El Gobierno activa un plan de urgencia para evitar el colapso administrativo con los refugiados

España está, como otros Estados miembros de la Unión Europea, volcada en la recepción de refugiados que huyen de la sinrazón de la guerra en Ucrania. Toca atender el éxodo de mayores dimensiones desde la II Guerra Mundial. La burocracia y el movimiento de personal especializado para hacer frente a la situación ya es desbordante. Y no hay tiempo que perder. El Ejecutivo central prepara 5.400 plazas y cuenta con que los gobiernos regionales y locales aporten otras casi 13.000. Madrid, Barcelona, Alicante (y puede que en breve Málaga) albergan centros de recepción de referencia.

El presidente Pedro Sánchez se encargó de entrar en detalles con sus homólogos autonómicos en La Palma. Dijo que habrá financiación extra. Previamente habían existido contactos con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y, seguramente, entre todos se debatieron algunos de los puntos del plan de urgencia en el que desde hace días trabaja La Moncloa para evitar un colapso administrativo que se ve venir. 

El mencionado plan de emergencia, según ha sabido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se está implementando con la colaboración de varios ministerios y organismos públicos, y está siendo capitaneado desde el grupo de trabajo creado para la protección temporal de los refugiados que, además, es monitorizado por el departamento de Seguridad Nacional. Se necesita solidaridad (España la tiene), fondos, plazas garantizadas para residir, de escolarización y sanitarias. Hay que acelerar la homologación de estudios y títulos. Y hay que lograr establecer orden y directrices comunes en la actuación ante los desplazados. 

Este último eje es el que ofrece más dificultades en estos momentos: se multiplica el número de vuelos, trenes y autobuses que traen a suelo español ciudadanos que huyen de Ucrania, que tienen por cierto distintas nacionalidades. Los que escapan de las bombas, de forma mayoritaria, no se quedan en los países limítrofes con el país invadido por Rusia (de Rumanía sale más del 70% de aquellos que entran por su frontera, por ejemplo).

De los que están llegando a España, muchos lo hacen sin documentación completa o en regla. Los ministerios de Interior y de Inclusión y Migraciones han desarrollado instrucciones de procedimiento para que haya garantías de una protección temporal. Y se quieren implementar sistemas administrativos e informáticos que agilicen los expedientes y ofrezcan respuesta a los refugiados con independencia del territorio español en que terminen ubicándose. 

En todo caso los problemas con la documentación hacen también más costosa la gestión de la solicitud de asilo para los que desean intentar ese formato, que crece con cuentagotas en toda Europa en comparación con el ritmo del éxodo, que supera los 3 millones. Y subiendo. La pasada semana las demandas de asilo de este colectivo en el continente no superaban la cifra de 9.000 y la mitad de ellas se habían tramitado en Rumanía o Suecia. Hay que sumarle que se ha detectado una tendencia creciente de entrada de ciudadanos rusos –hipotéticamente críticos con la tragedia provocada por Vladímir Putin- en los países bálticos y Finlandia. 

LA ATENCIÓN EN LAS ESTACIONES

Las autoridades, miembros de organizaciones sociales y trabajadores vinculados a plataformas de transporte que mantienen los primeros contactos con los refugiados de Ucrania que acoge España enfatizan que llegan menores solos. Ciudadanos en shock. Hay enfermos y hay heridos –la UE pretende organizar a medio plazo la atención médica a través de su Sistema de Alerta Temprana y Respuesta (EWRS)-.

Los desplazamientos desde los países vecinos a Ucrania son impulsados a la vez por administraciones públicas; por entidades sociales, por empresas y hasta por particulares que actúan de buena fe, pero dificultan el control de los procesos.

Hay aerolíneas que en las últimas jornadas tomaron por su cuenta iniciativas solidarias y los viajeros llegaron antes que la información de que otro grupo entraba en el territorio. El tiempo cuenta y la supervivencia está por delante del respeto a la vieja burocracia, claramente. Por tren, la máxima presión se está detectando en las estaciones de Sants en Barcelona (200 refugiados de media diaria), de Atocha y Chamartín en Madrid y de San Sebastián, vía Hendaya. Se ha establecido una línea de cooperación franco-española que funciona con ayuda de la embajada.

Renfe y Adif, por su lado, están dando respuesta a los desplazamientos para alcanzar España y también a los internos o de tránsito. Han atendido ‘in situ’ a los flujos de desplazados que tenían una situación más delicada por lo que, la pasada semana, solicitaron una coordinación superior que permitiera mejor y mayor atención especialmente a los refugiados que se encuentran peor. Y de forma más discreta de lo que se estaba pudiendo hacer. El Gobierno, según las fuentes consultadas, se puso a buscar fórmulas para fomentar atención profesional cerca pero, en lo posible, fuera de las estaciones.

COORDINACIÓN CON LA UE

Además de dar solución urgente a todas estas situaciones detectadas sobre terreno español, el equipo gubernamental que trata de hacerse con las riendas de este tsunami humanitario ha apostado por reforzar la coordinación y el intercambio de información de la Unión Europea a fin de poder ganar en eficacia. La Comisión europea, de hecho, también está caminando en este sentido y ha propuesto la creación de una plataforma de solidaridad que priorice a los desplazados más vulnerables, para lo que reclamó que cada Estado designe un punto de contacto oficial. 

También exige a sus miembros que le suministren, diariamente, información sobre la situación de las fronteras y el estado de sus modelos de acogida. El objetivo es evitar el desbordamiento de los países receptores y de la propia UE para no hacer más dolorosa la vida de los que lo han perdido casi todo.