exige el Estatuto de Roma. 

Se buscará a personas que hayan sido testigos, por ejemplo, de ataques en los pasillos humanitarios o que puedan identificar a sus víctimas y familiares. También pueden presentarse ante la Corte Penal Internacional testimonios por otros 'actos prohibidos' en cualquier conficto, como pueden ser ataques a hospitales, centros de enseñanza o edificios civiles, y entre los desplazados a nuestro país pueden encontrarse muchos testigos de estos actos.

Con el éxodo de ucranianos hacia otros países europeos se corre el riesgo, alerta la Abogacía, de la dispersión del testimonio de las víctimas de la guerra. “Todos los países europeos deberían contribuir a recabar los fragmentos de ese testimonio y brindarlo a la Justicia para que los perpetradores de crímenes atroces puedan ser juzgados”, afirman desde el CGAE. El Consejo General de la Abogacía, que está en contacto con la embajada de Ucrania en España, colaborará también con la Fiscalía y la Oficina de Víctimas de la CPI.

Con respecto al Ministerio Público español, la labor de los abogados incide en el cumplimiento del memorando de cooperación firmado recientemente con la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, con quien Delgado mantuvo un encuentro a principios del pasado marzo. Mediante este documento, las dos fiscalías de asegurar los objetivos de la justicia en los crímenes cometidos por Rusia contra Ucrania, y para ello serán también de gran valor los testimonios recogidos.

APOYO JURÍDICO A LOS DESPLAZADOS

Por otra parte, Imbroda se muestra convencido de que la abogacía española es pionera en este aspecto, así como en el apoyo que desde la Abogacía se viene dando desde hace ya un mes en lo que respecta al apoyo jurídico a los refugiados. 

Según la norma aprobada por la UE, a quienes huyen de la guerra se les otorga protección temporal en la UE, lo que significa que se les facilitará un permiso de residencia, acceso al mercado laboral, acceso a la vivienda, asistencia social, asistencia médica o de otro tipo y medios de subsistencia. La protección será automática para ucranianos, refugiados de terceros países y apátridas, mientras que para residentes no ucranianos los distintos países podrán elegir darles un 'estatus nacional' equivalente.

En esta labor participan cientos de letrados de todos los colegios profesionales de España e incluso algunos, coordinados desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, colaboran sobre el terreno en Polonia, en coordinación con el Colegio de Abogados de Varsovia, para canalizar a llegada de refugiados en régimen de reagrupación familiar o acogida temporal desde la propia frontera. Además, el Consejo, que está coordinando toda esta actuación, ha elaborado una guía, traducida también al ucraniano, sobre sus derechos y cómo reclamarlos.