Canarias presiona para forzar un plan concertado para el reparto de menores

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quiere una implicación efectiva del Gobierno central y de las comunidades autónomas en la búsqueda de un sistema de reparto entre los distintos territorios de una parte importantes de los más de 2.800 migrantes menores no acompañados que en este momento acoge y tutela en solitario el Gobierno canario, y exigirá avances concretos en este sentido en la XXVI Conferencia de Presidentes que se celebra en La Palma el próximo día 25. Torres va a forzar que este asunto se aborde en la cumbre entre los presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, aunque no está en el orden del día remitido por La Moncloa a los mandatarios regionales, junto a un debate sobre la actual crisis migratoria que afecta el Archipiélago.

El presidente canario expondrá la actual situación de desbordamiento a la que se enfrenta la comunidad canaria, cuyos centros de acogida se encuentran completamente saturados y sin capacidad de asumir la llegada continuada de menores no acompañados en la nueva oleada de pateras que alcanzan las costas del Archipiélago, y expondrá la urgencia con la que considera que deben actuar tanto el Estado como el resto de comunidades autónomas, así como la necesidad de implicar en ello a la Unión Europea. Amparado por el reconocimiento que realizó el miércoles el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de que "el modelo no es adecuado" y apostando por un reparto por todo el país como el que se hace con los migrantes adultos, Torres quiere que la cumbre de La Palma sea el punto de inflexión sobre este problema.

Más allá de sacarle los colores a los presidentes autonómicos, Torres pretende que la Conferencia de Presidentes reconozca que la acogida solidaria ofrecida hasta ahora por algunas comunidades autónomas, que ha supuesto el traslado de únicamente 208 niños y adolescentes a un total de once de ellas, no es una solución y pretende que el Gobierno central lidera una reforma que suponga lo que él ha llamado en distintas ocasiones una "solidaridad obligada". Podrá el ejemplo de cómo el Estado se implicó a fondo en resolver el problema que se planteó en Ceuta tras la llegada de más de 8.000 migrantes a esa ciudad autónoma, de los que cerca de 2.000 eran menores, y el acuerdo que se alcanzó para la distribución de parte de ellos (unos 200) por el resto del territorio nacional. En sólo cuestión de días de abordo este reparto entre el Estado y los Autonomías. Es otra de las cuestiones que se abordarán en la Comisión Bilateral Canarias-Estado que se celebrará también la última semana de febrero.

Plan de acogida, sin efecto

El Gobierno de Canarias es consciente que un cambio de modelo efectivo debe pasar a medio o largo plazo por una modificación legal sobre las competencias autonómicas en la tutela de menores, algo que debe abordarse con la vista puesta en el futuro, pero que la situación que afecta en estos momentos a Canarias requiere de medidas más concretas e inmediatas. Expondrá que el plan de acogida que se aprobó hace meses en la Conferencia Social de Asuntos Sociales bajo el liderazgo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no está tiendo resultados prácticos sobre la presión en las Islas, y que se requiere de una actuación concertada y urgente entre el Estado y los gobiernos regionales. Otras fuentes señalan que el hecho de que el tema no esté en el orden del día de la cumbre de presidentes de La Palma podría dejar el debate que se suscite en una mera reflexión sin acuerdos concretos. Pero Torres podría reclamar al menos una declaración de compromiso para todas las partes.

Canarias constata en todo caso en estos momentos que la solidaridad como tal del conjunto de comunidades no está respondiendo, y que debe imponerse algún tipo de medida obligatoria a través de los mecanismos legales pertinentes. Se escudará también en el informe del Defensor del Pueblo de hace un año en el que se señalaba que "no es posible que la entidad de protección de menores canaria asuma en solitario la acogida inmediata y la posterior integración" y solicitaba expresamente un plan concreto y urgente de reparto y derivaciones a otros territorios.

Torres busca además que el propio Pedro Sánchez se implique personalmente en la búsqueda de una actuación coordinada dentro de su propio Ejecutivo y ponga en la misma sintonía de onda a los ministerios con competencias en la materia, Interior, Migraciones y Derechos Sociales.

Una pista sobre el tipo de solución en la que está pensando el Gobierno de Canarias la dio su consejero de Justicia y portavoz, Julio Pérez, tras el último Consejo de Gobierno, al mostrar su "confianza" en que "esto se resuelva de la misma manera que se resolvió la derivación de adultos", recordando que de los más de 20.000 migrantes que ha llegado en el último año, únicamente permanecen en las Islas entre 3.000 y 4.000. "Si lo hemos conseguido para esta cuestión, lo podemos lograr con el caso de los menores", afirmó Pérez.

Esto pone sobre la mesa también en esta ocasión las disparidad de criterios entre los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el propio Escrivá como responsable de Migraciones, como la hubo en su momento en el caso de la derivación de migrantes adultos. Interior sigue apelando, sin ninguna otra consideración complementaria, al hecho que la acogida y tutela de menores es una competencia autonómica y que cualquier distribución tiene que responder sin más a los acuerdos que al respecto alcancen los gobierno regionales. Escrivá, por su lado, apuesta por una reforma del modelo, pero sobre todo por la distribución a corto plazo.

Por su lado, el plan de atención y acogida que diseña el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, aborda la cuestión de forma imprecisa y sin calendario, no establece ninguna medida concreta a corto y medio plazo y se limita al establecimiento de un protocolo compartido entre las distintas administraciones. Aunque en el seno de la conferencia sectorial de Asuntos Sociales sí se aborda la situación en la que se encuentra Canarias, no existe sin embargo un mecanismo específico y permanente para la distribución entre los diferentes territorios del Estado.