JUSTICIA INTERNACIONAL

Así es la doble estrategia judicial de España contra la guerra de Putin

  • España podrá recoger testimonios de víctimas de la guerra que servirán para "armar" un sumario contra los responsables rusos en la CPI, mientras la Audiencia Nacional estudia si hay víctimas españolas

  • Expertos recuerdan que aunque Rusia no reconoce esta jurisdicción, sus responsables podrán ser perseguidos en Estados que firmaron el Estatuto de Roma

Así es la doble estrategia judicial de España contra la guerra de Putin
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Activar la jurisdicción penal internacional desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sumarse a una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de la doble vía judicial elegida por España frente a la escalada en los crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Vladímir Putin contra el pueblo ucraniano. 

Expertos en derecho internacional público coinciden en que se trata de actos más simbólicos que otra cosa, teniendo en cuenta las dificultades que entraña que Rusia ni siquiera reconozca la jurisdicción de la CPI. No obstante, suponen una "sanción moral" a sus acciones en el plano internacional y, en último término, permitirán reunir testimonios y "armar un sumario" para el caso de que Putin o alguno de sus generales tengan que abandonar su país y recalen en un Estado que sí aplique el Estatuto de Roma.

España se ha adherido oficialmente a la demanda de la comunidad internacional contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, mediante la firma de una carta dirigida al fiscal de este tribunal, Karim A.A. Khan, instándole a investigar posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio que se podría haber cometido en la invasión de Ucrania.

Para formular dicha adhesión era necesario un acuerdo del Consejo de Ministros que se produjo el pasado 15 de marzo a propuesta de los ministerios de Exteriores y de Justicia. Durante la rueda de prensa posterior, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez concretó que se trata de un petición al fiscal "para que investigue si se hubieran cometido crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Internacional en Ucrania" y que se realiza "ante la escalada de las atrocidades cometidas durante la invasión y como seña de solidaridad con el pueblo ucraniano" .

INVESTIGACIÓN A VÍCTIMAS ESPAÑOLAS

La segunda vía judicial contra Putin pasa por las actuaciones iniciadas por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que la semana pasada firmó un decreto encargando al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, investigar la "agresión" rusa contra Ucrania, país en el que residen ciudadanos españoles que según el Ministerio Público están siendo "víctimas" de actuaciones ilegales por parte de la Federación Rusa. 

A ello se ha unido la firma de un Memorándum de Cooperación con la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, con quien Delgado mantuvo un encuentro el pasado 5 marzo. El Memorándum es el instrumento que utilizan las fiscalías para cooperar a nivel internacional, y en este caso se trata de asegurar los objetivos de la justicia en los crímenes cometidos por Rusia contra Ucrania de acuerdo con las normas y tratados internacionales. El documento se ha elaborado en cooperación con el Ministerio de Exteriores en cumplimiento de la Ley de Acción Exterior, han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en fuentes del Ministerio Público.

Las mismas fuentes señalan que las dos acciones, tanto la del Ejecutivo -que se realiza a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), cuyo representante por España es actualmente el exjuez de la Audiencia Nacional José de la Mata- como la de la Fiscalía son independientes pero "colaborativas", por lo que puede que la información que se recoja por Fiscalía acabe en la Corte Penal Internacioal y, al contrario, que datos que maneje Eurojust se aporten a la investigación a posibles víctimas españolas en la Audiencia Nacional.

Según los expertos, el presidente ruso y sus generales han vulnerado claramente los convenios que rigen el derecho internacional humanitario, pero el hecho de que Rusia no se someta a la Corte Penal Internacional (CPI) reduce las posibilidades de que finalmente acaben sentados en un banquillo ante una corte internacional y sean juzgados.

Según Juan Antonio Perea, del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la doble vía iniciada por España no cambia esta situación, y en realidad la iniciativa Española y del resto de países que han consensuado una carta al fiscal Khan se suma a la actuación que éste había adoptado ya de oficio. 

LITUANIA FUE EL PRIMERO

De hecho, ya han empezado unas investigaciones preliminares y se realizó un llamamiento a los países firmantes del Estatuto de Roma para que "coadyuvaran" (es el término jurídico utilizado en este caso). El primer estado en hacerlo fue Lituania, y a ellas se han sumado hasta 39 miembros, entre los que se encuentra el Reino de España.

¿Qué pueden aportar estos estados? Según Perea sobre todo testimonios, y de ahí la importancia del Memorandum firmado con la fiscalía ucraniana. Se trata de recabar testimonios de las víctimas en dicho país y en los estados a los que vayan llegando los refugiados, por lo que España y países como Polonia tienen muchas posibilidades de recabar esta información. Con dichos testimonios se elaborará un sumario que, al incluir crímenes perseguibles siempre, se sea o no miembro de la CPI, permitirá proceder contra Putin y a sus altos cargos si, por ejemplo, un cambio de régimen les obliga a salir de Rusia y acaban en algún estado que sí ha suscrito el Estatuto de Roma, donde podrían ser detenidos y entregados a la Corte. 

Por su parte, el profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE José Ángel López Jiménez señala a este diario coincide con Perea en que la doble vía judicial elegida por España no modifica las dificultades para lograr un juicio contra Putin, si bien califica las actuaciones de España de "interesantes y casi necesarias". En todo caso, destaca a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su relevancia simbólica, a modo de "sanción moral de la comunidad internacional", lo que también tiene su importancia.

TRIBUNAL 'AD HOC'

Las posibilidades de juzgar a Putin en la Corte Penal Internacional son escasas, dado que la Administración de Putin no reconoce esta jurisdicción, mientras que también existen posibilidades remotas para que se diera un segundo escenario, consistente en la creación de un tribunal 'ad hoc' para este conflicto. "Para que se diese esto debería haber un conflicto militar a gran escala que acabase con la derrota de Rusia", aventura este experto.

Otro tema del que depende el derecho internacional en este asunto es, en el caso de una derrota de Ucrania, el del posible reconocimiento de un gobierno de Volodímir Zelenski en el exilio. Aunque la efectividad de dicho reconocimiento sería muy discutible, la carga simbólica de un Zelenski considerado de este modo por la comunidad internacional, frente a la posible existencia de un 'gobierno títere' que pusiera Putin en Ucrania, sería muy relevante, según López Jiménez. 

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