COMISIÓN DE PETICIONES

La difícil (y casi siempre lenta) relación del Congreso con ciudadanos indignados

Derivar las quejas a los diputados de la provincia, con el fin de ganar cercanía, es una opción sobre la que se ha reflexionado

  • La Comisión de Peticiones del Congreso, una de los órganos parlamentarios más opacos, es la encargada de analizar las protestas de ciudadanos particulares o de asociaciones civiles; por regla general, sus miembros remiten los casos al Defensor del Pueblo

  • Un preso que pide libertad condicional tras cumplir 70 años, un ciudadano que pide acciones por el trato que los vecinos del pueblo dan a su suegra y cuñado, quejas por lo que consideran injustas decisiones judiciales... Son algunos de los asuntos que estudian

La difícil (y casi siempre lenta) relación del Congreso con ciudadanos indignados
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Un ciudadano que se siente injustamente privado de su libertad lleva escribiendo al Congreso desde noviembre de 2020 con la esperanza de que se le encuentre una solución, se le ponga en el camino de llegar a ella o sencillamente le atiendan. Otro, también en prisión, está indignado porque no se le ha concedido la libertad condicional tras cumplir 70 años y quiere que el Parlamento investigue el motivo por el que la autoridad correspondiente se la ha negado. Un tercero reclama ayuda porque los vecinos del pueblo acosan a su suegra y a su cuñado.

Existe un lugar en el Congreso que se encarga de recibir reclamaciones así, reclamaciones de gente que sufre, que lleva mucho sufriendo, que no puede más. No todo en el Congreso es un diputado que llama "bruja" a otra ni señores y señoras aparentemente airados que tumban los micrófonos de sus escaños con exagerado vigor. También es un trabajo silencioso, esporádico, como el de la Comisión de Peticiones, cuyas reuniones son siempre a puerta cerrada.


/ epe

Las funciones las tiene tasadas en el artículo 49 del reglamento, pero en la mayoría de los casos los trámites caen en un marasmo burocrático y en respuestas vagas, abstractas e insatisfactorias; muchas veces, también, tardías. Los ciudadanos que se sientan heridos por la administración civil o por la justicia pueden llamar a su puerta, y sí, logran entrar, pero otra cosa es que una vez dentro consigan lo que están buscando.

Por regla general, las protestas o reclamaciones de la ciudadanía, hechas a título particular, son enviadas al Defensor del Pueblo. Un segundo grupo de trámites los asumen ministerios o comisiones parlamentarias relacionadas por cuestión competencial. El tercer grupo serían las archivadas al tratarse de asuntos que sobrepasan el radio de acción. Son, a menudo, litigios o decisiones judiciales sobre las que la Comisión de Peticiones no puede pronunciarse.

En primer plano un diputado con mascarilla en el hemiciclo del Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno.

/ José Luis Roca

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido al informe de las últimas quejas ciudadanas tramitadas y remitidas, con fecha del 22 de noviembre de 2021. La Comisión de Peticiones tuvo otra reunión en diciembre, pero su objeto fue otro: el análisis de la compatibilidad de nuevas actividades de determinados diputados con su cargo o el examen de las actividades de parlamentarios recién llegados.

En el documento no consta toda la documentación de cada caso ni información personal del peticionario más allá de su identidad. Se reseña la protesta o petición, la remisión al órgano afectado o mejor posicionado para contestar, los plazos y el acuerdo final sobre el asunto. Hay tres bloques: las cuestiones vistas en la última sesión, las nuevas y un último apartado dedicado a evaluar determinadas contestaciones.

Diputados al pie del terreno

La Comisión de Peticiones es una de las tres que el Congreso ha de crear obligatoriamente diez días después de su constitución, pues, junto a la Mesa, que asume el gobierno interno, abarcan ámbitos de gerencia. La Comisión de Reglamento, por ejemplo, vela por el cumplimiento de la normativa, como su nombre indica; la del Estatuto del Diputado salvaguarda los derechos y deberes de los 350 representantes de los ciudadanos y la de Peticiones, además de vigilar que todo lo que hagan sus señorías fuera de la Cámara sea compatible (y legal) con lo que hacen dentro, también regula el tráfico de lo que los ciudadanos piden directamente a sus parlamentarios, y el tiempo que ello supone.

La idiosincrasia de este órgano no es política. A diferencia de las demás comisiones permanentes y no permanentes, incluso las de investigación, la de Peticiones no se caracteriza por los roces entre diputados de diferentes grupos. De hecho, la composición proviene de las preferencias expresadas en las urnas, en las elecciones. La presidencia recae en un integrante del grupo mayoritario, la vicepresidencia primera en el segundo grupo y la segunda, en el tercero. Expresado en pocas palabras: ahora mismo la preside el PSOE, y PP y Vox ejercen las vicepresidencias .


/ epe

Sin embargo, desde hace no mucho, ha irrumpido un debate más que interesante porque toca la esencia misma de la representación política. Una fuente del Congreso, conocedora del tipo de discusiones que suele acoger la Comisión, señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en demasiadas ocasiones los diputados que la integran no saben cómo acometer las peticiones. "Son situaciones desesperadas; ciudadanos, ciudadanas que lo están pasando muy mal y que se dirigen al Congreso generalmente porque antes han llamado a las puertas de todo el mundo sin éxito: o no se les ha escuchado o han rechazado sus solicitudes", narra esta fuente.

En las explicaciones anidan dos factores clave de la problemática que ralentiza el trabajo de esta Comisión, a la vez que le resta eficiencia. La primera es que se trata de la primera ventanilla parlamentaria a la que acuden ciudadanos desesperados o indignados, que es la sensación predominante. Lo que leen los diputados suelen ser historias dolorosas y tristes. La segunda es que, paradójicamente, esa primera ventanilla es la última de un larguísimo recorrido por el que ya han pasado ayuntamientos, diputaciones o, en la mayoría de los casos, tribunales. ¿Qué se puede hacer para que el casi siempre anchísimo canal de comunicación con la ciudadanía se estreche?

"Una opción, pero sólo planteada como reflexión de momento, es que las peticiones, además a órganos como el Defensor del Pueblo o un ministerio, se envíen a los diputados de la provincia de la que es el reclamante. A todos los diputados de todos los partidos. Dependerá de la dirección de cada grupo, y por supuesto de la sensibilidad del diputado, qué importancia se le da. Lo suyo sería que los diputados de esa provincia intenten interesarse por el problema y ver qué pueden hacer, si es que se puede hacer algo".

La reflexión apunta a un terreno llamativo, que evoca a funcionamientos parlamentarios de otros países, en los que el diputado o el senador está obligado a un contacto más directo con los electores, sean suyos o no lo sean. Será interesante comprobar si esta disertación tiene recorrido en la Cámara. No obstante, cualquier persona puede dirigirse directamente a sus señorías porque sus direcciones de correo se ven en la web.

De buzones de correos al régimen cubano

Tal y como refleja el reglamento, la Comisión de Peticiones envía las quejas al Defensor del Pueblo, a las comisiones parlamentarias, al Senado, al Gobierno, a los tribunales, al Ministerio Fiscal, a las comunidades autónomas, a diputaciones, a cabildos y a ayuntamientos. El abanico es grande. El porcentaje de respuesta efectiva, no tanto. Cabe una opción más: que la cuestión sea archivada, de lo que se informará al afectado.

Las reclamaciones son variopintas. Un repaso a las nuevas que se incorporaron al listado de la Comisión el pasado mes de noviembre arroja sorpresas. Un ciudadano solicita que se le alargue la propiedad de un nicho en el cementerio de Sabiñánigo (Huesca), lo que los integrantes de la Comisión han derivado al Ayuntamiento. Otro señor quiere que el Congreso inste a Correos a encontrar soluciones para que los buzones amarillos de tantas calles no desaparezcan. La respuesta fue la remisión al Ministerio de Presidencia. Desde Lugo, un vecino solicita que se impida la protección del lobo en la región porque ataca al ganado y a animales domésticos. La Comisión ha enviado la petición a las de Sanidad y a la de Transición Ecológica.

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, tras intervenir en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados a 16 de diciembre de 2021.

/ Alberto Ortega

La modificación de la ley del divorcio, un reparto distinto de una pensión de viudedad, que haya más control en las residencias públicas que atienden a personas según sus grados de dependencia, la mejora de su situación en un centro penitenciario, la publicación de la lista de bienes inmatriculados de la iglesia... Esta es una reseña de algunas de las solicitudes que desde noviembre tramitará la Comisión de Peticiones del Congreso, que son 18 en total. Su misión es estar pendiente de ellas y asegurarse de que al reclamante le llega respuesta. Otra cosa es qué respuesta.

La del padre que quiere que mejore la situación de su hijo (no se adjunta más información) está en marcha desde septiembre de 2019. Sólo reparar en esa escueta información y en la dilación de los plazos causa estupor. Desde hace un año un ciudadano pide que se investigue la injusta privación de su libertad y también desde hace un año un recluso quiere saber por qué no se le concede la libertad condicional una vez cumplidos los 70.


/ epe

En marzo de 2021 una familia solicitó al Congreso que estudie la expulsión de su hijo de un colegio extranjero, y de paso, la situación de los niños españoles en colegios procedentes de otros países instalados en España. Aquí la Comisión ha pedido al Defensor del Pueblo que continúe con el caso. Igual que la Comisión de Exteriores de la Cámara ha recibido la petición de un señor para que se condene al régimen cubano.

Fueron archivadas cuestiones de debate público. Al ciudadano que pidió que se investigaran los insultos a la Guardia Civil en redes sociales se le comunicó el archivo de su instancia porque, tras pasar la solicitud por la Comisión de Interior, se constató que carecía de competencias para ello. También quedaron en nada las protestas por decisiones judiciales, lo que es habitual, ya que no está la mediación en litigios entre las funciones de la Comisión.

La lectura del informe puede sobrecoger por lo que no se cuenta. Están esos casos en trámite desde hace un año o más, están los asuntos solventados y los que se archivaron. Algunos se han mencionado en esta información.

Haga lo que haga la Comisión con ellas, son siempre situaciones que sugieren desesperación y hartazgo. Un ciudadanos comenzó a pedir en junio del año pasado que simple y llanamente se le atienda. Otro pide que le vea un especialista. No se dice nada de su dolencia, lesión o enfermedad, pero cómo estará esta persona para escribir al Congreso en busca de una solución.

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