Justicia

Ciudadanos acude a Reynders por los ataques de los socios de Gobierno a la Justicia

  • Le pide que "abra el angular" para incluir estas manifestaciones, lo ocurrido con los indultos del 1-O y posibles reformas, como la de la LOPJ para asegurar el nombramiento en junio de dos magistrados del Supremo, en su próximo informe sobre el estado de derecho en la UE.

Ciudadanos acude a Reynders por los ataques de los socios de Gobierno a la Justicia
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La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundúa, se ha dirigido por carta al Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para advertirle de que "el socio minoritario del actual Gobierno español y sus aliados proclaman frecuentemente políticas de deslegitimación hacia instituciones tales como la Monarquía, la Justicia, las Fuerzas Armadas, la Policía y la prensa". 

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se le pide que "abra el angular" para incluir estas manifestaciones y posibles reformas previstas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de Justicia en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en la UE.

La carta recuerda que, en su último Informe Anual sobre el Estado de Derecho (2021 Rule of Law Report, European Commission), la Comisión Europea señala que los ataques políticos contra el poder judicial y los intentos reiterados de minar la reputación de los jueces puede producir un impacto negativo, en particular, sobre la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Puntos débiles de la Justicia española

En este punto, la eurodiputada alude al que en España hay "varios puntos débiles que afectan a la Justicia", entre los que incluye el sistema de promoción de jueces y fiscales en ciertos niveles, la intervención de los políticos en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la autonomía de la Fiscalía. A ello suma, "desde hace dos años, la introducción de una retórica deslegitimadora de la justicia y de los jueces desde el poder ejecutivo".

Según denuncia Pagazaurtundúa, aunque ocupen cargos en las más altas instituciones, "la labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado". 

Sobre esta realidad, la europarlamentaria añade que "el socio minoritario del gobierno Unidas Podemos y varios socios parlamentarios del Gobierno han participado también en actos celebrados para criticar determinadas actuaciones policiales y judiciales, generando un "clima de opinión en el que resulta admisible lanzar acusaciones en las que se atribuye al sistema judicial en su conjunto un papel político contrario a los principios democráticos, dañando profundamente la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho".

Ante esta situación, donde según Pagazaurtundúa "son habituales las llamadas a la desobediencia, las críticas abiertas a las instituciones, la Justicia e incluso las bases del Estado de Derecho" es sumamente importante que la Comisión Europea se interese sobre el fondo de la situación y mantenga la vigilancia sobre las derivas que se pueden producir y acabar en un daño sistémico del Estado de Derecho.

Reformas legislativas

La carta menciona igualmente que el Gobierno español ha capitaneado una serie de reformas legislativas que representarían un ataque sobre la independencia de los jueces y la separación de poderes, y ello sin una consulta previa con las partes interesadas, en especial, el CGPJ.

Entre ellas, cita el 'atajo' que estudia el Gobierno para garantizar que Consejo de Ministros pueda designar el próximo mes de junio a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde nombrar por ley, con independencia de la situación del CGPJ, según informó El PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Se trataría pues de volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para permitir de forma específica el movimiento en solitario del Gobierno", añade.

Indultos

Le dice también a Reynders que "el gobierno utilizó la prerrogativa del indulto hacia nueve dirigentes políticos condenados por el Tribunal Supremo por los acontecimientos contra la Constitución que tuvieron lugar en Cataluña el 1 de octubre de 2017 condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel", y ello, pese a las opiniones contrarias de Abogacía, Fiscalía y Tribunal Supremo.

También le informa de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se vio obligado a llamar la atención sobre las declaraciones del presidente del Gobierno en las que calificó los indultos de 'concordia y el entendimiento' frente a 'la venganza o la revancha de las condenas tras un juicio justo por graves delitos. "Lesmes manifestó que usar la palabra "revancha" vinculada a las sentencias judiciales es como si la acción de la Justicia al aplicar la ley (...) fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas", recuerda.

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