Manifestación del 20 de marzo: examen a las medidas del Gobierno para el mundo rural

El último Consejo de Ministros trajo buenas noticias al campo. El Gobierno aprobó un paquete de medidas fiscales, laborales y de financiación para un sector que sufre las consecuencias de la sequía, la pandemia y ahora también de la guerra de Ucrania. Y que ha vuelto a levantarse en armas. Asociaciones mayoritarias de la agricultura y ganadería, pero también de la caza o cooperativas agroalimentarias, secundan un manifiesto con 19 demandas que llevarán hasta Madrid este sábado 20 de marzo “en defensa del campo, su cultura y sus tradiciones”. No es la primera vez. La legislatura arrancó en 2020 con el mundo rural echado a las calles, un ministro de Agricultura “preocupado por la preocupación del sector” y un buen puñado de promesas. Aunque la pandemia acabó por reordenar la agenda de la coalición, en estos dos años ha habido medidas para intentar satisfacer a un colectivo que sigue dispuesto a insistir en sus reivindicaciones.

Las medidas del Gobierno

El campo insiste en pedir seguros agrarios que “se puedan asumir por las explotaciones”, y el Gobierno ha anunciado que aumentará la dotación aprobada para 2022 en lo que sea necesario “para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación”. En el último paquete de medidas de Agricultura, aprobado esta misma semana, se incluye una rebaja del 20% en los módulos del IRPF a los agricultores, ayudas económicas, la posibilidad de aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y líneas de crédito ventajosas. También se ha aprobado, para las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, la reducción de entre el 50% y la exención total de las cuotas del canon de regulación y de las tarifas de utilización del agua.

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Plan Estratégico que el Gobierno llevó a Bruselas tampoco gustaron nada a agricultores y ganaderos, pese a los intentos del ministro Luis Planas por mostrar sus bondades. La nueva definición de agricultor activo exige que al menos el 25% de los ingresos totales de 2022 sean agrarios para acceder a las ayudas, y el sector pide que se tenga en cuenta la pérdida de renta de las explotaciones. Planas ya ha anunciado que solicitará la flexibilización de las condiciones de aplicación.

Peticiones desoídas

Otra reivindicación histórica es la posibilidad de contratar la doble potencia eléctrica para los regadíos; esto es, disponer de una potencia más baja para la parte del año en que hay menos consumo. El Gobierno la incluyó en los presupuestos de 2021 y en la nueva ley de la cadena alimentaria, pero sigue pendiente de un reglamento que permita que pueda aplicarse.

Guiños insuficientes

Varias de las peticiones con las que el campo saldrá a la calle este 20 de marzo tienen que ver con la caza. Agricultura ha aprobado por unanimidad con las comunidades autónomas la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Planas se esfuerza no solo en destacar que el Gobierno no pretende acabar con la caza, sino en señalar su papel “fundamental” y lanzarles guiños. Pero las peticiones del sector van más allá: piden recuperar la caza en parques naturales, cuya prohibición entró en vigor después de la moratoria de seis años que fijaba la ley de 2014, y protestan contra la prohibición del plomo, que contó con el voto a favor del Gobierno en la UE.

Peticiones de difícil encaje

La nueva norma laboral del Gobierno limita las causas de contratación temporal, pero las entidades que firman el manifiesto reivindican que es “intrínseca del sector agrario”. También piden que se retire la ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que el Gobierno envió al Congreso hace unos meses y sigue su curso parlamentario. El texto incluye a los perros de caza y a los que usan los pastores, pese a que Agricultura pretendía que quedaran fuera, pero en el pulso interno se impuso el criterio de Ione Belarra, al frente de la cartera de Derechos Sociales.

En septiembre, el Gobierno incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), impidiendo su caza. Los ganaderos piden su retirada y “planes de gestión sostenible de la especie”. Pero el principal problema es qué entienden unos y otros por sostenible: el Ejecutivo cree que su borrador de la estrategia del lobo “pone el foco en la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva” al incluir medidas preventivas e indemnizaciones ante los posibles daños que cause el animal con un presupuesto de 20 millones de euros.

Los problemas de la España rural