Alberto Casero, el diputado del PP que tropieza dos veces con el mismo voto: 'sí' a la reforma laboral y a investigar a Rajoy

Después de unos segundos de incertidumbre, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, confirmaba la aprobación en la Cámara Baja de la reforma laboral sin la mayoría de la investidura. Sin embargo, no fueron los dos parlamentarios de UPN, como se esperaba, quienes sirvieron de muleta al Ejecutivo de coalición, sino que la batería de medidas salió adelante gracias a un error del diputado por el PP por Cáceres, Alberto Casero, que votó telemáticamente. Según confirmó la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, el diputado se personó en el edificio, pero "se le ha impedido entrar en el Hemiciclo".

El nuevo error no ha sido tan trascendental como el de la reforma laboral, pero el diputado extremeño del PP, Alberto Casero, ha vuelto al centro de la polémica. El parlamentario que salvó una de las leyes estrella de la legislatura, el gran proyecto de Yolanda Díaz y apoyado por Pedro Sánchez, el pasado mes de febrero, se alineó este jueves con ERC, Bildu y el Grupo Plural (además de PSOE y Unidas Podemos) votando a favor de una comisión para investigar presuntas prácticas corruptas del PP durante los gobiernos de Mariano Rajoy en el marco de la ‘operación Cataluña’.

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Fuentes del PP han trasladado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el exalcalde de Trujillo "está en la fontanería del partido". Casero sustituyó a Juan Carlos Vera y su despacho se encuentra "pared con pared" con el de Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos y actual asesor del Partido Popular en el equipo de Teodoro García Egea. El diputado popular más mencionado en la tarde de este jueves también es "hombre de la máxima confianza" de Egea, apuntan las mismas fuentes.

Este licenciado en Derecho fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, época por la que, según confirmó el pasado noviembre El Periódico de Extremadura, está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Trujillo por un presunto delito de prevaricación continuada.

Las indagaciones se centran en las contrataciones que Casero hizo en el Consistorio trujillano, sin cumplir con los requisitos legales estipulados para la contratación pública, entre las que destacan una de 30.000 euros por parte de la Cámara de Comercio de Perú en España, otra por valor de 56.628 euros derivados de la celebración de los premios PopEye y la de un psicólogo que prestó servicios a mujeres víctimas de violencia de género y al que se le adjudicaron cinco contratos.

Durante su etapa como regidor, Casero ocupó además otros cargos: fue senador, entre 2011 y 2015; presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Trujillo, en los mismos años; y vicepresidente primero de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, entre 2015 y 2019.

Tres preguntas en casi año y medio

En su perfil en la web del Congreso de los Diputados han quedado registradas tan solo tres iniciativas del diputado desde el 20 de octubre de 2020 hasta este jueves. Se trata de tres preguntas, dos orales al Ejecutivo en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (datada en octubre de 2020), otra en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (de marzo de 2021) y una escrita al Gobierno (enviada el 26 de enero de este año y respondida este martes).

La primera iniciativa, pidió datos sobre las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital presentadas en la provincia de Cáceres; en la segunda, reclamaba información de "injerencias externas en la ejecución de los contratos de obras o servicios de ADIF", como motivo para "no autorizar la visita del alcalde de Plasencia", Fernando Pizarro, también del PP, a la obra de la estación de dicha ciudad, así como para dilucidar por qué se había sustituido a "parte del personal directivo" vinculado a la ejecución de esta obras. Por último, la pregunta de este año al Gobierno aludía al estado de tramitación de las ayudas por los desastres naturales de 2020 y 2021, además de la cantidad abonada a los perjudicados por 'Filomena'.