Hacienda toma el relevo a la Fiscalía en la investigación fiscal a Juan Carlos I

La Agencia Tributaria ha tomado el relevo a la Fiscalía del Tribunal Supremo tras el carpetazo dado el pasado 2 de marzo a las diligencias abiertas por el patrimonio presuntamente irregular de Juan Carlos I. La decisión del Ministerio Público deja ahora margen para actuar por la vía administrativa sobre "algunos flecos" correspondientes a los años en los que la responsabilidad tributaria aún no ha prescrito, pero que no permitieron imputar ningún delito al emérito dado que el total de lo defraudado no superó los 120.000 euros.

Entre estos 'flecos' pendientes estarían, según el decreto de archivo de las investigaciones firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, algunos de los gastos realizados por las fundaciones utilizadas por el entorno del monarca, como Zagatka -a nombre de su primo Álvaro de Orleans y entre cuyos beneficiarios aparecía Juan Carlos I-. Entre ellos, el de la compra de tres armas de fuego en junio de 2018 por un valor total de 102.000 euros que el aristócrata donó al exmonarca.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez Boga, considera que no se puede conocer si Hacienda ha actuado ya de facto en estos supuestos, dado el deber de sigilo que ampara las actuaciones de la Agencia Tributaria. "Pero en este caso rompo una pica por mi empresa porque seguro que ya lo hemos hecho, lo que pasa es que se ha enterado quien se tiene que enterar, el contribuyente y Hacienda, nada más", ha afirmado este miércoles durante un encuentro con la prensa.

Según este experto, en cuanto Fiscalía archiva unas actuaciones deja a los inspectores el camino libre para hacer cualquier tipo de comprobación dentro del plazo de prescripción, y no tiene duda de que eso es lo que ha ocurrido en este caso.

En cuanto a las cuestiones más "gruesas" y que la Fiscalía archivó por distintas razones -prescripción, inviolabilidad del monarca o las regularizaciones ya presentadas- el presidente de los Inspectores de Hacienda tiene claro que ahí ya no va a encontrarse nada porque la investigación en el Tribunal Supremo ya la estaba haciendo también Hacienda a través del auxilio judicial, trabajando "codo a codo con los fiscales".

COMPETENCIAS PARA INVESTIGAR

Sobre este asunto, a los inspectores asociados les preocupa que haya trascendido la sensación de que "Hacienda no ha hecho nada", y en este contexto reclaman más competencias para poder investigar posibles delitos fiscales antes de tener que retirarse en favor de la Fiscalía o los tribunales. "Tenemos una judicialización temprana cuando los inspectores son los más capacitados", lamenta. 

Por ello también proponen la creacion de una Oficina Nacional del Fraude que les permita actuar contra el delito fiscal junto con policía judicial y fiscales, algo que consideran más sencillo que tener que reformar leyes orgánicas para dotarles de unas competencias de las que ahora carecen.

SITUACIÓN TRIBUTARIA DEL EMÉRITO

Por otro lado, y una vez conocida la carta de Juan Carlos I a su hijo, anunciándole que continuará residiendo "de forma permanente y estable" en Abu Dabi, una de las incógnitas a despejar es a de la situación tributaria del exmonarca teniendo en cuenta además su ausencia de ingresos después de que Felipe VI le dejara sin prestación en marzo de 2020, a raíz de los escándalos por la gestión de su patrimonio.

Sobre este asunto, Pérez Boga ha señalado que, en relación con posible patrimonio o rentas que pueda tener el rey emérito en España, no cabe duda de que la Agencia Tributaria las conocerá "y va a tributar por ellas", con independencia de la fijación de su residencia fiscal en Emiratos Árabes.

Según ha explicado el presidente de la asociación de inspectores, para analizar el caso concreto de Juan Carlos I hay que hablar de tres vínculos de conexión con nuestro país a efectos fiscales. El primero se descarta de plano, ya que es el relativo a la presunción de residencia por tener hijos menores y cónyuge en nuestro territorio.

Otro dato a tener en cuenta por Hacienda es el número de días de residencia en España, que tiene que ser superior a 183 salvo que se acredite residencia fiscal en otro país. En el caso de Juan Carlos I, y con la salvedad de no conocer los datos concretos, parece bastante probable que tenga la residencia fiscal en Emiratos. 

"Si este señor coge y trae su certificado de residencia fiscal, pues con la normativa como hasta ahora tenemos que encogernos de hombros y decir, bueno, pues vale el certificado de residencia fiscal, salvo que pudieramos demostrar que ha pasado aquí 184 días", ha señalado Pérez Boga, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

CENTRO DE INTERESES ECONÓMICOS

El tercer punto a analizar es el denominado "centro de intereses económicos", algo que no está regulado, pero se aplica a menudo en casos como los de deportistas o empresarios españoles que tributan fuera de nuestro país, y que se encuentra en el país donde el contribuyente tenga más patrimonio o rentas.

"Si el emérito fuera mi contribuyente entraría en la base de datos y le diría, señor usted tiene aquí este patrimonio, justifíqueme que tiene más patrimonio fuera de España -razona el experto- Y a lo mejor el señor me dice pues sí, todo esto en la isla de no sé qué, y habría que darle la razón, ahí está el debate".

En todo caso, ha explicado que cuando una persona tiene la residencia fuera de España tiene que tributar en el país de residencia, que en este caso es Emiratos. La pregunta surge si existen rentas o patrimonio en nuestro país, porque en este hay que estar a lo que diga el convenio de doble imposición firmado con el citado estado. "Pero el convenio de Emiratos Árabes es curioso porque se tiene que ser nacional de dicho país para que se pueda aplicar. La consecuencia es que si Juan Carlos I tiene rentas en España, tributaría por dichas rentas en España por obligación", concluye.