La izquierda estrecha el cerco sobre Ayuso por los contratos de su hermano

El PP se abrió en canal ante la batalla interna que protagonizaron Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El primero ya tiene su destino marcado: dejará ser el presidente del partido cuando el congreso nacional extraordinario elija, previsiblemente, a Alberto Núñez Feijóo como su sucesor. La crisis, por tanto, parece que empieza a ver su fin. Sin embargo, el motivo del choque sigue latente. Casado, supuestamente, ordenó espiar con dinero público a la presidenta madrileña y a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por si este había cobrado comisiones por distintos contratos otorgados por el Gobierno regional. Y la oposición lo está aprovechando para atacar a los conservadores. Tanto en la Asamblea de Madrid, como en el Ayuntamiento de la capital.

Más País, PSOE y Unidas Podemos exigieron este viernes a Díaz Ayuso que diera explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas según las cuales miembros de su Gobierno reconocieron que el hermano de la presidenta facturó en la empresa Priviet Sportive 283.000 euros en 2020 por cuatro contratos diferentes. Hasta el momento, la dirigente popular solo había ofrecido detalles de una factura de 55.850 euros y no había entrado en las demás al asegurar que no tenían relación con el Ejecutivo de Madrid.

"Debería estar facilitando toda la documentación y someterse al control de la Cámara regional. Se está escondiendo porque no puede justificar estas mordidas y está demostrando que le queda grande el cargo", denunció la líder de Más Madrid, Mónica García. El portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, recalcó que si es "todo tan legal y tan claro" por qué Díaz Ayuso no acude al Parlamento autonómico a dar explicaciones. Su homóloga en Unidas Podemos, Carolina Alonso, puso el foco en que la dirigente del PP lleva "tres versiones diferentes para tapar el escándalo".

El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, aseguró que desconocen si la cuantía facturada por Tomás Díaz Ayuso a Priviet Sportive asciende hasta los 283.000 euros, ya que solo saben de la parte que mantiene relación con el Ejecutivo. "Otras cifras no las conocemos nosotros y pertenecen a la intimidad de otras empresas", dijo.

Comisión de investigación

El choque se extiende hasta el consistorio madrileño. PSOE, Más Madrid, Recupera Madrid y hasta Ciudadanos señalaron que aún hay "muchas sombras y explicaciones que dar". Además, en el Ayuntamiento se abre otra controversia: si se utilizó dinero público de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para contratar a un investigador que espiara a Díaz Ayuso y su hermano. En un pleno monográfico celebrado este viernes, José Luís Martínez-Almeida, volvió a decir que cuando le llegó esta información hizo una serie de "averiguaciones" y no encontró evidencias de que fuera cierta.

Martínez-Almedia, que le vio poca utilidad a este pleno, aseguró que pondrá en marcha una comisión de investigación y que pedirá a Ángel Carromero, el supuesto encargado de poner en marcha el espionaje, que acuda. Aun así, avisó que no permitirá que la comisión se convierta en un "circo".