CASO GALI

El DAO de la Policía niega haber intervenido en el caso Gali y dice que no informó a sus superiores sobre su llegada

José Ángel González asegura que recibió un "chivatazo" del comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro, acerca de la llegada de "uno de los líderes del Frente Polisario", aunque sin hacer referencia a identidad alguna

El director operativo adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González.

El director operativo adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González. / EFE

EFE

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha negado este lunes, en su comparecencia como testigo ante el juez de Zaragoza que investiga la presunta entrada ilegal en España, por la Base Aérea de la capital aragonesa, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, haber intervenido en la operación que facilitó la operación.

En respuesta a las preguntas formuladas tanto por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, como de los representantes de las acusaciones populares, el alto mando operativo, el segundo tras el director general de la Policía, ha remarcado que antes del 18 de abril, fecha de la llegada del avión que transportaba a Gali, desconocía quién era.

Según han informado a Efe fuentes presenciales de la comparecencia, el DAO ha explicado que ese día recibió un "chivatazo" del comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro, acerca de la llegada de "uno de los líderes del Frente Polisario", aunque sin hacer referencia a identidad alguna, ha añadido.

El alto cargo policial ha explicado que delegó en Pereiro la preparación de un dispositivo de protección para el traslado de Gali desde la base aérea de Zaragoza hasta el Hospital San Pedro de Logroño, donde ingresó con una covid agravada.

Estas declaraciones confirman parcialmente las realizadas a finales del pasado mes de noviembre por el propio Pereiro, quien admitió haber tenido una información previa sobre la llegada de Gali por una persona cuya identidad se negó a revelar.

El DAO ha añadido que oficialmente no se verificó la identidad del líder polisario hasta el 5 de mayo, diecisiete días después de su llegada a España, tras la orden dada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantenía abiertas entonces dos causas por genocidio contra Gali, para que se comprobara si era dicha persona.

Al serle realizada una observación por una de las acusaciones de que la identidad había sido revelada días antes por los medios de comunicación, el jefe policial se ha limitado a precisar que la prensa no es una "fuente de información" para la Policía.

Falsedad documental

Tras el DAO, ha comparecido ante el juez el inspector jefe del Grupo de Información de la Policía Nacional a petición de las acusaciones para que aclarar los motivos por los que no se investigó de oficio la posible falsedad documental derivada de la utilización por parte de Gali de un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche.

Según las fuentes citadas, este mando policial ha explicado que se desplazó al Hospital de Logroño para confirmar que la persona ingresada era Brahim Gali y no para verificar la presunta falsedad de pasaporte utilizado.

Tras hacerle observar el instructor que si el pasaporte era falso, tenía la obligación de perseguir el delito e insistir el testigo en que esa no era su misión, el representante de una de las acusaciones, el letrado Antonio Urdiales, ha pedido al juez que se dedujera testimonio de sus manifestaciones por un presunto delito de omisión de persecución de un delito.

El magistrado ha rechazado pronunciarse en ese momento sobre la petición del abogado, a quien le ha instado a presentar su petición por escrito.

Tras las declaraciones de ambos mandos policiales, Urdiales ha apuntado, en declaraciones a Efe, la posibilidad de volver a llamar a declarar a la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, que ya compareció como testigo, y del exjefe del gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, Camilo Villarino, investigad en la causa.

Según este letrado, el objetivo de estas declaraciones es verificar lo que ambos manifestaron ante el magistrado respecto a la información recibida por la policía sobre la llegada de Gali a España.

La sala mantiene abierta la investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento.