Tribunales

La Fiscalía corrobora la "clara participación" de Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas

  • La Abogacía del Estado cree "evidente" que la excúpula de Interior de Rajoy conoció el espionaje a Bárcenas y no lo persiguió.

  • Las acusaciones piden a la Sala de lo Penal que rechacen los recursos contra el auto del juez que dio por concluida la instrucción, pero Anticorrupción no renuncia a la reapertura del caso para Cosidó y Cospedal.

  • El traslado de estos escritos se produce una vez solventados los problemas técnicos que paralizaron durante un mes la instrucción de este asunto.

La Fiscalía corrobora la "clara participación" de Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas
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La Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen claro que la investigación realizada por el juez Manuel García-Castellón al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad Paco Martínez y a otros exaltos cargos policiales por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en la denominada 'Operación Kitchen' determina "clara y suficientemente" tanto los hechos que deben ser castigados como la identidad de sus autores, y por ello piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace los recursos presentados por las defensas contra su procesamiento.

Los escritos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fueron redactados entre finales de diciembre y la semana pasada, si bien un problema técnico en el sistema informático que utiliza la Audiencia Nacional había paralizado la tramitación del asunto hasta este momento.

En lo referido a Fernández Díaz, la Fiscalía defiende que "el cuadro indiciario que refleja la participación activa y material" del exministro en la 'Operación Kitchen' es "profuso y concluyente". Tras su imputación formal en este asunto, en septiembre de 2020, ninguna de las pruebas practicadas han desvirtuado el "acervo incriminatorio". Entre otras, el ministerio público cita la declaración del propio exministro, la de Martínez, el careo judicial practicado entre ambos y "desde luego, las actas notariales que corroboran la clara participación en los hechos" que le atribuye el propio exsecretario de Estado, que fue su más estrecho colaborador.

Abuso de funciones

Así, la Fiscalía defiende ante la Sala el auto en el que el juez afirma que en un momento "que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013" Fernández Díaz "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a Francisco Martínez -que fue primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado- a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder" de Luis Bárcenas "con el fin de sustraer dicho material a la autoridad judicial en la investigación" que se llevaba a cabo en la pieza denominada 'Papeles de Bárcenas' en el seno del caso 'Gürtel'.

Esta aseveración del juez, insiste en este escrito el fiscal, "corresponde plenamente con el soporte documental que consta en las actuaciones y que permite tal atribución de responsabilidades, por tratarse de documentos que ponen de manifiesto, por sí mismos, el conocimiento por parte del Ministerio del Interior del operativo policial puesto en marcha en el ámbito operativo de la DAO (Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional), así como su carácter ilícito. Apunta al respecto el conocimiento de unos volcados del contenido de los teléfonos móviles de Luis Bárcenas".

Reitera la Fiscalía que el entonces ministro, "además de ser la persona que ejerció tal responsabilidad durante todo el período de ejecución del repetido operativo policial ilícito, financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento y bajo la supervisión directa de su inmediato inferior jerárquico", que era Martínez, "mantuvo con éste comunicaciones directamente relacionadas con el volcado de los teléfonos pertenecientes a Luis Bárcenas". Se llegó a obtener, según el juez y lo comparte de la Fiscalía "una parte de la documentación comprometedora que se buscaba",

Cierre precipitado

Estas apreciaciones se realizan sin que la Fiscalía Anticorrupción renuncie a la reapertura caso para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal e insista en imputar al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, como ya defendió el pasado mes de septiembre en un profuso escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. Es decir, los datos indiciarios que ya obran en la causa no pueden ser cuestionados, con independencia de que la investigación pueda proseguir para cerrar 'flecos' en torno a otros posibles protagonistas de la trama.

Así, el fiscal únicamente comparte con la defensa de Fernández Díaz que se produjo un "cierre precipitado" de la fase de instrucción en la línea -también defendida por la Abogacía del Estado, dos acusaciones personadas y otras defensas- de que hubiera sido necesaria una prórroga del plazo legal de instrucción. "Y hasta aquí las consideraciones compartidas con el recurrente", añaden los fiscales César de Rivas-Verdes y Miguel Serrano, que por lo demás piden a la Sala que rechace todas las alegaciones del exministro.

Finalmente, los fiscales insisten a la Sala que, en sus alegaciones, la defensa de Fernández Díaz parece confundir la función que la ley atribuye al juez instructor al dictar el auto de incoación del procedimiento abreviado -con el que da por finalizada la instrucción- con la atribuida a las acusaciones en la fase intermedia o, por último, con la correspondiente al órgano de enjuiciamiento en el juicio oral. En este sentido, defienden la actuación del juez por "cumplir sobradamente las exigencias de motivación impuestas legal y jurisprudencialmente".

Abogacía del Estado

A similar conclusión llega la Abogacía del Estado respecto de los recursos presentados por otros de los investigados en este asunto, entre los que se encuentra el propio Francisco Martínez. Los escritos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tienen fecha del pasado 11 de enero y los firma la abogada María Rosa Seoane, que insiste al igual que la Fiscalía en que deben ser rechazados porque el auto del juez "sí explicita la participación que los recurrentes ha tenido en los hechos investigados" aunque otra cosa diferente sea la calificación que se acabe dando a los mismos por las acusaciones cuya valoración final debe reservarse al juicio oral.

En todo caso, añade que "lo que es evidente es que los recurrentes tuvieron conocimiento de los hechos y con su conducta contribuyeron a su ocultación y siendo su obligación, conociendo la irregularidad de los mismos, se abstuvieron de perseguirlos o de ponerlos en conocimiento de quien pudiera hacerlo y de quien se hallaba investigando para otro Juzgado hechos conexos que se trataban de ocultar a la justicia".

Así, destaca que las cuestiones alegadas por Martínez del comisario Andrés Gómez Gordo -que fue jefe de Seguridad de Cospedal-, del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos y de los también policías en el momento de los hechos José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Diez Sevillano "se adentran en el ámbito propio de la fase de enjuiciamiento" como es la ausencia de delito en los hechos que se les atribuyen. Por eso deben ser rechazados, y en similar sentido se posiciona en un segundo escrito respecto de los exmandos policiales Eugenio Pino y José Luis Olivera.

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