Técnicos de Hacienda ven lagunas en las razones de la Fiscalía para archivar la investigación a Juan Carlos I

Técnicos del Ministerio de Hacienda asociados en Gestha encuentran varias lagunas en el comunicado hecho publico este miércoles por la Fiscalía sobre el archivo de las investigaciones a Juan Carlos I en relación con la veracidad y cuantificación de las complementarias del IRPF presentadas por el emérito, por lo que solicitan que se haga pública una mayor información sobre los decretos que han motivado el archivo de las diligencias.

Juan Carlos I presentó una primera regularización tributaria por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros en febrero de 2021. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

En concreto, los técnicos de Hacienda señalan que existe una diferencia de casi 3.000 euros en la primera regularización, la del 9 de diciembre de 2020, por las donaciones recibidas de su amigo el empresario mexicano Allen Sanginés Krause entre 2016 y 2019, por lo que a su juicio "se requiere una mayor explicación y detalle por las que se ha considerado que las complementarias fueron completas, y sin considerar el eventual delito de blanqueo de capitales al recibir las transferencias el que fue ayudante del Rey Emérito, el coronel Nicolás Murga".

GASTOS DEL AÑO DE LA ABDICACIÓN

En los decretos de archivo, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón afirma que analizó los gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento del rey emérito, sus familiares y allegados sufragados por la Fundación Zagatka “posteriores al 19 de junio de 2014”. Teniendo en cuenta que la abdicación no es una causa legal que divida el período impositivo que se concluyó el 31 de diciembre de ese año, los técnicos no entienden "por qué no se analizaron los gastos desde el 1 de enero de 2014".

Además, reprochan a Fiscalía dar por bueno el informe de identificación y cuantificación de contingencias fiscales realizado de la Oficinal Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de las complementarias del IRPF de 2014 a 2018 que el rey emérito presentó los días 2 y 3 de febrero de 2021 por un total 3.544.906,22 euros de cuota más 871.851,24 euros de intereses de demora y recargos.

A este respecto señalan un interrogante, referido a si el pago de esos gastos de viaje y alojamiento se regulariza en el IRPF en vez de en el Impuesto de Donaciones. Creen que la ONIF o la Fiscalía debería informar si existe constancia de alguna contraprestación, porque en caso contrario serían varias donaciones y la regularización por Renta no sería veraz, y no exoneraría los delitos fiscales de 2014 a 2018.

EL CABO SUELTO DE LAS ARMAS

Aplauden no obstante que la Fiscalía desvele un cabo suelto, referido a la compra por parte del primo del rey, Álvaro de Orleans-Borbón -a cuyo nombre estaba Zagatka- de tres armas de fuego por 101.636,37 euros, IVA incluido, pagadas mediante una transferencia recibida de la citada fundación el 29 de junio de 2018, y que finalmente regaló a Juan Carlos I.

Por esta donación, el rey emérito es el donatario y la Fiscalía le calcula una cuota tributaria de 30.411,14 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones de 2018. "Pero queda la interrogante de conocer si el rey emérito no ha regularizado y si la Comunidad de Madrid le ha iniciado una comprobación tributaria y en su caso sancionado por la eventual comisión de una infracción tributaria grave", añaden los técnicos de Gestha.

También encuentran dudas en relación con el análisis por la Fiscalía del informe del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) que revelaba la existencia de un trust denominado The JRM 2004 Trust, constituido en Jersey en 2004 por el historiador y amigo del rey emérito Joaquín Romero Maura y que podría tener como propietario último de los fondos a Juan Carlos I.

Así, si bien la Fiscalía no encuentra indicio que vincule The JRM 2004 Trust con D. Juan Carlos entre 2004 y 2021, y afirma que, a partir de la abdicación del 19 de junio de 2014, las disposiciones del JRM 2004 Trust han sido de cuantías pequeñas, "quedan dos últimas interrogantes". A juicio de esta asociación, la Fiscalía debería informar de las actividades realizadas y las disposiciones de las personas y organizaciones benéficas beneficiarias del Trust entre 2014 y 2021, y apunta que, "aún cuando las disposiciones sean de pequeña cuantía, si se vinculan con el rey emérito invalidarían las complementarias de IRPF presentadas".

AVISO QUE PERMITIÓ REGULARIZAR

Además, critican que Fiscalía de por buena la regularización fiscal del rey emérito referida a los gastos sufragados por la fundación Zagatzka al sostener que la notificación de las Diligencias de investigación no contenían los hechos regularizados “por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren”.

En todo caso, el interrogante principal para Gestha se refiere a la pieza separada número 5 de investigación a las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, denominada "Carol" por la examante del rey emérito Corinna Larsen. En el curso de esta investigación, ya archivada, Anticorrupción redactó un escrito en el que afirmaba que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.

En este sentido, Gestha emitió un comunicado el pasado día 12 de julio en el que manifestaba que las conversaciones, que han sido publicadas, "tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique”.

"Pues bien, si desde al menos 2018 la Fiscalía Anticorrupción señalaba el riesgo de comisión de delitos fiscales, Gestha se pregunta por qué razón la AEAT y la Fiscalía del Tribunal Supremo no han abierto y notificado sus investigaciones antes de que el rey emérito presentase las dos regularizaciones tributarias de 2 y 3 de febrero de 2021", añade el comunicado.

Y, por último, en cuanto a los hechos relativos a las transferencias efectuadas por el empresario Sanginés , Gestha indica que no se hace referencia alguna a la razón por la que se admite la regularización efectuada el 9 de diciembre de 2020, a pesar de que la notificación, de ser anterior a dicha fecha, impediría los efectos de la misma.