El Senado negocia el blindaje por ley de la atención presencial a los mayores en los bancos

Carlos San Juan es el ciudadano de 78 años que con una camiseta en la que pone "soy mayor no idiota" y unas cajas con 600.000 firmas ha logrado poner en la palestra de los medios y de la clase política la discriminación que, como él, sufren las personas mayores cuando quieren hacer una gestión bancaria. Lo que ocurre en las sucursales sin focos, grabadoras ni cámaras, esas escenas de personas mayores enfurecidas e indignadas porque sencillamente no entienden nada de banca online, ha saltado al escaparate de la opinión pública en apenas unos días.

La adhesión a la causa de San Juan ha ocurrido rauda y veloz, y exitosamente. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien entre sus funciones tiene la de la relación con las entidades financieras, hizo este martes una maniobra estupenda. Estaba San Juan rodeado de periodistas a su llegada al Ministerio y Calviño, que venía de Moncloa, se acercó a saludarle, a hablar un rato con él y a agradecerle la lucha. Acto seguido, el secretario general del Tesoro recibió a este señor de casi 80 años, procedente de Valencia.

Atenta a la situación, conocedora además de la realidad, la senadora del PP Paloma Sanz se aprestó a registrar un par de enmiendas al proyecto de ley para la protección de consumidores vulnerables relacionadas directamente con la causa de Carlos San Juan. Señala, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que lo ha hecho por conocimiento y experiencia, pues su provincia, Segovia, padece la problemática, que es la de toda Castilla y León. En la comunidad donde sus ciudadanos votarán dentro de cuatro días, uno de sus lastres es el éxodo de población y otro, el envejecimiento. El resultado: los bancos se van y los ciudadanos que quedan, de avanzada edad, no saben qué hacer para sacar dinero.

El Senado toma la palabra

El momento es más que oportuno. La ley mencionada, elaborada por el Ministerio de Consumo hace un año, se va a debatir en la Comisión correspondiente del Senado este jueves. La ponencia creada al efecto analizará qué cambios implantar siempre y cuando susciten consenso.

Una de las enmiendas del PP aboga por la incorporación de una nueva disposición final que se titula así: "Atención personalizada al consumidor vulnerable en los servicios financieros de banca". Se compone de un artículo con la siguiente redacción: "El servicio financiero bancario tendrá la consideración de 'servicio básico y universal'". Por ello, añade, las entidades "garantizarán la atención presencial" a "los consumidores vulnerables que lo demanden, sin discriminación motivada por 'brecha digital'". Por si quedara alguna duda sobre lo que quieren los populares, dirigidos en el Senado por Javier Maroto, la explicación que acompaña a la enmienda recalca dos cuestiones esenciales: que cualquier ciudadano entienda lo que tiene que hacer en el banco y que el Gobierno lo facilite.

Qué mejor que incluir la petición en una ley. Que en la legislación aparezcan estas cuestiones no es baladí. Dan a la reivindicación un revestimiento legal que, en caso de incumplimiento, ayudará al perjudicado. Este blindaje realza la exigencia, pues, como suele ocurrir en el Parlamento, si va en proposiciones no de ley o en mociones, se termina desinflando. Una enmienda a una ley es otra cosa y el PP lo quiere aprovechar.

No es su única propuesta en este sentido porque, como recuerda Sanz, el grupo popular defenderá este jueves, además, la suscripción de una serie de convenios entre Correos y los bancos para que trasladen los servicios financieros esenciales a los municipios del ámbito rural en los que estos, si alguna vez existieron, se extinguieron por el arrastre de la despoblación. Las localidades de menos de 5.000 habitantes se encuentran en riesgo de exclusión social, alega el PP, que insta al Gobierno a movilizar recursos del Estado a tal fin, y por si fuera poco, a dejar esto bien atado en una disposición final nueva más.

Carles Mulet entra en escena

El senador que por unas horas pareció que lograría llevar a Bárbara Rey a la Cámara para que le pregunten por sus vínculos con el emérito (más bien por su "silencio" al respecto) está llamado a jugar un papel protagonista en la Comisión de este jueves. Carles Mulet es aquí el portavoz del grupo de la Izquierda Confederal, en el que se integra su partido, Compromìs.

Siempre atento a lo que airean los medios, Mulet ha incluido una enmienda similar a la del PP. Pretende cambiar el artículo 3.2 de la ley de consumidores para enfatizar el componente de "edad" en la definición de consumidor vulnerable, uno de los principales logros de la norma según salió del Consejo de Ministros.

En otras palabras, lo que quiere Mulet es que las personas mayores quepan también en ese abanico de ciudadanos en "especial situación de subordinación, indefensión o desprotección", precisamente por razón de su edad. La justificación de Mulet no puede ser más ilustrativa: "dar respuesta a las reivindicaciones de las personas mayores, que se sienten maltratadas ante algunas empresas, como las entidades financieras, con las que tienen complicadas relaciones por el momento vital en el que se encuentran".

Tanto las enmiendas del PP como la de Mulet están ya en la mesa del grupo socialista, que es el que tiene la llave de su inclusión o exclusión en el proyecto legislativo. Fuentes del grupo popular han reconocido que la predisposición de los socialistas es palmaria, aunque dudan de los tiempos. Con elecciones a la vista en Castilla y León, es probable, puntualizan dichas fuentes, que eludan cualquier acuerdo con las siglas de Pablo Casado.

Consultadas por el inicio de conversaciones al respecto, las fuentes del PSOE destacan que el grupo parlamentario del Senado está por la labor de alcanzar un acuerdo, si bien precisan que "cara al pleno". Este matiz puede determinar el desenlace de la negociación. Como es preceptivo, lo que apruebe la Comisión de Sanidad y Consumo este jueves viajará a la próxima sesión plenaria, que se prevé tenga lugar la semana que viene. Si es entonces cuando cuajan los cambios, en plena resaca de los comicios del 13 de febrero en Castilla y León, la ley regresará al Congreso para que las modificaciones sean ratificadas o descartadas.

Asimismo, las fuentes socialistas recuerdan que la Vicepresidencia Primera está trabajando en un plan que concierna a las entidades bancarias e incentive la mejora de sus prestaciones con las personas mayores. Dado que ese plan será resultado de la interlocución entre administración y entidades, el PSOE prefiere optar por la prudencia. Su cautela no significa que tenga intención de tumbar las propuestas para una atención presencial, pero sí revela que el manejo de los tiempos, aquí, como casi siempre en política, resulta crucial.

El periplo de la ley

Si el Senado cambia el proyecto y, por consiguiente, vuelve al Congreso, el periplo de la ley de protección de los consumidores vulnerables dará un paso más en un trayecto que ya es largo. Nació como decreto ley en enero de 2021 y el Congreso, tras convalidarlo, lo convirtió en proyecto de ley, por lo que se sumergió en un proceso de tramitación que, visto ahora, ni ha sido sencillo ni ha esquivado las sorpresas.

Estuvo nueve meses en ese limbo de las prórrogas del plazo de enmiendas hasta que en octubre pasado, ya en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, se desatascó. En un mes los grupos completaron las negociaciones, a toda prisa. El sobresalto vino de la mano del sector socialista porque introdujo dos enmiendas rocambolescas: una sobre la regulación del trabajo temporal de los estibadores y otra relativa al régimen catastral de las empresas públicas ferroviarias. Ambas fueron incorporadas al texto del proyecto, que es el que ha recibido el Senado, pero no sin que el letrado de la Comisión manifestara que eran propuestas que nítidamente rebasaban el contorno de la norma y que PP y Vox pusieron el grito en el cielo por ello.

La ley, por tanto, es una víctima más de esta fiebre por mezclar temas tan diversos en una norma, de la que la oposición, tanto la de izquierdas como de derechas, empieza a cansarse.

Pero también es una víctima de cómo la velocidad de la actualidad condiciona los debates. Cuando el ministro Alberto Garzón defendió el decreto ante el pleno del Congreso, hace poco más de un año, los partidos de la derecha reprobaron la propuesta porque, según sus protestas, daba alas a la okupación de viviendas.

Un año después, el debate reside en la necesidad de dar un mejor servicio a los mayores en los bancos.

Un ciudadano de 78 años llamado Carlos San Juan lo ha conseguido.