El rey Juan Carlos, sin inmunidad en Inglaterra: ¿qué puede pasar ahora?

La justicia británica ha determinado que una vez que Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado perdió la inmunidad que le permitía no tener que responder por su conducta. Los argumentos de su defensa, con los que pretendía seguir amparado ante cualquier reclamación judicial, y especialmente la demanda por acoso que presentó en su contra su examante Corinna Larsen, no han convencido al magistrado británico Matthew Nicklin encargado de decidir, tras escuchar las alegaciones de la acusación y la defensa, si su pertenencia a la Casa Real y su actividad a su servicio hasta 2019 le seguía protegiendo.

La primera consecuencia de la decisión del juez británico es que el estatus de Juan Carlos I en Gran Bretaña es clara: responderá como cualquier ciudadano ante la demanda presentada por Larsen ante los tribunales de ese país por los hechos que le atribuye tras su abdicación. Ello significa que, si no logra revocar la decisión adoptada por la justicia británica o alcanza un acuerdo previo con quien fue su pareja, tendrá que defenderse en un procedimiento judicial de las acusaciones de Larsen. La empresaria ya mostró sus cartas en el primer juicio que se celebró contra el excomisario José Manuel Villarejo, que acabó absuelto de una demanda similar pero presentada por el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

En esa vista, celebrada en Madrid en enero de 2021, declaró como testigo la propia Larsen y refrendó por videoconferencia desde Londres lo dicho por Villarejo, que había sido amenazada en 2012 por el que era responsable del CNI, y que actuaba por orden de Juan Carlos I. En aquel juicio no se juzgaba al emérito, a diferencia de lo que ocurre en la actual por el acoso y hostigamiento que dice haber sufrido por parte del emérito antes de su abdicación, pero también después, que es lo que queda libre de la inmunidad.

Lo esperado

Fuentes próximas a la defensa del emérito han señalado a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que la decisión británica era la esperada, porque el estatus y la protección que le dispensaba la Jefatura del Estado también la perdió en España. Por eso, como primera medida para oponerse a la demanda, apostó por tratar de demostrar que hasta 2019 siguió activo para la Casa Real y la protección que esta tiene debía serle extendida a él. El fracaso de ese intento de cortar de raíz cualquier reclamación semejante asimila su situación a la que tiene en España.

Los decretos de archivo de la fiscalía recuerdan que la Constitución española concede la inviolabilidad al jefe del Estado, lo que significa que no se le puede perseguir por ningún acto ni en el ejercicio de su cargo ni en su actividad privada mientras era rey. El ministerio público dejó constancia de esa circunstancia a la hora de archivar parta de las investigaciones relativas que tenía entre manos, entra ellas, la relativa a los 65 millones de euros que recibió de la monarquía saudí y no seguir investigando si podía ser constitutivo de un delito de cohecho.

A partir de su abdicación en junio de 2014 abandonó la inviolabilidad y, como única protección, mantuvo el fuero ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la misma garantía con la que cuentan los diputados y miembros del Gobierno, pero que no impide investigarle y juzgarle. De hecho, a raíz de las diligencias fiscales abiertas presentó dos regularizaciones fiscales por más de cinco millones de euros para neutralizar una acusación por delito fiscal. Obedecía a los impagos a Hacienda que había protagonizado por el uso de tarjetas opacas (a nombre de su ayuda de campo y sufragadas por el empresario Allen Sanginés-Krause) y los vuelos y hoteles que le pagó la fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans.