ANTICORRUPCIÓN

Delgado decide este lunes si el 'caso Ayuso' se divide entre Europa y Anticorrupción

La Junta de Fiscales de Sala debatirá cómo debe investigarse el contrato de la empresa Priviet Sportive a la que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas por 1,5 millones en pleno estallido de la pandemia de covid

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. / Europa Press

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La Junta de Fiscales de Sala, un órgano del que forma parte la cúpula de la carrera fiscal, ha sido convocada este lunes para establecer criterios unitarios de interpretación sobre un tema hasta ahora inexplorado por el Ministerio Público en relación con la nueva Fiscalía Europea, que comenzó su andadura en junio del pasado año y cuya competencia es la de investigar posibles desvíos de fondos comunitarios. 

No será la primera Junta de fiscales que se celebra bajo el mandato de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pero tendrá trascendencia mediática porque llega de la mano del primer choque que sale a la luz pública entre el organismo europeo y la Fiscalía Anticorrupción española, y además a cuenta del denominado 'caso Ayuso'.

Se analizará cómo debe investigarse el contrato de la empresa Priviet Sportive a la que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas por 1,5 millones de euros en pleno estallido de la pandemia de covid, un negocio en el que habría participado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.

LA FISCALÍA EUROPEA VE MALVERSACIÓN

El conflicto ha sido activado por la que fuera una de las férreas fiscales del 'caso Gürtel', Concepción Sabadell, que hoy es la representante de la Fiscalía Europea en España tras ser designada en julio de 2020, siendo ministro de justicia Juan Carlos Campo. Desde este puesto ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la instrucción del caso al ver indicios de un posible delito de malversación, y se ve competente porque las mascarillas se pagaron con dinero del El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Sabadell remitió al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, una petición de avocación de diligencias, lo que supondría que la Fiscalía española perdería este asunto en favor de la europea. Desde España no se puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación, pero la clave está en los delitos conexos que pueden afectar a funcionarios españoles, como es el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios, que desde Anticorrupción se defiende que no pueden ser cedidos al organismo europeo.

Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Luzón manifestó su oposición a las pretensiones de Sabadell y el lunes se discutirá una resolución que aclarará el camino a adoptar. Delgado ha elaborado un borrador en el que propone partir en dos la causa para que cada fiscal realice las diligencias que considere oportunas para los delitos que le correspondan. 

El problema es que desde Anticorrupción ya se adelanta que no existen 'a priori' indicios de malversación de fondos públicos porque las mascarillas fueron pagadas y se entregaron efectivamente en el Pabellón 10 de IFEMA. Este criterio sería en principio contrario al que ha motivado a Sabadell a reclamar la causa para el organismo comunitario.

La Junta de Fiscales de Sala la preside Delgado y de ella forman parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde y los fiscales de Sala (la más alta categoría en la carrera), entre los que se encuentra el propio Luzón. Tras escuchar su criterio, Delgado adoptará una decisión sobre el caso.

Su mera convocatoria ya arrastra cierta polémica porque, según las fuentes consultadas, frente a la cuestión de competencia planteada Delgado ya adoptó una decisión el pasado miércoles dando la razón a Luzón sin haber convocado a la Junta, cuya intervención es obligatoria según el Estatuto Fiscal. Tras advertir el "error", la decisión tuvo que dejarse sin efecto el día siguiente y la Junta fue convocada para este lunes 28 de marzo. Entre tanto la Fiscalía europea mantiene su competencia.

¿CUÁNTO COBRÓ EL HERMANO DE AYUSO?

Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano Tomás habría cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial.

Unos días más tarde, la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico. Se trata de una cifra muy similar a la que difundió la dirección del PP encabezada por Pablo Casado y el ya dimitido Teodoro García Egea, dando origen a un conflicto interno en el partido que puso fin a la Presidencia de Casado en el principal partido de la oposición.

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