La debilidad interna de UP inquieta al PSOE y dificulta la gestión de la crisis

El pasado martes, fiel a su estilo, denunciando anomalías como quien no quiere la cosa, el líder del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, dijo que la ausencia de los representantes de Unidas Podemos en las votaciones de la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas provocó que el PSOE perdiera varias resoluciones. El diputado catalán, que es muy hábil en la lectura de los contextos políticos, puso en relieve este hecho porque resonaba de fondo, a todo volumen, la división interna que en el Gobierno ha provocado el viraje sobre el Sáhara Occidental y el alineamiento con Marruecos.

No lo explicitó, pero Bel dejó entrever que podía tratarse de una protesta orquestada. Comprobarlo requería observar la sesión de la Comisión de Defensa que a la misma hora votaba una serie de proposiciones no de ley. Allí estaban, levantando la mano, los representantes de Unidas Podemos. En consecuencia, falsa alarma.

Sin embargo, este pasado jueves, en la Comisión de Seguridad Nacional que reunió a diputados y a senadores volvió a producirse la ausencia de los diputados "morados". El efecto en las votaciones de las tres proposiciones no de ley apenas se notó, pues las tres que se debatieron terminaron aprobadas. Una del PP salió adelante, y otra del PSOE y hasta una de Vox. No es habitual que las iniciativas de la formación de Santiago Abascal reciban el visto bueno. Con todo, más que ese respaldo, lo que comentaron sus señorías fue la "desaparición de Unidas Podemos", en expresión de una fuente que conversó al respecto con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Cree este diputado que la razón por la que el grupo que coordina Pablo Echenique evitó la asistencia y el voto en la Comisión de Seguridad Nacional tiene que ver con la noticia adelantada por este medio: la renuncia a seguir en el grupo de la diputada canaria María del Carmen Pita, Meri Pita. Mejor no dejarse ver para no tener que comentar la nueva crisis interna de un grupo que no está ni mucho menos en su mejor momento.

La lista de desacuerdos

En la dirección parlamentaria socialista, la relación con los homólogos de Unidas Podemos no está rota ni es mala. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, conversa a menudo con Pablo Echenique. Hace pocas semanas se reunieron para estrechar la coordinación y comprometerse a que las diferencias respecto de la investigación de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia quedaran difuminadas, si no aparcadas. Enumeraron una serie de normas que mejor aprobar con holgura, por eso de sacar músculo y mostrar a los adversarios que la salud de la mayoría progresista del Congreso es buena. Entre esas normas, la de vivienda.

Desde entonces, aunque las discrepancias sobre cómo investigar los abusos en la Iglesia se han limado, no ha habido avances notables en nada más. Ejemplos: la derogación de la ley mordaza sigue atascada, el informe sobre la de igualdad de trato se ha retrasado una semana como poco, la del sí es sí necesita más reuniones de la ponencia, la audiovisual está parada, así como la de telecomunicaciones... Podrían añadirse la falta de consenso sobre la reforma fiscal. La lista es larga.

Y por si no lo fuera, cabría añadir los choques por el envío de armas a Ucrania, las medidas a explorar para bajar el recibo de la luz o acabar con los paros de transportistas, y sobre todo, la decisión de Pedro Sánchez de apoyar el plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara para hacer evidente que la lista de disensos, más que lista, es una miríada.

Así que es lógico que los adversarios de la coalición, PP, Vox y Cs, principalmente, en vez de amilanarse pese a ser minoría, estén más crecidos que nunca. Fuentes de la formación liberal, que están convencidas de que su utilidad reside en su capacidad de pactar a izquierda y derecha, se frotan las manos porque prevén meses de llamadas del Gobierno para negociar, sobre todo, las normas de índole económica, que no son pocas. La Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Justicia y la de Transportes tienen la nevera llena de trámites que hay sacar pronto.

Dos "síes" menos

La narrativa que destaca que la legislatura atraviesa un punto de inflexión se ha impuesto esta semana. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, afirmó el martes que es un momento crítico. El de Más País, Íñigo Errejón, describió la situación con una palabra "bifurcación" y con una expresión, "al Gobierno se le está yendo la legislatura de las manos". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tildó el momento de "época negra". Su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se manifestó con palabras parecidas.

Por tanto, la oposición de derechas ve débil a la alianza parlamentaria de PSOE-Unidas Podemos, y lo peor de todo, es que los aliados de izquierdas, también. Que Aitor Esteban, jefe del grupo del PNV en el Congreso, se haya pasado la semana más que enfadado no es casual. Fuentes de su entorno explican ese ánimo combativo, a veces agresivo, por el giro histórico dado con el Sáhara. Que nadie del Ejecutivo hubiera informado de ello con antelación le sentó muy, muy mal.

En unas circunstancias marcadas por los paros de transportistas, lineales de supermercados vacíos, el precio del combustible y la sensación de que los días que vendrán no serán mejores (culpa de una guerra en la frontera oriental de la UE), la gestión del día a día en el Congreso, en donde se aprueban leyes y se convalidan decretos, se vislumbra laberíntica. Ante ello, el presidente, Pedro Sánchez, y su equipo en el Gobierno y en el PSOE se han propuesto pragmatismo. Forjar mayorías no tiene por qué depender de unos partidos u otros.

Eso pasa por mantener cohesionado el bloque de 155 escaños que forman los partidos de la coalición. Sin esa base, sólo el respaldo del PP evita derrotas políticas. Como nadie espera que los populares salgan al rescate del PSOE, la estabilidad parlamentaria depende de los 24 diputados que suman ERC (13), PNV (6) y EH Bildu (5) o de los 22 que suman PNV, Cs (9), Más País-Compromís (3), Teruel Existe (1), PRC (1), Nueva Canarias (1) y Coalición Canaria (1).

Como quiera que los independentistas catalanes de Esquerra y de la izquierda abertzale no van a dar un cheque en blanco, la búsqueda de mayorías se vuelve farragosa. La aritmética se estrecha tanto que las votaciones pueden depender de uno o dos escaños. Sigue reciente el desenlace del decreto de la reforma laboral, que en un principio se salvó por UPN, con el que hasta entonces el PSOE no contaba ni para las proposiciones no de ley. Al final, lo salvó Alberto Casero, del PP, porque se equivocó.

Más de un diputado socialista recordó entonces el caso de Alberto Rodríguez. Su escaño sigue vacante. PSOE y Unidas Podemos afrontaron el Rubicón de la reforma laboral con 154 diputados y con nulo margen de error. Dentro de unos días, afrontarán la gestión de la crisis provocada por la guerra de Ucrania con 153 escaños. Meri Pita pasará al grupo Mixto, y aunque su intención, como avanzó en la carta en la que comunicó su renuncia, es apoyar al Gobierno, advirtió: siempre que sus políticas sean fieles a la ideología que brindó a PSOE y a Unidas Podemos el bloque parlamentarios más robusto.

Los socialistas, viendo el panorama, están preocupados. Distintas fuentes reconocen que las negociaciones con el socio suelen estar plagadas de curvas, fundamentalmente las leyes emblema. Eso despierta desconfianza. Advierten en la dirección socialista un afán más acentuado de los interlocutores de Unidas por diferenciarse y por presionar con ahínco, en especial desde que empezó el año. Son conscientes, apuntan fuentes de este grupo, de que la cohesión interna en los "morados" es frágil.

Quizá sabedora de esa falta de músculo y de homogeneidad, notoria durante el mes de enero, en plena negociación para convalidar el decreto de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha volcado en el grupo. "Está más encima". Lo dice una fuente de la plana mayor parlamentaria de Podemos. La primera tarea ha sido coordinar los mensajes.

El primer examen será el decreto con las medidas "anticrisis" que aprobará el Consejo de Ministros el día 29, pues tendrá que avalarlo el Congreso durante los 30 días siguientes. Será un examen exigente al que la coalición llegará mermada.