CCOO demanda a Ayuso por contratar personal sin titulación para ayuda a domicilio y en residencias

Los trabajadores del sector de la dependencia siguen acudiendo a los tribunales ante decisiones de la Administración que formalizan el intrusismo y ahondan en la precariedad de sus puestos de trabajo. Si hace unos días los sindicatos de enfermería anunciaron acciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo -contra una nueva titulación de FP que permitirá el trabajo en residencias-, ahora CCOO acude también a la jurisdicción contencioso-administrativa contra una orden de la Comunidad de Madrid que permite contrataciones sin titulación en residencias, centros de día y ayuda en domicilio.

La demanda de CCOO en Madrid se ha presentado concretamente contra la Orden 1718/2021 de 27 de diciembre, emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que permite que los citados centros contraten personal sin la titulación académica precisa para desempeñar las distintas profesiones sanitarias, tanto las tituladas como las de formación profesional. 

Los únicos requisitos para ser contratados serán, según esta orden autonómica, que se acredite la inexistencia de demandantes de empleo en esas categorías en la zona y que el trabajador contratado tenga “preferentemente” experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Además, según refleja la demanda, la instrucción de Sanidad permite que los profesionales ya contratados realicen funciones de categorías superiores a la que ostentan, aunque no cuenten con los títulos académicos ni habilitación legal, con una formación que solo requiere, según la Orden, la "supervisión de la empresa".

Vulneración de derechos

A juicio del sindicato, la Orden dictada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulnera determinadas previsiones de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que exige que los profesionales sanitarios de todas las categorías ostenten la titulación académica necesaria así como las correspondientes habilitaciones legales para el ejercicio de su profesión.

Igualmente entienden que se ha infringido el artículo 17 Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal -que suelen trabajar en residencias y en atención a domicilio-, así como los derechos fundamentales a la vida y la protección de la salud que contempla la propia Constitución. 

La demanda cita otro artículo de la Carta Magna, el número 50, que señala expresamente que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Para CCOO, y desde una perspectiva jurídica, la instrucción autonómica se sustenta en un supuesto que no es real porque “no existe una situación de extraordinaria gravedad o urgencia que justifique el contenido de esta Orden, que invade competencias propias del mercado laboral y profesional”. 

COLADERO DE EMPLEO PRECARIO

Añaden que pretende utilizarse “como coladero de empleo precario, mal pagado y sin formación, y que lo hagan a costa de la calidad de la atención a los y las más vulnerables”.

Esta acción se suma a la anunciada a principios de este mes de febrero por Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, que han ido al Tribunal Supremo frente al Real Decreto que incorpora nuevas titulaciones de Formación Profesional (FP) una de las cuales, denominada 'supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal' consideran que perjudicará su trabajo en lugares como residencias de ancianos.