Los letrados amenazan con parar los juzgados: consideran insuficiente la subida salarial que promete el Gobierno

La adecuación del salario de los letrados de Administración de Justicia (LAJ) --antes conocidos como secretarios judiciales- que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes no convence a todo el colectivo, que viene reclamando una mejora en sus nóminas desde hace años y que amenaza con convocar nuevos paros como el celebrado el pasado 26 de enero, que afectó a la actividad de juzgados de toda España.

Según han explicado fuentes ministeriales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la subida salarial se acordó el pasado diciembre en la Mesa Sectorial de Justicia, y supone un incremento del complemento específico del Personal de Justicia relacionado con las nuevas funciones que se atribuyen a estos altos funcionarios, y que el equipo de Pilar Llop cifra en 195 euros por mes. 

Según las mismas fuentes, el incremento retributivo supone 2.430 euros por año (el 5,26% de sus retribuciones) a lo que hay que sumar el 2% de incremento salarial a todos los funcionarios, por lo que afirman que "no tiene ningún paralelismo en todo el sector público". Con ello, siempre según el ministerio, los ingresos medios de un LAJ después del incremento total del 7,26% serán de 46.855,99 euros al año, el doble que el salario medio de España y el 50 por ciento de la media de las retribuciones del cuerpo de gestión procesal.

Pero el acuerdo, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, no convence a parte de este colectivo, que es precisamente el que organizó el paro que se celebró la semana pasada y que tuvo un seguimiento del 30 por ciento según el Ministerio, pero que los convocantes elevan al 70 por ciento en algunas jurisdicciones.

DATOS DE LA HUELGA

Según los datos de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), en la jurisdicción penal se suspendieron a causa de la huelga una media de 1.842 juicios señalados, 73.667 declaraciones penales, 7.788.01,23 euros sin movimiento al tesoro público o al justiciable, 354 poderes procesales, y 13.291 citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos. En Civil, el paro fue del 70 por ciento, lo que supuso 3.357 demandas que no han sido incoadas, 744 vistas suspendidas en los Juzgados de Primera Instancia y 1.122 vistas suspendidas en los denominados juzgados mixtos (civil y penal). Calculan que también se paralizaron pagos por valor de 23.364.034 euros.

Además, aseguran que se dejaron sin celebrar 53 subastas judiciales y que, en la jurisdicción social, el seguimiento de la huelga supuso según esta organización dejar de celebrar 148 conciliaciones, de incoar 1.277 demandas, y paralizar la entrega de 1.206.914,82 euros cuyo destinatario son mayoritariamente los trabajadores.

Juan José Yáñez, miembro de la Ejecutiva de la organización detrás de los paros, explica que la subida salarial no es tan sustanciosa como parece explicar el Ministerio, pues el acuerdo con los sindicatos pactado en diciembre estableció unas cantidades para los funcionarios de los juzgados (185 euros al mes) y otra para los letrados. 

Más funciones por 10 euros al mes

"Dado que solamente hubo incremento de funciones para nosotros, ello implica que el Ministerio valora tal incremento de funciones en 10 euros al mes", afirma en declaraciones a este diario.

¿Cuáles son las funciones que ejerce este colectivo? Los letrados, responsables de la oficina judicial tenían hasta ahora entre sus funciones el ejercicio de la fe pública judicial --dejar constancia fehaciente de la realización de actos procesales mediante las oportunas actas y diligencias--, también cumplen funciones procesales, como la ejecución de algunos dictados de los jueces, y son responsables de la documentación que llega a los juzgados, así como del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales.

Desde 2009, sin embargo, han asumido otras funciones como son la admisión de la demandas, la ordenación del procedimiento, el impulso procesal, la ejecución civil, averiguación de bienes, embargo, realización, adjudicación de bienes, subastas, resoluciones de impugnación de costas, juras de cuentas, procesos monitorios, divisiones de herencias, tramitación de todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria y resolución de la mitad de ellos, conciliaciones etc.

Responsabilidades penales

Fuentes conocedoras de las negociaciones, sin embargo, destacan que las reclamaciones realizadas por este colectivo llegaban a los casi 800 euros al mes, para obtener unos salarios muy similares a los jueces cuando no tienen la misma responsabilidad que éstos.

Desde la parte de los letrados se contesta que estos funcionarios pueden incurrir, en el ejercicio de sus funciones, en la comisión de varios tipos penales que se pueden ver agravados por su condición de funcionario público. Así, el artículo 468 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) alude expresamente a la sujeción de los letrados a la responsabilidad penal al señalar en su apartado quinto que, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de la comisión de una infracción penal, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establecen también unas normas para la tramitación paralela de los procesos penales y expedientes de responsabilidad disciplinaria.

Por todas estas razones, la subida no satisface a todo el colectivo. Según Yáñez, los 195 euros de subida no serán inmediatos, sino que se llegará a ellos progresivamente hasta 2023, a lo que se añade que otros funcionarios de menor rango como gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial ya empezaron a cobrarlo en diciembre pasado y los LAJ lo harán "tal vez en febrero". "El Ministerio mezcla ambos conceptos, también lo hicieron los sindicatos generalistas al mezclar ambas negociaciones", añade el portavoz.

Por ello, desde este sindicato no descartan nuevos paros, y recuerdan que han solicitado una reunión con la ministra Llop y con las otras asociaciones --que no secundaron la protesta del pasado miércoles-- para resolver el conflicto. "Pero si no nos llama no nos quedará otra opción que seguir convocando medidas de conflicto", concluye Yáñez. 

Por parte del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales su portavoz, Rafael Lara, señala también su desacuerdo con los decretos de ejecución del acuerdo sindical que se aprueban mañana en Consejo de Ministros. Ellos no fueron a la huelga por haber comprometido un clima de diálogo con la Administración que mantienen a día de hoy. Consideran que la confrontación que mantienen otros colectivos pueden "dar al traste con muchas cosas". 

De forma transversal a las asociaciones funciona una plataforma por la subida salarial que defiende el éxito de la movilización llevada a cabo la semana pasada por el cuerpo superior de letrados. "No podemos permitir que tras 13 años sin negociar en serio el Ministerio de Justicia ponga las líneas rojas que nos imponen y que nos han hecho ir a la huelga", señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de esta plataforma.

"Se intentó por todos los medios compromiso que evitara la huelga, pero solo encontramos la tajante negativa del Secretario de Estado que exigió la desconvocatoria de la huelga para ser convocados a una reunión", lamentan. También apuntan que en la reunión a la que fue convocado el comité de huelga, a meros efectos formales, no acudió nadie por parte del Ministerio con facultad negociadora, por lo que consideran que no hubo predisposición real para intentar reconducir la situación. Desde el Ministerio se apunta a este diario que nunca se negocia bajo presión.

La plataforma, sin embargo, considera que la subida proyectada no compensa suficientemente las nuevas funciones asumidas en la reforma para la implantación de la nueva Oficina Judicial; y que el departamento de Llop también debería cumplir con otros compromisos como la tramitación inmediata del Decreto de Sustituciones, que fue anulado por los tribunales.

"Tras la indiscutible movilización del pasado miércoles, la Ministra de Justicia debe convocar con urgencia a todas las asociaciones de LAJ a fin de buscar los cauces legales que permitan el ejercicio real y efectivo del derecho a la negociación colectiva y la adecuación salarial, y así se lo hemos solicitado formalmente", insisten desde la plataforma.