"Caso Púnica": el juez da por concluida la investigación de la financiación del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón quiere ir concluyendo la instrucción del caso Púnica que se prolonga desde 2014. Ahora le ha tocado el turno a la pieza en la que se ha investigado la existencia de una caja b en el PP de Madrid, diligencias que no prorrogará y que concluirán el próximo día 29, al entender que no quedan diligencias por practicar y que las solicitadas por las acusaciones, partidarias de prolongar las pesquisas no "superan el tamiz del empleo de argumentaciones potenciales o futuribles".

Según consta en el auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado incluye la salvedad de que "la instrucción se ha de dar por finiquitada, sin perjuicio de quedar a merced" de que ya estuviera acordado con anterioridad y aún se encuentre en tramitación. En su opinión, siguiendo la petición de las acusaciones de prolongar esta pieza, en la que está imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, entre otros, ante “posibles circunstancias sobrevenidas" o con "alusiones tan vagas, genéricas e indiscriminadas" resultaría "harto difícil dar por concluida la instrucción en momento alguno”.

Facturas de Majadahonda

Una de los motivos en los que se basaban las acusaciones, como la ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) se refería a la documentación aportada hace unos meses por el alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega que había expresado su voluntad de cooperar.

El juez, en cambio, aunque parte de las facturas que entregó están aún pendientes de informe por la UCO, considera que "el escrito no indica, más allá de meras sospechas y acusaciones genéricas, la necesidad de las concretas diligencias a practicar, ni las enumera, precisa ni detalla, más allá de un simple voluntarismo en la supuesta voluntad de cooperar del señor Ortega".

El magistrado descarta otras pruebas por entender que exceden el límite de la instrucción que ha de agilizarse para "evitar demoras innecesarias".

Tras rechazar prorrogar la instrucción el juez deberá pronunciarse sobre los indicios que tras instruir la causa se han consolidado para continuar el procedimiento contra los imputados entre los que se encuentra la propia Aguirre, a la que imputó en su día por ser "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba" para "fundamentalmente fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".

Según decía el magistrado, en el auto de imputación de Aguirre, cuando llegó al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003, tras el 'tamayazo', fijó "una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Esta pieza se abrió en 2014 tras encontrarse una agenda al exsecretario general del PP Francisco Granados, principal imputado en el caso Púnica, con anotaciones de presuntas donaciones.