El polémico decreto de las mascarillas tiene una versión mejorada en el Congreso: una ley de siete temas

El decreto de las mascarillas que hace una semana convalidó el Congreso de los Diputados y que dentro de un día va a dejar de ser operativo creó dos polémicas: por obligar a su uso en las calles y por recurrir, para que los grupos parlamentarios lo apoyaran, a la actualización de las pensiones. La polvareda sobre lo primero vino de la falta, dijeron sus detractores, de evidencias científicas que lo reforzaran. La discusión sobre lo segundo fue más política. Eso de acudir a una medida social para soslayar el rechazo a otra cosa estaba feo. Pues bien: el Congreso está tramitando una ley que convierte en algo muy pequeño aquel decreto.

Siete temas diversos (parecidos como el día y la noche), enmarcados en ocho directivas de la UE que hay que trasponer, ocupan un proyecto legislativo en manos actualmente de la Comisión de Cultura y Deporte. Derivado de un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre y avalado por el Congreso un mes después, aunque con el matiz de que lo tramitaría como iniciativa sujeta a cambios, el proyecto afronta una larga tramitación parlamentaria porque es tremendamente extenso, farragoso en su lenguaje y de contenido controvertido. Y todo por esas ocho directivas y los siete temas que desarrolla.

Sólo mencionar el enunciado intimida. Es éste: "Proyecto de Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes".

A la espera de detalles que los diputados más especializados localicen, la discusión y la presión se están focalizando por ahora en los derechos de propiedad intelectual en el espacio digital. Se trata de una regulación problemática porque afecta a las editores de periódicos y a Google, pero no sólo: aborda también las retransmisiones 'in streaming' y la posibilidad de que alguien detenga la emisión porque suena de fondo una melodía por la que no se han pagado derechos de autor. Éste es un ejemplo puesto por una fuente parlamentaria al tanto de la directiva, y está muy resumido, pero sirve para ilustrar de qué se trata.

Pastiches legislativos

Una de las tres fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA remarca que la mezcla de asuntos variados en un decreto o en un proyecto legislativo no nace con el Gobierno de Pedro Sánchez. Leyes "ómnibus" se llaman. Ésta es una de ellas, pero, como apunta dicha fuente, su complejidad, diversidad y extensión ha provocado estupor.

A primeros de diciembre, poco después de que el pleno del Congreso convalidara el decreto, se reunieron los integrantes de la citada Comisión. El presidente es el diputado socialista Agustín Zamarrón, el más longevo del Congreso, aquél que cuando se constituyeron las Cortes Generales, diciembre de 2019, llamó la atención por su aspecto "valleinclanesco" y una oratoria de teatro del siglo de oro. El letrado de este órgano parlamentario es otro veterano, Ignacio Astarloa, ex diputado del PP, ex secretario de Estado de Seguridad y uno de los juristas más solventes y queridos por todos los grupos, a decir de los que le conocen y han trabajado con él. Las fuentes que estuvieron presentes coinciden en señalar que Astarloa se quedó perplejo al ver el proyecto.

Algunos portavoces lo criticaron por tratarse de un "pastiche legislativo" que complica considerablemente la tramitación debido a su vastedad y a que, admiten, es muy alambicado. Lo primero pudo haberse encarrilado mediante decretos específicos que, una vez convalidados, recaerían en la comisión correspondiente, en donde se analizarían y modificarían con relativa calma. Pero el Gobierno, en concreto el Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños, optó por mezclarlos todos en una única disposición. En la sesión que tuvieron los integrantes de la Mesa de la Comisión de Cultura una portavoz pidió partir el proyecto, pero eso no puede hacerse. Había que hacerse a la idea de abordarlo en su integridad, aunque los diputados lo asumieron a regañadientes, pues de nuevo tenían que encargarse de legislar sobre un texto demasiado disperso.

Es una queja que se está haciendo asidua en la Cámara. Los decretos o proyectos que tocan varios temas, y además tan diferentes, no sólo amenazan con distorsionar el voto de los grupos, ya que por apoyar un pasaje del texto han de soslayar otros que quizá rechacen, sino que afectan a la tramitación misma. Hay diputados de la Comisión que ponen en duda que puedan analizar con rigor asuntos de los que, se sinceran, no tienen ni idea.

Y por qué la Comisión de Cultura

Otra protesta que expresaron algunos de los asistentes a esa reunión de diciembre apunta al procedimiento. ¿Qué hace en la Comisión de Cultura un proyecto que desarrolla regulaciones sobre consumo, transporte, bonos o derechos de autor? Esto último es justo lo que encaja en el abanico de temas sobre los que legisla o se pronuncia la Comisión. ¿Pero los otros? Para comprender el viaje hasta la fecha de este documento, cabe recordar que la calificación inicial del decreto corresponde a la Mesa. Luego, la Junta de Portavoces se encarga de poner fecha al pleno que lo convalidará o lo derogará. Tras el aval y la eventual decisión de tramitarlo como proyecto de ley, la Mesa ha de determinar a qué comisión lo envía. La opción fue la de Cultura.

Una de las fuentes consultadas cree que la razón obedece a la carga de trabajo que soporta en estos momentos la Comisión que pareciera la más idónea: la de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Hasta cinco proyectos prioritarios tiene en su agenda. Esta fuente y otra de las consultadas coinciden en recalcar que el motivo de que aterrice en Cultura la trasposición de esas ocho directivas tiene que ver con el asunto crucial: los derechos de autor y las retransmisiones en línea.

Riesgo de sanciones

Un aspecto que ha llamado la atención de los integrantes de la Comisión es la propia redacción del proyecto. Se estructura en "libros". Hasta siete, uno por cada uno de los asuntos enumerados antes: emisión de bonos, organismos de inversión colectiva, datos abiertos, derechos de autor y derechos sobre determinadas transmisiones en línea, determinados suministros en respuesta a la pandemia, derechos de los consumidores y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Aunque parezca, tras su lectura, que son temas que van a coger polvo en los cajones de la Comisión de Cultura, como si no fueran urgentes, resulta que sí lo son. Los elementos de este proyecto proceden de directivas que hay que integrar cuanto antes en el ordenamiento jurídico nacional. Por esa razón, el Gobierno recurrió al decreto ley y ha logrado así que ya estén en vigor. La "urgente y extraordinaria necesidad" que sustenta la puesta en marcha del decreto está, por tanto, más que justificada. Otra cosa es que se abuse del instrumento, sobre lo que el Tribunal Constitucional ha advertido ya al Ejecutivo.

No trasponer las directivas, esas en concreto, entraña riesgos pecuniarios ingentes. En la justificación de motivos del proyecto queda reflejada la urgencia: "todas ellas se encuentran en riesgo de multa", o en otras palabras: "queda menos de 3 meses para que se cumpla su plazo límite de transposición". Acto seguido recuerda un precedente de febrero de 2021 por el que España fue condenada a pagar 15 millones de euros.

Todo esto lo explicó Bolaños el pasado 2 de diciembre cuando defendió el proyecto y su procedimiento ante el pleno del Congreso, pero ello no le eximió de críticas. El diputado asturiano de Foro, Isidro Martínez Oblanca, afeó que se entremezclaran "materias muy diferentes y en algunos casos inconexas". La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, lamentó que fuera una "mezcolanza incomprensible de ocho normas de tan diferente signo y temática". Desde el PNV manifestaron más o menos lo mismo.

Más reproches de similar cariz. El diputado de Cs Guillermo Díaz empezó así su intervención: "Señor Bolaños, si leo el título del real decreto-ley, me quedo sin tiempo por las materias que trata, así que voy a ser muy esquemático. En primer lugar, no nos parece bien que se utilicen estas vías para trasponer nada menos que ocho directivas; pero bueno, al grano".

Ferrán Bel, del PDeCAT, reprobó que en vez de leyes ómnibus, Bolaños acudiera a los decretos ómnibus, lo que "es mucho peor". Pilar Valluguera, de ERC, puso énfasis en la distorsión del voto que se consigue: "Cuando de las ocho directivas, una de ellas es inaceptable, nuestro voto va a ser en consecuencia y, por lo tanto, vamos a votar en contra". En Unidas Podemos dijeron que este proyecto "cajón de sastre" ocupa "más de 160 páginas de BOE en las que se modifican todo tipo de textos legislativos". "Decretazo", clamaron en Vox. "Falta de respeto al Parlamento", enfatizaron en el PP.

Pero lo cierto es que, ese día, el diputado popular que habló en el hemiciclo, Miguel Ángel Castellón, dio en el clavo: "Es un real decreto en el que se trasponen ocho directivas, siete materias que nada tienen que ver unas con otras, que afecta a media docena de ministerios —seis ministerios están afectados por este real decreto— y que modifica una veintena de leyes".