PP y Vox ponen cerco a Marlaska por los acercamientos de presos de ETA

El Partido Popular, Vox y las entidades de víctimas de su órbita desplegarán esta semana una ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, colocándolo como vértice de supuestas concesiones a los presos de ETA por un apoyo de Bildu al Gobierno.

La política penitenciaria se ha convertido en frente activo de oposición al Gobierno, y de ello da idea el intenso calendario de la ofensiva. Viene recalentado después de que, la pasada semana, trascendieran contactos del exconsejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, con Angel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, actuando el primero de enlace del engranaje abertzale que intenta aglutinar a los presos de ETA y sus famlias, dirigido por el exetarra José Antonio López Ruiz, Kubati.

El cerco de la derecha contra Marlaska es una coreografía con cuatro episodios in crescendo. Dos primeros este martes, y otros dos el miércoles.

Dos días intensos

En la tarde de este martes, el Congreso toma en consideración y vota una proposición de ley del PP de modificación de la protección a la víctima del delito para evitar agravios; o sea, los ongi etorri, homenajes que parte de la izquierda abertzale organiza a excarcelados de ETA, y que la Guardia Civil investigó como delito. De las pesquisas elevó a la Audiencia Nacional un informe policial no solo sobre ese asunto concreto, sino también sobre contactos de Azkarraga con Instituciones Penitenciarias.

A la misma hora, en el Senado, el popular Fernando Martínez-Maíllo preguntará al ministro Marlaska si “piensa seguir concediendo beneficios penitenciarios a presos de ETA como pago político al apoyo de Euskal Herria Bildu al Gobierno”. Así lo formula textualmente el orden del día.

El miércoles continuará el cerco en la sesión de control al Gobierno, en la que PP y Vox pedirán explicaciones al ministro sobre lo que dice, y lo que no dice, el informe de la Guardia Civil. La formación de extrema derecha tratará de reprobar al titular de Interior.

Y para ese mismo día algunas entidades integrantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo han pedido una reunión urgente de su consejo. No ha trascendido un orden del día, pero las víctimas consultadas esperan que llevarán una declaración que deplore una supuesta negociación Gobierno-Bildu, acercamientos por votos en el Congreso. Las mismas fuentes auguran una división: a favor estarán las más cercanas al PP y Vox -AVT, la Fundación Miguel Ángel Blanco y la plataforma Dignidad y Justicia- y se desmarcarán huyendo de manipulaciones Covite, Fundación Fernando Buesa y Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, entre otras.

Consenso dinamitado

Sobre los contactos que vio la Guardia Civil, fuentes de Instituciones Penitenciarias responden que la Secretaría escucha a todo tipo de colectivos, también de los familiares de presos de ETA, “pero eso no significa que determinen las decisiones de tratamiento penitenciario”.

En los tiempos de Rubalcaba, había consenso en que ni el asesino ni la víctima dicen dónde cumple su pena el criminal

Sería complicado, teniendo en cuenta que los beneficios a presos son recurribles por las partes y la fiscalía y y bajo escrutinio del juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el tribunal sentenciador.

En Interior no han querido entrar a dar pábulo a las interpretaciones que extiende la derecha sobre los whatsapps entre Azkarraga y Kubati sobre conversaciones con "el de Madrid".

“La política penitenciaria es política”, sentencia un asesor jurídico de víctimas del terrorismo. Tras la obviedad de la aseveración reside un principio que en los tiempos del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba era consenso entre los damnificados por ETA: ni el asesino ni la víctima deciden dónde cumple condena el autor del crimen; eso corresponde al Estado.

Ese consenso ha volado por los aires en el ala derecha de las víctimas al tiempo que se endurecía la oposición del PP al ejecutivo de coalición.  

Tercer grado suspendido

No obstante, la realidad de las últimas decisiones judiciales no parece conciliarse con las teorías de la negociación. En la XIII legislatura (desde mayo de 2019) y lo que va de la XIV, se han dado 24 progresiones a tercer grado penitenciario a etarras. A diciembre de 2021, 98 presos habían sido trasladados ya a cárceles de Euskadi y Navarra, de los cuales siete lo fueron por enfermedad y 76, según la Asociación Víctimas del Terrorismo, “porque sí”.

Quince traslados responden a la concesión de terceros grados, ocho en 2021. Pero últimamente son más sonadas las revocaciones que las concesiones. La última este lunes, cuando el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha devuelto al segundo grado al colaborador de ETA Íñigo Gutiérrez Carrillo.

Tres días antes, el viernes, la Audiencia Nacional corregía a Instituciones Penitenciarias la concesión del tercer grado al etarra Jon Crespo, condenado a 25 años y preso en Basauri. En octubre pasado, la Audiencia Nacional también revocó la concesión del tercer grado al etarra y exdirigente de Batasuna Unai Fano, por considerarla “prematura e improcedente” y por no ver acreditado un “arrepentimiento expreso”.

La carta no basta

La ausencia de arrepentimiento verdadero empieza a ser el factor relevante. Para probar el arrepentimiento parece no bastar ya la carta vaga de condena de la violencia que vienen firmando los etarras para acceder a beneficios penitenciarios.

La Audiencia Nacional ha instado en un fallo a que se compruebe si el etarra ha abandonado las ideas que le llevaron a matar

No es aún jurisprudencia, pero sí quizá tendencia, y con un hito: un fallo del 26 de octubre de 2021, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la concesión de un permiso de cuatro días al etarra José Antonio Zurutuza Sarasola, sujeto a una condena de 30 años que terminará en 2028.

El fallo se engancha al artículo 156 del Reglamento Penitenciario, que manda a los técnicos de Prisiones que evalúan permisos penitenciarios considerar “la peculiar trayectoria delictiva” del preso, condición propia de los de ETA. También considera que ha de probarse, y no solo manifestarse, el abandono por parte del terrorista “de las ideas que le llevaron a la comisión del acto delictivo” y su “desvinculación de la organización”.

A Zurutuza le queda mucho para cumplir ¾ de una condena por el asesinato de dos personas, daño que es, en lo humano y lo jurídico, absolutamente irreversible. Pero el fallo cimenta su negativa en la calidad de esas cartas de arrepentimiento: la de Zurutuza, consideró el juez, tenía reflexiones, pero no una petición de perdón a sus víctimas concretas; ni las menciona siquiera.