MALESTAR DE LOS SOCIOS

Un ardid del Gobierno a favor de los pensionistas salvará en el Congreso el decreto de las mascarillas

  • El Gobierno ha incluido en el decreto-ley que obliga a usar mascarillas en la calle una disposición que aumenta las pensiones más bajas

  • Varios grupos aliados del Ejecutivo, al comprobarlo, revisarán el voto, que no será ya el voto en contra de una medida que creen carente de criterios médicos

  • La inclusión de asuntos diferentes al principal que motiva el decreto es una práctica habitual, pero numerosas fuentes parlamentarias consideran que distorsiona el sentido del voto

Una persona con mascarilla FFP2.

Una persona con mascarilla FFP2.

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Si se puede hacer, se hace. Ésta pudo ser la máxima que llevó al Gobierno a incluir en el decreto ley que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en las calles una medida en favor de los pensionistas con menos poder adquisitivo.

Y así, todos los grupos que pusieron en duda el decreto de las mascarillas se encuentran ahora condicionados porque, como dice una de las fuentes parlamentarias que han informado al respecto a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "cómo se puede tumbar una ayuda a las personas que más lo necesitan".

El decreto, por tanto, será convalidado en el Congreso el martes próximo, en el último día del plazo que da la Constitución, salvo sorpresa mayúscula. Y lo será gracias a un ardid controvertido. "Trampa", dice una fuente. "Chantaje", dice otra. "Qué cara más dura", zanja una tercera. La incomodidad es notoria. Por si hubiera pocos incendios entre el Gobierno y sus socios.

El ministro Felix Bolaños en su escaño del Congreso.

/ EFE

El malestar

Días complicados en la Cámara Baja, y eso que no ha empezado el periodo de sesiones. Enero, mes inhábil, ha sido tumultuoso por culpa de la reforma laboral. La negociación en dos circuitos que ha efectuado el Gobierno, uno bajo conducción del portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez, y otra, la prioritaria, bajo la de Yolanda Díaz, ha deparado sobresaltos que, la verdad, se presagiaban desde el mismo momento en que el decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros. El decreto está en vigor, sí, pero como el Congreso lo derogue, dejará de estarlo.

Esto explica en parte la importancia de dicha negociación. Esto y que es uno de los hitos legislativos planificados por el Gobierno de coalición. Díaz ha intentando atar los apoyos con los aliados habituales, desde ERC a Teruel Existe, y todo apunta a que no lo va a lograr al cien por cien porque ni Esquerra ni EH Bildu quieren por ahora, así como el PNV. Gómez ha sondeado a todos los partidos minoritarios y a Cs, y en líneas generales, la respuesta ha sido que no van a entorpecer la medida ni, por consiguiente, impedirla.

El portavoz de los liberales, Edmundo Bal, ha desvelado este jueves en el Congreso que el martes anterior habló con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al que transmitió la disposición de su partido a respaldar el decreto siempre y cuando no se toque ni una sola coma del contenido. Mucho menos si esa coma la pone uno de los aliados que desdeña la formación de Inés Arrimadas y que son, vaya, los que pretende Díaz. Siempre según la versión de Bal, expuesta en rueda de prensa, el ministro se comprometió a llamarle durante la semana que viene. Sus palabras resonaron en la Cámara horas después de que la ministra de Trabajo proclamara que de Ciudadanos no quiere saber nada.

El Congreso convalidará o derogará el decreto de la reforma laboral el jueves 3 de febrero. Dos días antes convalidará o derogará el de las mascarillas, aprobado el 23 de diciembre pasado después de una Conferencia de Presidentes. Pedro Sánchez avanzó la medida que pedían muchos homólogos autonómicos, pero luego fue contestada y reprobada por los ciudadanos en redes sociales y por los partidos políticos. A punto de vencer el plazo constitucional de 30 días para el aval parlamentario, el decreto se enfrentará a un áspero debate.

La causa

La Presidencia del Congreso habilitó varias comisiones parlamentarias para que pudieran trabajar en enero, lo que es preceptivo por no ser periodo ordinario de sesiones. La carga laboral más frenética ha estado en el teléfono de Héctor Gómez, sin embargo, porque con él ha estado llamando a todos los portavoces para sondear su estado de ánimo y predisposición. A finales de la semana pasada, llegó a una conclusión: si ERC, PNV y EH Bildu se decantan por el "no", todo dependerá de los dos representantes de UPN.


/ epe

Pero también ha habido tanteos sobre el decreto de las mascarillas porque cuando aterrizó en el Congreso, a finales de año, el grupo socialista supo que iba a costar sacarlo adelante. Con el paso de las semanas han comprobado que la situación estaba más asfaltada de lo que creían debido a la disposición final primera.

El precepto incluido en el decreto, de dos párrafos, modifica la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, el año que estaba en curso, para dar un complemento a las personas que cobren las pensiones más bajas (contributivas, del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de viudedad) y las prestaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo con discapacidad. El complemento proviene de la diferencia entre lo cobrado en 2021 y lo que hubiera correspondido de haberse aplicado los incrementos decretados el año anterior. Antes del 1 de abril de 2022 estos ciudadanos/as percibirán la cuantía si el decreto es convalidado.

Pues estos dos párrafos que no tienen nada que ver con el uso de mascarillas en exteriores han generado malestar entre varios aliados. No peligra el aval del Congreso, reconocen todas las fuentes, a pesar de que las posiciones de varios grupos no están definidas. ERC y PNV prefieren esperar al mismo martes que viene por la mañana para tomar una decisión. En la formación catalana reconocen que este complemento a pensionistas y padres con hijos con discapacidad hay que estudiarlo con detenimiento. El grupo vasco, fiel a su costumbre, no hará público el voto hasta que se celebre el debate.

Las fuentes parlamentarias consultadas dan por hechos sus apoyos, o cuanto menos, sus abstenciones. A los independentistas catalanes y a los nacionalistas vascos hay que sumar a EH Bildu, BNG, Más País, Coalición Canaria, Compromìs, Nueva Canarias o PRC, pero no porque cuenten con sus síes, sino porque tienen más o menos claro que no van a votar en contra. Sí lo harán PP, Vox y Cs, cada cual por una serie de motivos propios. Los populares reprueban que no hayan podido conocer a los supuestos informes científicos que abogaron por la idoneidad de las mascarillas en exteriores. En Cs, además de esta razón, esgrimen el procedimiento y el ardid usado.

Joan Baldoví, en declaraciones a este medio, ha tildado el texto de "decreto 'collage'" y ha avanzado que durante la sesión plenaria del martes que viene reprochará al Ejecutivo esta técnica legislativa, igual que la censuró cuando la pusieron en práctica los gobiernos de Mariano Rajoy.

"Decreto 'collage'" es una forma de tacharlo, pero otras fuentes han empleado unas diferentes, y no muy amables precisamente. Es legal, cabe puntualizar, pero en términos políticos cuestionable, ya que al final el sentido del voto se distorsiona. Cuenta una de los cargos consultados que el decreto de las mascarillas tiene una razón de ser presuntamente médica a pesar de que se adoptó "en contra del criterio de los expertos sanitarios". Por algo así su partido estaba dispuesto a votar en contra. Pero, al añadir propuestas legislativas sobre ámbitos tan dispersos, "tapa la chapuza", y peor aún: lo hace "escondiéndola bajo una medida social", según sentencia.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa con motivo de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso.

/ EFE

Las otras medidas sociales y el precedente Pablo Iglesias

La actualización de las pensiones contributivas, mencionada antes, es una de esas medida sociales, pero el decreto contiene más: por un lado, la compatibilidad de la pensión de jubilación de los exprofesionales sanitarios que sean contratados para luchar contra la covid con la remuneración que perciban por ello; por otro, la contratación excepcional de de profesionales sanitarios con títulos expedidos en países no miembros de la UE. Tampoco tienen que ver con la obligatoriedad de las mascarillas, si bien es cierto que afectan a la panoplia de medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, en concreto a la sexta ola de ómicron.

Todas estas disposiciones han empujado a formaciones aliadas a elegir el apoyo a pesar de las numerosas dudas, e incluso abiertas discrepancias, que les crea. El decreto saldrá, efectivamente, pero queda el malestar.


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Un malestar sobre el que, con matices, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. El pasado mes de mayo anuló el punto de un decreto aprobado al poco de estallar la pandemia, en marzo de 2020. Entonces, el Gobierno incluyó una disposición final para recomponer la comisión de seguimiento de los asuntos que gestiona el CNI. Pablo Iglesias, vicepresidente por aquel tiempo, fue designado, y junto a él, el exjefe de gabinete de Presidencia Iván Redondo. Vox lo recurrió y ganó.

Incidió en el aspecto clave. La Constitución enmarca el uso del decreto-ley en la "extraordinaria y urgente necesidad" de la medida. Al revisar el decreto, los magistrados no encontraron la extraordinaria y urgente necesidad de reestructurar la comisión del CNI por ningún lado, así que anuló el precepto. De paso, advirtió al Gobierno sobre el uso del decreto.

No es comparable esto con la norma sobre las mascarillas, ya que la actualización de las pensiones, por una cuestión temporal, estaría más que justificada. No es la constitucionalidad lo que está en discusión, sino el ardid, la mezcla de asuntos y la consiguiente tergiversación del voto.

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