JUSTICIA

Llop no seguirá compensando a los jueces de lo Social pese al alud de asuntos por la crisis del covid

El próximo 31 de marzo termina el plan de 'autorrefuerzo' que vincula una retribución adicional para los magistrados con la resolución de un determinado número de asuntos. Fuentes del CGPJ señalan que la medida está teniendo resultados en la reducción de la pendencia.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita al centro de innovación tecnológica del Ministerio de Justicia.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita al centro de innovación tecnológica del Ministerio de Justicia. / Europa Press/Eduardo Parra

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La situación económica derivada de la pandemia de covid ha sobrecargado la jurisdicción social, que acumula asuntos por miles tanto en el Tribunal Supremo, que sumaba 7.522 litigios pendientes de resolver al finalizar 2021, como en los tribunales superiores de justicia (26.319 asuntos) y sobre todo en los juzgados de lo social ordinarios (281.224 asuntos pendientes, 865 de media por juez).

Se trata de los últimos datos oficiales con los que cuenta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde algunos vocales ven con preocupación la fecha del próximo 31 de marzo, cuando se dará por terminado el plan puesto en marcha por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para tratar de desatascar estos juzgados

El plan, que comenzó a ejecutarse en septiembre de 2020, ofrece una retribución adicional a aquellos jueces que se prestan de forma voluntaria a alcanzar determinados objetivos. Estos voluntarios son actualmente más de 140 según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano, y el plan ha tenido un coste total de 2.723.33,18 euros.

Se da la circunstancia de que es también a finales de marzo cuando concluye la prórroga Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor vinculadas al covid. La previsión es que estas ayudas tengan continuidad en los nuevos ERTE que prevé la reforma laboral, cuyo contenido está siendo aún apuntalado en los respectivos reglamentos. 

En principio no deberían incrementarse los despidos, pero desde ámbitos judiciales se teme la llegada de un alud de demandas en los próximos meses. Además, a la crisis por el covid puede unirse ahora la delicada situación económica derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, que afecta a amplios sectores industriales ante una eventual carencia de suministros.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirman a este diario que estos 'autorrefuerzos' en Social y otros muchos contemplados en los planes especiales iniciados por Campo para hacer frente a la situación creada por el covid concluyen el 31 de marzo, si bien se ha estudiado una por una estas medidas y muchas van a continuar, pero otras no porque ya no son necesarias. "Desde el Ministerio se hace una distribución de los esfuerzos conforme a las necesidades", añaden.

Sin embargo, desde un sector del Consejo se apunta que el refuerzo estaba empezando a tener como consecuencia una importante reducción de la pendencia, por lo que debería prorrogarse. La postura se apuntala con datos.

NIVEL RESOLUTIVO

Así, en los juzgados de lo Social ordinarios entraron 330.086 asuntos y 59.812 ejecuciones a lo largo del último año, un dos por ciento más que en 2019 (se descarta el 2020 por sus peculiaridades); mientras que las medidas han permitido reducir en un 7,2 por ciento los casos pendientes materia de ejecuciones y situar en un 5,5 por ciento el resto de causas pendientes. El nivel resolutivo se sitúa en 1.200 asuntos de media por magistrado.

En los tribunales superiores de justicia la pendencia sigue en aumento (un 44 por ciento en el último año) y el nivel resolutivo se mantiene en 278 asuntos por magistrado. Es en la Sala de lo Social Audiencia Nacional en la que se ha registrado una mayor reducción de la pendencia durante el último año, de un 79,9 por ciento, si bien en este órgano entraron únicamente 357 asuntos a lo largo del último año.

Los planes de refuerzo son voluntarios, se adhiere el juzgado que así lo requiera y participan, además del magistrado, el letrado de la administración de justicia adscrito al juzgado, un gestor, un tramitador y un funcionario de auxilio judicial. Todos ellos tienen derecho a una retribución adicional sólo en aquellos meses en los que se alcancen unos determinados objetivos fijados en el propio plan.

CÓMPUTO

Se computan todos los asuntos resueltos, ya sea por sentencia, auto o decreto, y cualquiera que sea la causa que ponga fin a la fase declarativa del procedimiento (declaración de incompetencia, archivo de la demanda por no subsanación, desistimiento, conciliación, allanamiento, sentencia, etc.). Si se ha resuelto ese número de asuntos, se tendrá derecho a la percepción de la retribución correspondiente a ese mes. 

Así, para el caso de la carrera judicial, si se han resuelto 110 asuntos se tiene derecho a un 50 por ciento del complemento de destino; si se resuelven 145 asuntos, se tendrá derecho l 60 por ciento; si la resolución alcanza los 155 asuntos a un 70 por ciento y si se llega a los 165 asuntos a un 80 por ciento del citado complemento. 

Para animar a los magistrados a entrar en el plan, el vocal Juan Martínez Moya remitió una carta a todos los jueces de lo Social en septiembre de 2020 en la que aventuraba que el incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis sanitaria y económica era previsible que condujera a un escenario "en el que no cabe descartar la amenaza de colapso" en estos órganos. 

COMPLICIDAD INSTITUCIONAL

Añadía Martínez Moya, designado a propuesta del PP, que medidas como la de este refuerzo "precisan de una elevada complicidad institucional para la adecuada traslación a la realidad", y que los colectivos funcionariales y profesionales que participan en la administración de Justicia estaban llamados entonces a un "esfuerzo importante".  

Por ello, concluía señalando que la incorporación voluntaria al plan de refuerzo tenía ese "valor simbólico del compromiso", además de poner de manifiesto "la necesidad y el deber de retribuir digna y adecuadamente, en el contexto económico y social que vivimos, el desempeño de la función judicial".

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